Con la autorización del autor, el periodista y escritor Miguel Guerrero, elCaribe digital presenta “1978-1986. Crónica de una transición fallida”, puesta en circulación en octubre del 2020, en plena pandemia del COVID 19, y que ofreceremos por entregas. Acceda al índice y al prólogo aquí

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CAPÍTULO II

Enero-julio 1978.

Azúcar versus petróleo en el camino a las elecciones que gana la oposición

Para noviembre, a seis meses de las elecciones, las con- diciones del mercado internacional azucarero y las dificultades que se preveían para la aplicación del acuerdo sobre precios suscrito el mes anterior en Ginebra se creían podrían ocasionar grandes cambios en la industria del azúcar en muchos de los países de América Latina. La necesidad de esas transformaciones lucían más urgentes en la República Dominicana, pero salvo el re- corte de algunos gastos -como la congelación de salarios fijos en el personal del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)- no había indicios de que las autoridades proyectaran afrontar la crisis de precios con medidas más pronunciadas de austeridad.

Muchos de los problemas de las naciones exportadoras tenían su origen en el optimismo de los altos círculos de la industria estatal de la mayoría de esos países cuatro años atrás, cuando los niveles de precios comenzaron a subir en forma acentuada. En muchos países esto dio lugar a que se ampliaran considerablemente las áreas de cultivo, se aumentaran los costos de producción, altos ya por el alza del petróleo, y se descuidaran otras áreas básicas de la industria.

En la República Dominicana, que dependía de sus exporta- ciones azucareras más que ningún otro país del hemisferio, inclu- yendo a Cuba, esto fue una realidad casi dramática. La alternativa de encarar malos tiempos con austeridad y una política amplia de diversificación se dejó al tiempo con la creencia de que la bonanza se mantendría por un largo período. El resultado de la expansión cañera y los cultivos de remolacha fue una superproducción que so- bresaturó el mercado con ofertas mucho mayores que la capacidad de absorción del consumo mundial, lo cual deprimió los niveles de las cotizaciones en el mercado internacional, que asimila el monto de los excedentes que nunca van a parar a los mercados protegidos. La disponibilidad de azúcar barata en cantidades casi sin límites, repercutió en el mercado interno de los Estados Unidos que hasta el 31 de diciembre de 1974 funcionó en base al sistema de cuotas para abastecedores extranjeros.

A mediados de noviembre, el presidente Jimmy Carter aprobó una recomendación de su secretario de Agricultura, Bob Bergland, que aumentó a 6.1 centavos de dólar el arancel por cada libra de azúcar comprada por Estados Unidos en el extranjero. Fuentes de la industria dominicana predijeron que la medida tendrá repercusión en todo el ámbito latinoamericano, generaría protestas y una ola de sentimiento antinorteamericano, en varios países de la región.

La medida tuvo un doble efecto: primero, restringió el acceso de azúcar latinoamericana a Estados Unidos y, segundo, deprimió aún más los niveles ya bajos del mercado mundial al volcar en el mismo todo ese azúcar excedente. Expertos dijeron que el exceden- te en la oferta que ocasionará el fenómeno dificultará la aplicación del reciente acuerdo internacional de precios suscrito por consumi- dores y exportadores en Ginebra. El acuerdo contempló medidas destinadas a estabilizar las cotizaciones mundiales entre un mínimo de once centavos y un máximo de 21, que ambas partes involucra- das consideraban óptimos en las condiciones existentes. El instru- mento debería entrar en vigencia el primero de enero de 1978, pero no había mucho optimismo por su futuro. Una de las causas de esto era el hecho de que los países del Mercado Común Europeo, que son importantes productores de azúcar de remolacha, rechazaron adherirse al acuerdo. A ello se unía la nueva política proteccionista norteamericana en materia azucarera.

Días después, el CEA anunció que introduciría medidas para constreñir los costos de producción con el propósito de ajustarlos a los precios del mercado, que arrojaban pérdidas considerables a la industria estatal del azúcar de unos 35 millones de dólares como consecuencia de las medidas proteccionistas anunciadas por Carter. De esta manera concluía el año 1977, con perspectivas poco pro- metedoras para un año electoral que, como el 1978, se perfilaba muy complejo, como finalmente lo fue.

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La República Dominicana y las demás naciones exportadoras de azúcar del hemisferio protestaron en la primera semana de di- ciembre en Washington por la disposición del Gobierno norteame- ricano que aumentó el arancel al azúcar importada.

Hubo dos hechos interesantes en los debates que la iniciati- va latinoamericana provocó en el marco del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA). El primero, la admisión pública del representante norteamericano acerca de una tendencia proteccionista creciente en los altos círculos de ese país, y segundo, la enérgica y ponderada posición dominicana.

Los puntos de vista de la industria nacional fueron expuestos por el ingeniero Felipe Vicini, ejecutivo de la empresa privada del mismo nombre. Al advertir sobre los peligros que el arancel impli- caba para las naciones azucareras, Vicini dijo que era hasta cierto punto irónico que medidas de ese tipo afectaran principalmente a los países en desarrollo.

Durante su viaje a Washington, con motivo de la ceremonia de firmas de los tratados del Canal de Panamá, el presidente Joa- quín Balaguer viajó acompañado del señor Vicini. Su presencia en la capital norteamericana no fue entonces para llenar una simple formalidad diplomática o social. El azúcar fue el tema principal de la larga conversación que Balaguer sostuvo con Carter en la Casa Blanca y al cabo de la cual el mandatario demócrata tuvo cálidas frases de elogio para su colega dominicano.

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A mediados de esa semana, se confirmó también la denuncia de que los derrames de petróleo de buques tanqueros al cruzar por el Canal de la Mona provocaban daños considerables a los recursos marinos dominicanos. El director de Turismo e Información, Pedro Morales Troncoso, reveló que había comprobado la magnitud del daño durante un vuelo en helicóptero. Según el funcionario, el pro- blema estaba adquiriendo ya características de “un crimen” para el patrimonio nacional y demandó que las autoridades adoptaran me- didas enérgicas e inmediatas para hacer frente a la situación. La ma- yor parte del daño por la mala y antigua práctica de los buques de lavar sus cisternas en zonas que afectan a la República Dominicana, ocurría en las costas y playas del litoral este y nordeste. Era preci- samente en esas zonas donde la destrucción de las playas ocasiona- ba mayores perjuicios a la economía nacional, debido al desarrollo allí de costosos y ambiciosos proyectos turísticos, como observara Morales Troncoso. Se había podido comprobar que como conse- cuencia de ello, los turistas estaban abandonando paulatinamente las playas, con el consiguiente perjuicio para cientos de familias que viven todavía directa e indirectamente del turismo interno. Tam- bién mermaba la pesca, una actividad que, aunque rudimentaria, era el sostén de miles de familias en las zonas costeras dominicanas.

Para miles de dominicanos el azúcar había sido por años un simple artículo adquirible en cómodas fundas de cinco libras en colmados y supermercados para endulzar el café y los alimentos. Para un número más reducido de comerciantes y empresarios un medio de hacer negocios y riquezas. Pero el azúcar era más que eso, al final de 1977.

Desde el florecimiento de la industria azucarera en los remotos años de la década del 40, esa diminuta partícula de cristal obtenible

tras un complejo proceso de refinación en los ingenios había sido la dinámica de la economía dominicana. Aun a los deprimidos pre- cios de entonces del mercado internacional, era la principal fuente de divisas, su elaboración generaba el mayor porcentaje de empleo industrial y una quinta parte del Producto Nacional Bruto. Con los años, la dependencia de la economía nacional de su principal in- dustria creció en forma brutal. Pero a medida que se afianzaba esa dependencia y persistía la inestabilidad del mercado internacional, crecía la incertidumbre y se dificultaba la planificación.

El país produjo ese año, 1977, 1,560,000 toneladas cortas de azúcar. De esa cifra, alrededor de 1,250,000 se destinaron a la ex- portación. Casi en un 90 por ciento, esta última cantidad fue en- viada al mercado de Estados Unidos, lo que consolidó la posición dominicana como primer y más estable abastecedor de azúcar ex- tranjera a Estados Unidos.

Estas cifras daban una idea clara de la importancia del mercado norteamericano para la industria del dulce nacional. Por esto, más que ningún otro país, la República Dominicana sentía los efectos del aumento del gravamen a la importación de azúcar dispuesta por el Gobierno de Carter. Esta disposición, de innegable corte protec- cionista para defender a los productores domésticos, causaba hondo pesar y desaliento en los círculos azucareros de todo el Hemisferio, no solo por la restricción que implicaba en el mercado de Estados Unidos sino por su posible efecto colateral en el mercado libre mun- dial. La interrogante de qué depararía el 1978 con la entrada en vi- gencia de un acuerdo internacional destinado a mejorar la situación, se encontraba aún en una etapa brumosa. Muchos indicios tendían a preservar el pesimismo, por lo menos durante los primeros meses del año entrante. A pesar de los mecanismos de comercialización acorda- dos para estabilizar los tambaleantes niveles mundiales de precios, era poco probable un cambio en la trayectoria del mercado en el perio- do enero-febrero de 1978, según todas las apariencias e indicadores.

En muchos países existía la creencia de que había tanta azúcar que los acuerdos serían inoperantes y las cotizaciones se manten- drían por debajo de niveles que hicieran costeable la roída industria latinoamericana del dulce. Informes del departamento norteameri- cano de Agricultura contribuían a expandir el pesimismo. Las cifras del departamento sobre la producción, durante el período octubre 1977-septiembre 1978, alcanzaba el record de 90.7 millones de to- neladas. Esto significaba que los países consumidores no tendrían que hacer grandes esfuerzos para suplir sus necesidades y que la oferta estaría siempre por encima de la demanda mundial. Las pro- yecciones del consumo se estimaban en unos 3.5 millones menos que las perspectivas de producción.

Los expertos temían que la súper producción desestimulara el mercado regido por precios entre 7.25 y 7.75 centavos de dólar por libra, sensiblemente inferior a los promedios de los costos de producción latinoamericanos. A principios de 1978 entró en vi- gencia el nuevo acuerdo internacional azucarero, suscrito en octu- bre en Ginebra, fruto de arduas y largas negociaciones, concebido para asegurar niveles entre un mínimo de once y un máximo de 21 centavos por libra. A fin de hacer esto posible, el acuerdo estable- cía una cuota global de exportación para el mercado libre mundial de 13.5 millones de toneladas para el 1978, inferior en 3.5 millo- nes de toneladas a las disponibilidades exportables conocidas de los firmantes del tratado. Una reserva de más de tres millones de toneladas haría el papel de agente estabilizador, con el propósito de preservar las reglas establecidas y evitar los períodos de crisis de 1973-74 cuando los precios alcanzaron alturas estrambóticas y 1976-77 cuando las declinaciones alcanzaron limites casi ruinosos para las naciones exportadoras.

Si bien fue planeado y concretado como panacea a la tradicio- nal inestabilidad del mercado azucarero, no había optimismo res- pecto al futuro convenio. El hecho de que las naciones del Mercado

Común Europeo, decidieron permanecer al margen de las obliga- ciones del acuerdo, sembró en sus mismos comienzos muchas som- bras. Los líderes de la industria dominicana creían que los primeros meses de vigencia del tratado serían tan tortuosos como el largo y espinoso camino que fue necesario recorrer para llegar a él, en un período verdaderamente crítico para las naciones exportadoras de América Latina. Para estos países, el éxito del acuerdo era impor- tante por dos razones. La primera por la estabilización misma del mercado mundial, recipiente de los excedentes mundiales, y por la solución del problema de los abastecimientos en el mercado nor- teamericano, que recibía gran parte de la producción exportable de la región.

Los Estados Unidos restringían el acceso del azúcar extranjera mediante el aumento del arancel a cada libra importada destinada a proteger a sus productores domésticos. Los países latinoamericanos objetaban la disposición como un indicio del proteccionismo en Washington y secundaron la posición dominicana, que vende casi toda su producción a Estados Unidos, solicitando la imposición de un régimen de cuotas país por país para regular el problema del consumo interno de Estados Unidos.

La cuestión era mucho más complicada de lo que parecía y el origen de la crisis actual se remontaba sin duda al período de bonanza de 1974. En efecto, los precios considerablemente altos, sin prece- dentes, que rigieron el mercado en esa fecha estimularon un aumento de la producción mundial a partir de 1975. La tendencia se mantu- vo en 1978. En la República Dominicana no se adoptaron medidas efectivas para contener el crecimiento de las áreas bajo producción.

En este complicado rompecabezas, cabría esperar un rol fun- damental a Estados Unidos, como principal consumidor e im- portador de azúcar del mundo. La razón era que siendo, el mayor comprador, Estados Unidos era también uno de los productores más importantes del planeta. Por tanto, los bajos precios mundiales

afectaron considerablemente a los productores de caña y remolacha norteamericanos, situación que se vio pronto agravada por la intro- ducción de azúcar barata a Estados Unidos.

El Gobierno norteamericano prometía que el programa inicia- do con el gravamen azucarero sería una fase transitoria que quedaría automáticamente eliminada con el funcionamiento del acuerdo de Ginebra, pero los productores del hemisferio entendían que esto podría llevar la crisis del mercado azucarero a un círculo vicioso muy peligroso para el futuro y la estabilidad de la industria del azúcar. Alegaban, por ejemplo, que la restricción aumentaría inevitable- mente el peso de los excedentes sobre el mercado libre mundial con azúcar que en situaciones normales iría a parar a Estados Unidos.

Estados Unidos se comprometió “a vigilar estrechamente” el cumplimiento del acuerdo de Ginebra, con la esperanza de que res- taurara los precios a los niveles deseados y había dicho que el ins- trumento era la piedra angular de su política azucarera, tanto en el plano doméstico como en el internacional. Naturalmente, esto no bastaba para aplacar el temor y el desaliento que el curso de la situa- ción creaba en las naciones exportadoras latinoamericanas.

El caso dominicano probablemente ilustraba con más drama- tismo que ningún otro el efecto de la crisis azucarera. De cada dólar que ingresaba a las arcas del Banco Central por concepto de comer- cio exterior, más de 55 centavos provenían directa e indirectamente de su industria azucarera. Esta situación prevalecía desde el flore- cimiento de la industria por los ya remotos años de la década del 40 y se mantenía a pesar de auge de otros renglones de exportación agrícola y mineral como el café, el oro, la plata, la bauxita y el fe- rroníquel.

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A mediados de diciembre de 1977, volvió a cobrar interés la posibilidad de que se encontrara petróleo. Uno de los contratos de

exploración era de Las Mercedes Sociedad Anónima, de Venezuela, que iniciaba la segunda etapa de su fase final exploratoria, previa a la perforación de los primeros pozos de petróleo, que se espe- raba comenzaran a más tardar en febrero de 1978. Directivos de la empresa venezolana dijeron que los trabajos iniciados en Punta Torrecilla, al este de Santo Domingo, proseguirán en Las Calderas, de Baní; y San Pedro de Macorís. Estos lugares fueron identificados como zonas de grandes posibilidades petrolíferas.

Fuentes de la empresa y del Gobierno, empeñados en impulsar la exploración de hidrocarburos, dijeron que se trataba de “un acon- tecimiento de gran trascendencia histórica y económica”. La fase de exploración iniciada por Las Mercedes, en cuyo capital participaba el Estado dominicano a través de la Corporación de Electricidad (CDE), comprendía zonas cercanas a esta capital.

Estos trabajos, que luego serán realizados en otras áreas ubica- das dentro de la concesión otorgada en enero de 1977, permitirían establecer las zonas óptimas con características favorables para la existencia de petróleo. El representante local de la empresa, Fortu- nato Canaán, dijo que las zonas exploradas fueron detectadas como prioritarias en base a los estudios de la compañía así como por ob- servaciones de fotografías de satélites y trabajos por la vía marítima desde Barahona, al extremo suroeste hasta La Romana, al extremo oriental. La compañía venezolana sostenía que existían indicios que hacían presumir la existencia de grandes reservas petrolíferas en el subsuelo dominicano, y que las posibilidades de éxito en la explora- ción, ya en su etapa de perforación, eran realmente buenas. El Go- bierno confiaba en este programa de exploración, mediante el cual se asignaron concesiones a otras cuatro empresas norteamericanas, ninguna de las cuales había iniciado todavía sus trabajos de explo- ración. Ese año las compras de crudo, hechas en un 94,5 por ciento en Venezuela, significaron un gasto aproximado de 179.000.000 de dólares y se esperaba que debido al aumento de la demanda supera- ra el año próximo los 200.000.000 de dólares.

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A menos de una semana de la fecha en que se tenía prevista la entrada en vigor del acuerdo internacional del azúcar, los expertos azucareros dominicanos no llegaban a un consenso respecto a si convenía al país ratificar el instrumento suscrito en octubre en Gi- nebra. Fuentes de la industria dijeron el 27 de diciembre a El Caribe que aparentemente la mayoría de los funcionarios y representantes del sector privado que integraban el directorio del Instituto Azuca- rero Dominicano (INAZUCAR) estaba a favor de alguna fórmula que sin comprometer al país manifiestara, cuando menos, el propó- sito de ratificar el convenio.

El convenio, encaminado a estabilizar los precios mundiales del azúcar entre un mínimo de once y un máximo de 21 centavos, entraba en vigencia el primero de enero de 1978, según lo previsto en Ginebra. Los 79 países signatarios debían ratificarlo para que sus cláusulas comenzaran a regular las cotizaciones del mercado azu- carero. Según El Caribe, el Gobierno tenía que decidir entre tres opciones:

-Firmar el convenio y notificar la intención del país de ratifi- carlo y aplicar sus disposiciones provisionalmente a partir del pri- mero de enero próximo.

-Firmar el convenio sin hacer la notificación para aplicarlo en forma provisional y solicitar a la vez al consejo de la Organización Internacional del Azúcar (OIA) una prórroga de seis meses para con- siderar la ratificación del mismo y abstenerse de firmar el acuerdo.

La mayoría estaba a favor de la segunda opción, que, según publicara El Caribe daba al país categoría de “simple observador” de la OIA con lo cual no se sometería a las obligaciones del convenio “hasta tanto formalizáramos nuestra adhesión al mismo, la que, sin embargo, de realizarse dentro del plazo previsto, será siempre bajo las condiciones establecidas en el convenio”.

La alternativa extendería en seis meses el plazo para adoptar una decisión “definitiva” respecto de la incorporación dominicana al acuerdo de Ginebra. “Al permitirnos conocer la decisión tomada en tal sentido por otros países exportadores e importadores, y ob- servar el efecto que haya producido el convenio en relación con los precios del azúcar, podrían determinarse con mayor precisión, las desventajas relativas a uno u otro curso de acción”, dijeron fuentes de la industria al periódico.

Se alegó que la primera alternativa implicaba “la inmediata aceptación” de las obligaciones establecidas en el acuerdo de Gine- bra.

El convenio fijaba una cuota global de exportación a la Re- pública Dominicana de 935,000 toneladas métricas para 1978, sustancialmente inferior a los promedios de ventas anuales de los últimos cinco años. Esta cuota significaría que el país dejaría de per- cibir alrededor de US$40.0 millones. Este sería el valor calculado a 204,000 toneladas métricas recortadas en virtud del acuerdo. La tercera opción, por virtud de la cual el país se abstendría de hacer la ratificación, haría al Gobierno dominicano “no miembro desde un inicio” del acuerdo. Sin embargo, los partidarios de esta alternativa, según se informó a El Caribe, alegaban que esta posición dejaría siempre abierta la posibilidad “de una eventual adhesión” como re- curso de última hora. Los términos de la adhesión tardía estaría su- jeta, no obstante, a futuras negociaciones con el consejo de la OIA, con sujeción a las reglas contempladas en el artículo 76 que, preveía la posibilidad de que “se negocien condiciones para la adhesión que involucre una cuota deferente a la fijada para el país en el convenio, siempre que dicha adhesión ocurra después de doce meses de haber estado el convenio en vigor, pero no antes”.

Fuentes de la industria dijeron que la mayoría de los expertos favorecía la segunda opción por considerar que este curso de acción daría mayor libertad de movimiento al Gobierno. A través de ella, se

dijo, los expertos creían que el país tendría la opción de adoptar a su mejor conveniencia, la decisión que resulte menos lesiva sin haber comprometido su posición de antemano ni, por el contrario, haber dado manifestaciones categóricas de rechazo a lo que a fin de cuen- tas constituye un instrumento de cooperación a nivel internacional.

En cambio, la minoría que se inclinaba a que el país se abs- tuviera de ratificar el convenio de Ginebra aducía que la adhesión implicaban pérdida de ingresos por concepto de una disminución de las exportaciones de azúcar y una pérdida sustancial de ingresos y serios perjuicios a la industria azucarera, incluyendo a los colonos y a los trabajadores de la caña.

Al explicar las razones por las que la minoría se oponía a que fuera ratificado el acuerdo de Ginebra, los informantes dijeron a El Caribe que estos alegaban lo siguiente: La exportación de unas 204,000 toneladas métricas de azúcar, por encima de la cuota fija- da a la República Dominicana en el acuerdo, “no afectaría mate- rialmente el desenvolvimiento del mercado libre”, cuyo volumen de comercialización se estima entre 16 y 17 millones de toneladas métricas. Tampoco se consideraba que esa cantidad, contribuiría al deterioro en grado apreciable de los precios mundiales, en caso de que fuera restituida a la República Dominicana. Como base de su razonamiento, se estimaba que una medida de este tipo no ten- dría efecto sobre el mercado si se comparan sus consecuencias con la política adoptada por los países miembros del Mercado Común Europeo, que no se adhirieron al instrumento, y las medidas de protección arancelaria puesta en práctica por Estados Unidos. Ad- vertían también que la segunda alternativa ofrecida al Gobierno, que contemplaba la firma sin notificar la intención de ratificarlo o de aplicar sus disposiciones, tendría idénticas implicaciones para la nación respecto a su status frente al acuerdo, como la decisión de no firmarlo. La excepción sería que la segunda alternativa colocaría al país en situación de escoger eventualmente entre no adherirse al

convenio o someterse pura y simplemente a las condiciones estable- cidas para el país.

La tercera alternativa, de no firmar el acuerdo, permitiría al Gobierno conservar la posibilidad de negociar condiciones más fa- vorables sin que por ello se le negara, en el peor de los casos, la elección antes mencionada. Además, que por efecto de la segunda alternativa el país contraería automáticamente la obligación formal de limitar sus ventas de azúcar al exterior a las cantidades fijadas en el instrumento. Esto significaba que el país no podría comprometer durante los primeros seis meses del año próximo su producción exportable en exceso de dicha cuota.

Se alegaba también inconcebible decidir eventualmente por la adhesión habiendo con anterioridad vendido para la exportación una cantidad que constituiría una violación del convenio, con lo cual se privaría de la oportunidad de aprovechar cualquier favorable coyuntura que pudiera presentarse en el mercado para la colocación de dicho excedente.

La simple abstención tendría además la ventaja de poder con- ducir a países importadores a permanecer fuera de las obligaciones del convenio, con el propósito de realizar un comercio libre de li- mitaciones.

Una posición ambigua, como se definía la segunda opción, po- dría también conducir a que algunos países exportadores se incor- poraran al convenio, tales como Colombia y México.

La abstención de esos dos países, ampliaba el acceso dominica- no a mercados importadores, como Estados Unidos.

Por consiguiente, se creía que la adopción de la segunda alter- nativa influiría para causar inconvenientes adicionales a la comer- cialización de la producción de azúcar exportable de la Republica Dominicana, que quizás se evitarían mediante la abstención a la firma del convenio.

Fuentes de la industria sostenían por otra parte que las conse- cuencias del aumento del gravamen al azúcar importada por Estados Unidos era uno de los factores que daban validez a los argumentos de los expertos que se oponían a la firma del convenio. Según esas fuentes, el nuevo arancel norteamericano tendría las consecuencias siguientes en el desenvolvimiento del mercado del azúcar:

• Reducir las posibilidades de que el acuerdo de Ginebra sea eficaz, en su propósito de estabilizar los precios del dulce a un nivel que haga costeables las operaciones de los ingenios de los países exportadores.
• Deprimir los precios para entrega inmediata, sin efectuar materialmente las cotizaciones correspondientes a posiciones más lejanas.

Se estimaba que esto crearía incentivos para que algunos expor- tadores demoraran sus embarques al 1978.

La incertidumbre sobre el mercado azucarero, las expectativas acerca de las posibilidades de encontrar petróleo, cerraron el 1977, centraron toda la atención nacional hacia las elecciones del 16 de mayo de 1978, que ya parecían encaminadas a poner fin al régimen de 12 años del presidente Balaguer, arrinconado por las tendencias cada vez más firmes de un inevitable cambio a favor del PRD y su candidato presidencial, el hacendado Antonio Guzmán Fernández.

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El tema azucarero siguió dominando el difícil camino hacia las elecciones del 16 de mayo. El inicio de 1978 no presentó señales alentadoras, de que Estados Unidos proyectara volver atrás a fin de evitarle pérdidas superiores a los 365 millones de dólares a los países productores del hemisferio, como se creía sería el resultado de la iniciativa de Carter.

Los gobiernos de naciones azucareras dejaron saber a Washing- ton que la medida, que restringe el acceso de azúcar latinoamerica- na a los Estados Unidos, podría significar el colapso de la industria del dulce de la región.

Por causa de los precios del mercado mundial -entre siete y ocho centavos y medio-, la industria azucarera de la mayoría de esos países se hallaba ya en malas condiciones. En algunos lugares fue preciso la adopción de medidas de austeridad para reducir los costos de producción, terriblemente elevados por el alza del petró- leo y otros insumos.

Pero los expertos decían que estas medidas, sin importar su naturaleza, no serán suficientes para enfrentar la crisis que se aveci- naba. Estados Unidos era blanco de críticas cada vez más duras por efecto de su política azucarera. La Casa Blanca fue acusada aún por gobiernos conservadores de la región de revivir viejos y desusados métodos proteccionistas, que afectaban el intercambio internacio- nal y profundizaban las injusticias del comercio.

La administración Carter alegaba que se trataba de una política “temporal” destinada a librar de los efectos de la baja de los precios mundiales a los productores norteamericanos.

En abril de 1978, la República Dominicana y otras naciones exportadoras plantearon en Ginebra la necesidad de un nuevo con- venio internacional sobre el azúcar que reconociera los efectos del alza del petróleo sobre los costos de producción, que en algunos países eran ya considerablemente por encima de los depresivos ni- veles mundiales de precios. La propuesta encontró resistencia de Venezuela y otras naciones azucareras que son también producto- ras importantes de petróleo, que sostuvieron que el aumento de los precios del crudo no era la causa primaria del desajuste de la economía mundial y que, por el contrario, constituía una respues- ta del Tercer Mundo a la injusticia internacional en los términos

del intercambio. En muchas partes del vasto mundo en desarrollo carente de una industria y una tecnología avanzada, así como de petróleo, los repetidos aumentos en los precios de los hidrocarbu- ros contribuían a profundizar esa injusticia. El encarecimiento del petróleo elevaba los costos de producción de los ingenios azucareros latinoamericanos en una forma desproporcionada. Directivos de la industria dominicana aseguraban que ese costo era ya de alrededor de 10 centavos la libra, casi dos centavos y medio por encima de los niveles del mercado mundial en abril de 1978.

La posición dominicana se resumía en la declaración dada en Ginebra por Felipe Vicini, miembro de la delegación:

“Si realmente existe el deseo de propiciar un nuevo orden eco- nómico internacional, es tiempo excelente para reconocer ya las di- ficultades de muchas naciones pobres en mantener, por efecto de la inflación mundial, sus industrias básicas, como el azúcar”.

En efecto, el futuro del mercado azucarero era casi una cues- tión crucial para la mayoría de las naciones latinoamericanas, pero especialmente para la República Dominicana en que la producción de azúcar era la primera actividad económica y la mayor fuente de empleo.

En 1976, los ingresos de divisas por concepto de exportación de azúcar y otros derivados de la caña descendieron en casi 250 millones de dólares, a causa de la baja en las cotizaciones, mientras continuaron subiendo sus gastos por importación de petróleo. Una idea del sombrío panorama que le esperaba lo daba el hecho de que ese año el país necesitaría, a los precios de entonces, casi la totalidad de sus ingresos azucareros para costear sus crecientes necesidades energéticas. Estaba, además, la amenaza de un nuevo aumento del petróleo, a mediados de año, y las perspectivas poco halagüeñas del mercado del azúcar, lo que contribuía a ensombrecer aún más el panorama.

Esto quizá explicaba las razones por las que en septiembre pa- sado fuera planteada tan dramáticamente la crisis azucarera en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el Gobierno dominicano expresó la necesidad de un nuevo convenio internacio- nal del azúcar para establecer un justo equilibrio que elimine toda explotación de las naciones productoras por las consumidoras.

El Gobierno dominicano consideró que un convenio de esa naturaleza debería ser el primer paso para la posterior fijación de precios equitativos para otras materias primas. Una medida de tal magnitud, debería adoptarse para mantener estables los precios en niveles que permitan a las naciones en desarrollo pagar con desaho- go los altos costos del combustible con que movilizan sus econo- mías.

Pero esencialmente, el Gobierno hacía la salvedad que debía eludirse una confrontación con las áreas industrializadas pues solo contribuiría a agravar los problemas que confrontaban los países en desarrollo del Tercer Mundo que no disponen de petróleo.

La gravedad del tema había quedado evidenciada en una reu- nión de GEPLACEA en México en febrero en un nuevo esfuerzo por superar las dificultades de un mercado en constante baja. Allí se reveló que Brasil y Cuba, los dos más importantes productores de la región, tendrían sustanciales aumentos en la producción. Brasil, por ejemplo, elevaría su producción en un 17.2 por ciento, esperán- dose que esta alcanzara los 8.9 millones de toneladas métricas, unas 400,000 toneladas más que el estimado que inicialmente se hizo al comenzar la reunión de GEPLACEA. Por su parte, los cubanos in- formaron que registraría un incremento del 9.5 por ciento, con una producción de aproximadamente 7,100,000 de toneladas métricas, contra 6,485,000 producido en la zafra anterior.

Las nuevas cifras indicaban que la producción mundial sería ese año de alrededor de 90 millones de toneladas métricas, que, unidas

a reservas existentes de zafras anteriores de unas 20 a 22 millones de toneladas, elevarían las disponibilidades a poco más de 110 millones de toneladas. En la presunción de que el consumo mundial se man- tuviera en los niveles del año pasado, significaba que habría mucho más azúcar en venta que la capacidad de absorción. El resultado sería a menos que los productores no encuentraran fórmulas eficaces para estabilizar los precios, un mercado cada vez más deprimido.

A pesar de las malas noticias iniciales respecto a las perspectivas de producción, los países exportadores se enfrentaban a la posibili- dad de adoptar medidas que pudieran, por primera vez en la histo- ria, ponerle en condiciones de imponer las reglas del mercado, que tradicionalmente han estado en manos de los compradores.

Algunas de las medidas consideradas en México para estabilizar el mercado internacional eran:

• Aplicación de diversas medidas para hacer más estricto el mercado.
• Exigir al comprador que declare, al suscribir los contratos, el nombre del país con el destino final del embarque; esto se haría con el propósito de evitar las renegociaciones de partidas ya adquiridas.
• La creación de un mecanismo que haría obligatorio el anun- cio de los remates con no más de 48 horas de anticipación.
• Evitar los remates sucesivos de azúcar en cortos lapsos.
• Limitar en 50,000 toneladas métricas las ventas en bloques o con intermediarios.
• Obligar a que las ventas se hagan a niveles de precios no inferiores a los prevalecientes en los mercados, al día de hacerse el contrato.
• La adopción de precios mínimos en los contratos a largos términos.

La cuestión que realmente preocupaba, sin embargo, era hasta qué punto estas y otras medidas podrán estimular el mercado, de- primido a causa de la sobreoferta. Una solución sería restringir la producción, pero fue evidente que esto tampoco podría conseguir- se a corto plazo a nivel mundial y que muchos países productores importantes no estarían dispuestos a considerar medidas de esta naturaleza.

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Mientras tenían lugar esas tratativas, el Gobierno dominicano aceleraba las negociaciones para la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo con empresas extranjeras. La razón que impulsaba el programa de exploración era el precio del petróleo. La República Dominicana, como importador neto de hidrocarburos, adquiría en el exterior todo él petróleo que necesitaba para satisfa- cer su consumo nacional energético. Casi la totalidad de esas com- pras -alrededor de un 94.5 por ciento de los 30,000 barriles diarios en que se estimaba el consumo dominicano, se realizaban en Vene- zuela, país que aprobó a mediados de diciembre un aumento del 10 por ciento del precio. Para mediados de año, cabía esperar otra alza, según lo ha dispuesto el cartel formado por los 13 mayores expor- tadores de crudo del mundo, del que Venezuela es socio fundador.

A pesar de toda la retórica y promesas de colaboración a las na- ciones pobres, era evidente, que los países que no poseían petróleo para atender sus requerimientos internos, no podían esperar ningu- na tabla salvadora por parte de la OPEP.

Las relaciones con Venezuela eran probablemente la prueba más fehaciente de ello. Tras años de arduas y delicadas negociacio- nes, el régimen de Caracas concedió un préstamo de 60 millones de dólares al país para el financiamiento de una parte del petróleo que ese año se adquirirá en Venezuela. El dinero fue otorgado en condiciones duras, que no reflejaban ninguna gracia concesionaria. El interés del ocho por ciento anual era una tasa aceptable para

una operación de préstamo normal en los mercados corrientes de capital y un buen negocio para el prestatario, pero de ninguna ma- nera una prueba de solidaridad hacia un país del Tercer Mundo en dificultades. Además, préstamos de ese tipo, que no se dedicaban a programas de desarrollo, endeudaban en forma brutal a los países, reduciendo su capacidad para obtener financiamiento para planes de crecimiento y desarrollo internos.

Esos 60 millones no saldrían de Venezuela. Por el contrario generarían a la nación sudamericana alrededor de cinco millones adicionales en intereses anuales durante cuatro años, pues a más tar- dar en 1980 la República Dominicana tendrá que saldar esa deuda. Así que entre 1977 y 1980, el país pagaría a Venezuela alrededor de 80, 000,000 de dólares -en amortización de capital e intereses- por un préstamo que no planteaba ni siquiera solución al problema que significaron las costosas importaciones de petróleo de solo el 1978. Si nos llevamos de las estadísticas oficiales, el préstamo apenas servía para la compra de un 40 por ciento, a lo sumo, de las necesidades energéticas dominicanas durante 1977. El año anterior los gastos por ese concepto fueron de alrededor de 179 millones de dólares. Un simple vistazo bastaba para comprender la importancia que el Gobierno estaba confiriendo al programa de exploración petrolera.

El Gobierno informó en febrero que uno de los contratos en discusión, que otorgaría derechos de exploración y eventual explo- tación sobre una amplia zona del sudoeste del país que incluye el lago Enriquillo, sería firmado con la Eastern Petroleum Company, de Estados Unidos. Técnicos dominicanos dijeron que la zona a la Eastern era una de las que posee mayores posibilidades de tener petróleo en cantidad suficiente para justificar una operación co- mercial. El Caribe informó también que se habían superado todos los problemas surgidos en las negociaciones para la firma de por lo menos otros dos contratos con la Quisqueya Oil y la Cariboil Texas Crude. Sin embargo, no se llegara a un acuerdo con la White

Sields, de Estados Unidos, interesada en los derechos sobre toda la plataforma continental. Este era el contrato que ofrecía más dificul- tades. El Gobierno había firmado ya un contrato con la empresa multinacional venezolana petrolera Las Mercedes Sociedad Anó- nima, a la cual se le concedieron derechos sobre toda la provincia sureña de Azua, según los informes extraoficiales publicados en la prensa local, en vista de la falta de información oficial al respecto.

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El 10 de abril publiqué un artículo en El Caribe titulado Azú- car y proteccionismo, en el que resaltaba el abismo inmenso entre el Jimmy Carter candidato y el Jimmy Carter presidente. Las ex- pectativas y las esperanzas de una mayor comprensión que los lati- noamericanos forjaron en la llegada de ese sonriente y enigmático agricultor a la cúspide del poder de la nación más influyente del mundo se disipaban, en medio del desconcierto y la decepción.

Ni siquiera había coherencia en su trato hacia la América Latina, como parecía no haberlo en muchas facetas esenciales de su política exterior. Las ambivalencias que caracterizaban la actitud de la Casa Blanca ante el conflicto en el Medio Oriente por citar un solo ejem- plo, era la prueba más contundente de esta inconsistencia. En sus meses de campaña en pro de la presidencia, Carter prometió que una nueva etapa en las relaciones con América Latina estaba en camino.

A fin de atender presiones de los productores domésticos, la administración norteamericana había establecido impuestos de ex- portación para garantizar niveles de precios mínimos a la industria nacional, que de hecho restringen el acceso de azúcar extranjera a ese mercado, por razones históricas y geográficas el destino natural de la mayor parte de las exportaciones del dulce latinoamericano. Los hechos demostraban que Carter resistía iniciativas del Congre- so a favor de la imposición de cuotas en el mercado de su país, lo que hubiera facilitado la solución de mucho de los problemas que confrontaban los productores latinoamericanos.

En abril se estudiaba una nueva moción destinada a aumentar el precio sostén interno del azúcar, que en la práctica acentuaría los quebrantos agraviados por un arancel de 2.81 centavos por libra y un gravamen adicional de 2.70, aprobado por Carter en enero. Los productores latinoamericanos insistían ante el Gobierno de Was- hington sobre la necesidad de que se enfrentara el problema de los bajos precios mundiales del azúcar en base a la vuelta al antiguo sistema de cuotas. Este sistema rigió durante cuarenta años, hasta el 31 de diciembre de 1974, por virtud de la Ley Azucarera, muerta por acción del Congreso estadounidense.

Sin importar cuál fuera el futuro de las nuevas propuestas que afectarían todavía más el futuro de las exportaciones azucareras de la región era evidente que la tendencia proteccionista en Washing- ton deterioraba el marco de las no muy auspiciosas relaciones he- misféricas. Y era evidente que no había muchas perspectivas de un cambio en la dirección del viento.

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Las actividades económicas se redujeron al mínimo en los días inmediatamente anteriores y posteriores a los comicios generales del 16 de mayo, pero las aguas volvían a su nivel. Como conse- cuencia de la reducción de los negocios y las inversiones, por la confusión y temores naturales en todo proceso electoral impreg- nados de incógnitas, las ventas mermaron y el interés por empre- sas nuevas virtualmente quedó paralizado. La afluencia de turistas descendió a uno de sus niveles más bajos. Alarmados por el efecto de esta última situación en la pujante industria turística nacional, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) auspició una reunión con corresponsales de agencias internaciona- les de noticias y periodistas locales para sugerirles que se evitara el tinte sensacionalista en la cobertura de la crisis política electoral. Los empresarios hoteleros adujeron que informaciones alarmistas afectaban la imagen exterior dominicana, perjudicando sus posibi- lidades turísticas inmediatas.

En efecto, el clima surgido a raíz de los problemas que tuvieron lugar la madrugada del miércoles 17 de mayo comenzó a hacerse sentir rápidamente en el y muy especializado negocio hotelero. En diversas fuentes se dijo que muchos de los más grandes estableci- mientos turísticos del país estaban sintiendo con rigor los efectos severos de un descenso brusco de la afluencia de visitantes extran- jeros. Un empresario dijo que las informaciones sobre la situación nacional habían perjudicado varias importantes giras y que por lo menos un crucero europeo en gira por el Caribe había suspendido su visita a la República Dominicana. A resultas de ella la demanda de dólares aumentó subiendo la prima a un nivel casi record del 28 por ciento sobre el peso dominicano en el mercado paralelo de divisas propias.

Corredores indicaron que el alza implicaba un contraste de- bido a que el comercio había aguantado sus importaciones y no se esperaban grandes compras para la festividad del Día de las Madres, ocasión en que las tiendas aumentan en forma extraordinaria sus ventas. Los corredores dijeron que el alza podría deberse a dos razo- nes: la primera, al interés de personas pudientes de obtener divisas fuertes para cualquier contingencia y, la segunda, a la tendencia ge- neralizada de las grandes casas de cambio en situaciones similares de suprimir las ventas de dólares para evitar pérdidas en transacciones apresuradas en un mercado trastornado por factores excepcionales.

Al avanzar mayo, sin embargo, la actividad comercial tendía a una normalización total, con un creciente aumento de la demanda del público. Expertos dijeron que ello era indicio de que el país se recuperaba satisfactoriamente del espasmo económico que lo sacu- dió en la semana comprendida del 13 al 19 de mayo. “Todo esto ha demostrado la solidez de la economía dominicana”, dijo un econo- mista citado por El Caribe. “A pesar de la incertidumbre política, la baja en los precios mundiales del azúcar, los efectos adversos de las altas cotizaciones del petróleo y la carestía de otras importaciones, la economía continúa firme”. Al finalizar el mes, se informó que el

Gobierno había impreso un fuerte aliento a la actividad comercial al disponer del pago de cuantiosas deudas internas y la continua- ción de los programas de inversión pública.

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Dos días después de las elecciones, tras hacerse evidente el triunfo del candidato opositor Antonio Guzmán, la noche del jue- ves 18 de mayo, el presidente Balaguer pronunció uno de los más importantes discursos políticos en su medio siglo de intensa y exi- tosa vida pública. No fue propiamente la obra del literato y poeta consumado. Tampoco la de un dirigente luchando por su supervi- vencia. Era un Balaguer desconocido, en la devastadora soledad de la derrota inminente.

Refiriéndose a las crecientes denuncias de un presunto y sinies- tro plan para concretar un despojo electoral, la voz del presidente, cansada por largas semanas de activa campaña, lucía a su vez clara y admonitoria. “¿Quién puede dudar, quién puede dudar que quien habla puede desacatar el fallo de un organismo electoral, o ejer- cer en este país por una hora siquiera una Presidencia usurpada?”. “Tengan fe en mi…”, pidió al pueblo.

El presidente había puesto otra vez a prueba su liderazgo. Y casi por arte de magia, y aun prevaleciendo las incógnitas que habían contribuido a deteriorar el panorama político, la situación tendió rápidamente al día siguiente a normalizarse. Sus propios adversarios se sintieron aliviados. La presión internacional, que había adquiri- do visos de injerencismo en la vida dominicana, cedió y la confianza nacional comenzó a reverdecer.

La parte menos comentada de su breve discurso, fue en la que condenó enérgicamente las actitudes de ciertos gobiernos amigos que habían adoptado una posición de parcialidad abrazando una causa en la crisis dominicana. Balaguer no se refirió a ninguno en particular, pero no era necesario que lo hiciera. Estaban muy cla- ras las evidencias como para que no fuera claro el hecho de que su

dedo, señalando un punto indefinido hacia el frente en la pequeña pantalla del televisor, no estuviera dirigido hacia las dos más in- fluyentes naciones del Hemisferio y a las que por lógicas razones históricas y de supervivencia económica estaba íntimamente ligada la República Dominicana: Estados Unidos y Venezuela.

El presidente Jimmy Carter, preocupado en mantener incólu- me su cruzada a favor de los derechos humanos, había amenazado con una suspensión de la ayuda norteamericana, no obstante estar fresca aún en las páginas de los diarios latinoamericanos la informa- ción de que su Gobierno había virtualmente dado su aprobación a las atrocidades del régimen somocista aprobando un crédito de doce millones de dólares a Nicaragua, a pesar del asesinato, todavía no aclarado, de Pedro Joaquín Chamorro y la matanza de indígenas en Masaya.

Carter invocó la triste y escalofriante advertencia con que tan- tas veces en el pasado los Estados Unidos han dejado sentir el peso de su poderosa influencia. En un mensaje a Balaguer, se le prevenía, de un eventual deterioro de las relaciones entre los dos países. Del otro lado, más al sur, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez amenazaba al Gobierno con una acción multilateral para censurar intenciones políticas de presunta usurpación que el Presidente ha- bía ya ahuyentado con su discurso.

De otras partes seguían lloviendo notas de protestas. La maqui- naria de presión funcionaba perfectamente.

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A comienzos de junio, apenas unas tres semanas después de las traumáticas elecciones del 16 de mayo, la escasez de carne de res se acentuó en la mayoría de los puestos de expendio. Hubo versiones contradictorias sobre sus causas. Los ganaderos dijeron que se debía a la falta de reses, a causa de la lenta reproducción originada en el sacrificio de hembras durante la sequía de 1975, pero otros sectores alegaron que se trataba de una escasez artificial con fines especula-

tivos. El senador por la provincia de El Seibo, Manuel A. Goico, consideró excesivos los precios de venta al público, advirtiendo que no guardaban relación con los bajos niveles pagados por los mata- deros a los dueños del ganado.

No se había establecido a cabalidad las causas reales y era evi- dente que estaba en el tapete un conflicto de intereses. Las autori- dades no habían iniciado ninguna acción aunque era evidente la violación por parte de muchos comerciantes del decreto que fijaba precios a la venta de los diferentes tipos de carne al público.

La economía había sido ya reiteradas veces sacudida por infor- mes de bajas sensibles en proyectos ganaderos y de mermas conside- rables en la producción de otras zonas productoras del país, lo que era motivo de preocupación para las autoridades.

Estaba además, la cotización del dólar en el llamado “merca- do paralelo” que continuaba alcanzando primas sin precedentes de hasta más de un 30 por ciento sobre el peso dominicano.

En la primera semana de junio, el alza estuvo motivada por señales de prolongación de la crisis política y una baja considerable en la afluencia de turistas. Funcionarios de la Dirección de Turis- mo dijeron que se estaba haciendo frente probablemente a la “más delicada situación” que hubiera confrontado la próspera industria en los últimos años. Los funcionarios atribuyeron el descenso en la afluencia de visitantes extranjeros a la propagación de noticias “alarmantes” sobre el futuro institucional dominicano en el exterior y anunciaron campañas destinadas a rescatar la imagen nacional. Algunos hoteles se vieron precisados a realizar despidos masivos y a reducir sus actividades.

Si bien la situación tendía rápidamente a normalizarse, no ha- bía indicios de que las perspectivas turísticas mejoraran en las si- guientes semanas, estando aún por delante momentos difíciles para esa actividad económica.

El hotel Lowe’s desmintió que el cierre de sus operaciones en Santo Domingo fuera el resultado de una quiebra y que era tempo- ral para fines de reparación y reacondicionamiento de sus instala- ciones y, en parte, este fue uno de los escasos puntos luminosos en una semana sombría para el turismo.

A finales de junio se publicaron informes sobre indicios fuertes de contracción como consecuencia de los problemas derivados de unas elecciones accidentadas. Hubo también informes de baja sen- sible en las operaciones comerciales y se atribuyó a la alta cotización del dólar en el llamado mercado paralelo de divisas el descenso en las importaciones. Esto último trajo de secuela una reducción de la producción industrial a base de materia prima importada. La Federación de Comerciantes dijo que muchos de sus miembros se hallaban al borde de la quiebra. Si bien declaraciones sobre el tema parecieron exageradas, resultó obvio que la situación política que vivía el país desde la celebración de los comicios del 16 de mayo se reflejaba adversamente en la actividad económica.

Un discurso del presidente electo Antonio Guzmán, contri- buyó a devolver la confianza en una eventual solución razonable y pacífica de la crisis. Los observadores destacaron el tono moderado de esa pieza, leída por radio y ampliamente destacada en la prensa escrita, en contradicción con las expresiones usualmente subidas de tono de muchos dirigentes de su Partido Revolucionario Domini- cano (PRD). La creencia general en altos círculos financieros era, sin embargo, de reservado optimismo. El banquero Alejandro Gru- llón convocó a una rueda de prensa para exhortar a los empresarios a tener confianza en el porvenir económico de la nación.

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El 1 de julio el presidente Balaguer cumplió doce años en el poder. Su mandato era el más prolongado período constitucional de toda la vida nacional y bajo ella floreció el comercio, se extendió la industria, mejoró la economía y el país entró en un proceso de

pacificación, tras una sangrienta guerra civil, todo en un clima de relativa libertad y ejercicio democrático.

Al asumir el mando por primera vez, el primer día de julio de 1966, Balaguer implantó inmediatamente un severo régimen de austeridad, para hacer frente a los graves dilemas económicos que pesaban sobre la nación. Su iniciativa estuvo también dirigida a salvar de una bancarrota inminente la industria azucarera, entonces semiparalizada por los efectos de la guerra, la mala administración y la hipertrofia burocrática.

Estas y otras medidas, impopulares por las restricciones que implicaban, dieron, sin embargo, impulso sin precedente a la eco- nomía dormida como consecuencia de la falta de estímulos fiscales a lo largo de los cinco años de inestabilidad y conflictos sociales que precedieron a su elección. Durante los tres períodos constituciona- les que había estado al frente del Gobierno, su habilidad fue puesta constantemente a prueba. En varias oportunidades, como ocurrió a raíz de su primera reelección en 1970 y luego al iniciar su tercer y último mandato en 1974, confió funciones del más alto nivel a varios de sus más enconados adversarios políticos, aunque jamás pudo integrar un gabinete de verdadera unidad nacional. Enfrentó siempre una oposición fuerte, lo que exigió siempre de él toda su destreza. Sus oponentes fueron siempre reacios a reconocer los mé- ritos de su gestión, aunque no escatimaron esfuerzos por magnificar sus defectos, como la corrupción administrativa, cuya existencia ad- mitió el propio Balaguer en varias ocasiones.

Una de las críticas que más se hizo contra su régimen se refirió al sistema de prioridades en la inversión pública. Se le acusó de invertir demasiados fondos en obras urbanas, muchas de las cuales fueron calificadas de “suntuarias”, llamando a su programa de construcción y a su Gobierno mismo como la administración de las “varillas y el cemento”. La inversión pública y privada alcanzó, sin embargo, en los últimos doce años el más alto nivel en toda la historia del país.

Cientos de obras menores, como caminos vecinales, contribu- yeron también a mejorar la vida rural, facilitando los medios para la salida a mercados seguros a la producción de diversas zonas, aun en los más recónditos lugares del territorio. Una de sus políticas más importantes en el aspecto económico fue el de la construcción de presas y otras obras de infraestructura agrícola, encaminadas a ase- gurar el agua suficiente para el auge de la producción agropecuaria.

Una ley de incentivo industrial sentó las bases para el desarrollo empresarial. Numerosos productos que antes se importaban fueron sustituidos por marcas nacionales y los renglones de exportación se incrementaron en un 122.9 por ciento, con un crecimiento óptimo del 7.5 por ciento anual, según cifras del Centro Domiciano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX). Cientos de escuelas, hospitales y carreteras fueron levantadas con el esfuerzo oficial. La educación se expandió, con la aparición de nuevas universidades, institutos de idiomas, y centros de especialización superior. Una clase media fuerte e influyente surgió a la sombra de este crecimien- to económico, que en los primeros años de la década de los setenta tuvo características de un verdadero “boom” con una tasa anual de hasta el 10 por ciento.

Muchos de los problemas que afectaban al país aumentaron paralelamente y crecieron a su vez otros conflictos sociales, agudi- zándose el desempleo que Balaguer consideró una vez como uno de los problemas más perentorios del país. Los limitados recursos, en unos casos, y la falta de programas adecuados, en otros, para encarar diversas crisis sociales y económicas que surgieron durante su mandato contribuyeron a profundizar el descontento en amplias capas de la población que no alcanzaron los beneficios de los cam- bios que se operaron a contar de 1966.

En los primeros años de su gestión, hubo intolerancia contra las actividades de los grupos izquierdistas. La persecución que se desató contra las organizaciones de ideología marxista quebró la unidad

que en determinado momento se perfiló en el seno del movimiento comunista que más tarde se dividió en una docena de tendencias antagónicas entre sí. Esta situación cambió sensiblemente en los últimos años del Gobierno y en el 1977 el Congreso aprobó una iniciativa presidencial legalizando al Partido Comunista Dominica- no (PCD). Poco tiempo después la Junta Central Electoral (JCE) reconoció otra organización izquierdista, la denominada Unión Pa- triótica Antiimperialista (UPA). Ambas presentaron candidaturas a los comicios generales del 16 de mayo, convirtiéndose en las pri- meras entidades comunistas en llevar candidaturas presidenciales en la historia nacional, aun cuando la UPA optó por retirarlas poco días antes de las votaciones.

Balaguer fue derrotado el 16 de mayo por el hacendado Anto- nio Guzmán, en su intento por obtener un cuarto período constitu- cional consecutivo. Sus adversaros políticos le enrostraron siempre su negativa a favorecer una enmienda constitucional que prohi- biera la reelección presidencial, por considerar que la permanecía de un mismo hombre al frente del Gobierno propicia el desgaste y la corrupción y sienta las bases de la dictadura. Pero durante sus 12 años de mandato, la tolerancia dominó muchas actividades del Gobierno. Con algunas connotadas excepciones en materia de radiodifusión, como el cierre administrativo de varios programas de radio, incluyendo el órgano del PRD, Tribuna Democrática, la prensa existió en un clima de casi absoluta libertad. Antes de su ascenso al poder solo se editaban dos matutinos y un vespertino en la capital. A días de entregar el poder operaban cuatro matutinos, tres vespertinos y un meridiano, este último en Santiago, más cien estaciones de radio y cinco plantas de televisión, con una sexta, Tele Antillas, a todo color, en proceso de instalación.

Al cumplir su Gobierno once años, en el 1977, Balaguer dijo a El Caribe, que el mayor logro de su gestión había sido el afianza- miento de las libertades públicas, aunque confería una importancia

capital a la “total rehabilitación de las finanzas de la nación”. En el aspecto social, el presidente estimó en esa oportunidad que atribuía trascendencia a los programas de reforma agraria, quizá el más con- trovertido de todos los planes puestos en práctica a lo largo de su régimen. Con el anunciado propósito de auspiciar un mejoramien- to en las condiciones de vida rural, Balaguer auspició una serie de reformas al sistema de la tenencia de la tierra. Como el programa contemplaba expropiaciones y otras medidas de fuerte contenido social, halló mucha resistencia en las clases allegadas a la propiedad rural.

Las mayores críticas fueron dirigidas, sin embargo, a la forma en que las autoridades aplicaron muchas de esas medidas, pues al- gunas de ellas, como la que eliminaba el trabajo de aparcería que Balaguer calificó una vez como una horrible forma de “trabajo escla- vo”, obtuvieron inmediata simpatía aun en los sectores más tradi- cionales del país. Al enjuiciar el resultado de su labor, Balaguer dijo en 1977 que “todo lo que se prometió en el año 1966 mediante el programa de Gobierno del Partido Reformista, se había cumplido a cabalidad. Aún más se ha realizado, en ese período mucho más de lo que se prometió u ofreció. El Gobierno tiene en su haber una labor de realizaciones imponderables. Nadie puede negarse a contemplar el acervo de esas realizaciones, muchas de las cuales se descubrieron durante la marcha y se procedió a cubrirlas porque eran necesidades sentidísimas de nuestro país”.

“No solo hemos cumplido lo que prometimos sino también lo que salió al paso como necesidades imperativas e imperiosas de los dominicanos”, dijo. Balaguer admitió que en el país había todavía mucho que hacer y que incluso, mucho de lo realizado hace algún tiempo, “tiene que ser construido de nuevo”. Pero afirmó que “si hay alguna realización que haya originado mayor satisfacción en nuestro ánimo, ha sido la de crear un clima de estabilidad que el país nece- sita para su desarrollo no solo económico sino también industrial”.

Después de años de inestabilidad y desórdenes callejeros, la es- tabilidad laboral y la paz pública, a pesar de esporádicos brotes de violencia estudiantil callejera, se consideraban en diversos círculos como uno de los logros positivos al amparo de los cuales se expan- dió la actividad económica y comercial. Otros han calificado esta política laboral como “represión sindical”.

La oposición estimaba que el grado de popularidad del presi- dente descendió a niveles muy bajos y que muestra fehaciente era el resultado de los comicios, que dieron el Gobierno al Partido de la Revolución Dominicana (PRD). Pero los 700,000 votos que obtuvo la candidatura de Balaguer, no obstante las graves y públicas rencillas partidarias que ostensiblemente pesaron sobre su nomina- ción, eran indicios de que su figura seguiría gravitando, cono en efecto sucedió sobre la suerte de la nación, mucho después de que en un acto solemne el 16 de agosto, se quitó la cinta presidencial para ceñirla al pecho de su sucesor, un próspero hacendado de 67 años.

Era cierto que a causa del enorme respaldo que le permitió controlar casi con mano unipersonal muchas de las esferas del Go- bierno, su administración fue indiferente a las críticas que frecuen- temente se vertieron en su contra. Pero también muchas de esas crí- ticas no tenían asidero. En sus esfuerzos por obtener un tratamiento justo en materia azucarera en el mercado de los Estados Unidos, el Gobierno contó con poca o virtualmente ningún respaldo opositor, a pesar de que la caída de los precios mundiales del azúcar plantea- ron al país graves dilemas económicos.

A partir de 1973, el alza en los precios del petróleo, que subie- ron las erogaciones por ese concepto de 43 a más de 150 millones, afectó la capacidad nacional de compra en el exterior, creando dé- ficits en la balanza de pagos. El aumento del crudo incrementó la inflación interna, pero si bien esta se sintió en los extractos más ba- jos en la escala social intensificando el sufrimiento, fue mantenida

a niveles mucho más óptimos de lo que las sombrías circunstancias permitían suponer.

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En la segunda semana de julio, los consumidores se enfrenta- ron a alzas y bajas de precios en muchos productos de consumo. Mientras por un lado tuvieron que pagar algo más por la libra de carne de pollo y el café molido, la excelente producción agrícola in- cidió sobre un descenso considerable de los víveres. Los mercados, por cuarta o quinta semana consecutiva, se vieron repletos de pro- ductos de excelente calidad. Los técnicos agrícolas atribuyeron el fenómeno a los buenos resultados de los programas de emergencia puestos en práctica por la Secretaría de Agricultura.

La gran afluencia de víveres a bajos precios fue de todas formas la mejor noticia en el plano económico de la semana. Hubo indi- cios, además, de que el peso dominicano comenzaba a recuperarse paulatina aunque firmemente en el llamado mercado paralelo de divisas. Para finales de la segunda semana de julio, la moneda nacio- nal se cotizaba con una prima de entre 29 y 30 por ciento con res- pecto al dólar norteamericano, lo cual seguía siendo un nivel muy alto, pero sensiblemente inferior, en cambio, al nivel prevaleciente en las semanas anteriores que era de 32 por ciento, considerado el más alto en la historia de la nación.

En parte, la mejoría del peso se atribuyó a un aumento en la afluencia de turistas, que había descendido notablemente en las se- manas posteriores a la celebración de las elecciones generales del 16 de mayo. Debido también a una baja de la demanda que había a su vez descendido como resultado del panorama político nacional. Los corredores y las casas de cambio vaticinaron que el dólar podría aún bajar dos o tres puntos más para estabilizarse en un futuro próximo entre 26 y 27 por ciento.

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La súbita aparición de la Peste Africana estremeció a mediados de julio los círculos económicos nacionales. Las autoridades admi- tieron que era la peor amenaza a la actividad porcina en la historia de la nación y que la situación sería más crítica como consecuencia de la enfermedad. La peste ocasionó pérdidas estimadas en cien millones de pesos, lo que, unido a los bajos precios mundiales del azúcar, el descenso en el flujo de turistas y la paralización virtual de algunas otras actividades, como consecuencia de los episodios elec- torales, puso al país frente a una de las situaciones económicas más difíciles de los últimos años.

La gravedad de la crisis quedó patentizada en el decreto emi- tido la noche del 15 de julio por el Poder Ejecutivo creando una comisión especial con poderes para adoptar cuantas medidas fueran necesarias para encarar el brote de fiebre africana.

Unos años antes, el régimen comunista de La Habana se vio precisado a sacrificar toda la población porcina de Cuba, a fin de combatir la enfermedad. No quedó un solo cerdo para la Noche- buena en esa nación. Informes publicados por los diarios indicaban que, contrario a otras enfermedades de los cerdos, la peste africana era incurable. El Cólera Porcino y la Septicemia, por ejemplo, po- drían ser anulados a través de vacunaciones o aplicación de suero en forma masiva. Lo grave de la fiebre africana era que al parecer en un principio tiende a confundir a los criadores y a muchos expertos pues la sintomatología es muy parecida a los virus que producen el Cólera Porcino y la Septicemia. Por eso en algunos países llega a diagnosticarse el mal cuando ya es muy tarde.

A mediados de julio, la preocupación nacional por las toda- vía imprevisibles consecuencias de esta súbita aparición, desplazó la atención pública de los acontecimientos políticos derivados de un proceso electoral al parecer interminable y accidentado. Las malas noticias siguieron a otras. Por ejemplo, funcionarios norteameri- canos dijeron en Washington que el Departamento de Agricultura

estaba preocupado por los informes sobre la peste en la República Dominicana. Una de las razones principales de la preocupación na- cional, era que Estados Unidos declararan una cuarentena sobre muchos productos agrícolas del país como resultado de los efectos de la epidemia.

En el pasado, las autoridades sanitarias norteamericanas aplica- ron medidas parecidas contra vegetales y otros productos de países afectados por la peste africana. La aparición de la enfermedad se atribuía a la importación ilegal desde España y Portugal de embuti- dos y jamón serrano. Tales importaciones estaban prohibidas en el país desde hace tiempo debido a que ni España ni Portugal tenían éxito en su lucha contra la peste.

Un par de años atrás, el país había estado al borde de una catás- trofe similar con la producción de café, que se vio amenazada por la entrada ilegal al país de miles de sacos usados de henequén prove- nientes de países africanos, como Uganda y Costa de Marfil, donde existe La Roya, un terrible hongo que destruye los cafetales. Algu- nos expertos temían que la aparición de la peste africana acabara definitivamente con la producción porcina. Pues sí la enfermedad no diezmaba la población matando a los animales, las autoridades se verían ante la alternativa de sacrificar todos los cerdos para evitar su propagación y se convierta en un mal endémico. Ese era el triste panorama que se presentaba a mediados de julio, a un mes del as- censo de su nuevo presidente, Antonio Guzmán.