La expresión “estoy ciego, sordo, y mudo”, que en algunos momentos ha sido puesta de moda por nuestra fauna política, expresa la distancia a que muchos de nuestros gobernantes y dirigentes se han colocado frente al pueblo.
Siglos de absolutismo y latrocinio de quienes ejercieron la presidencia de la República Dominicana, “acostumbraron” al pueblo, y a los gobernantes, al uso del Estado como si fuera propiedad particular de ellos y sus familias y amigos, cuyos manejos administraron a discreción.
En la amplia gama de estilos de los gobernantes hemos tenido desde matatanes que ejercieron el poder “a sangre y fuego”, hasta tramoyistas que miraban hacia otro lado mientras el rancho de la integridad y la buena gobernanza se les caía encima.
Por eso ahora, cuando tenemos un presidente cercano a la gente, dispuesto expresamente al diálogo incluso frente a sus opositores, un mandatario transparente, que ha demostrado no tener qué ocultarle al pueblo, el pasado se confunde.
Hicieron toda una campaña, mediática y en redes, afirmando o dejando entrever que el fideicomiso para garantizar la operación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina en condiciones de eficiencia y transparencia, era una forma de privatizar ese bien público.
Por más que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el presidente del Consejo Técnico del fideicomiso, don Celso Marranzini, y hasta el presidente Luis Abinader advirtieron que el curso que llevaba la legitimación de Punta Catalina seguía un curso sano y transparente, el pasado pareció seguir confundido o queriendo confundir.
Han estado llamando al diablo, es lo que se observa de su conducta, y ahora tendrán que verlo venir.
Como parte del curso de transparencia que el gobierno está dando a toda su gestión, ayer dio a conocer una comunicación en la que el presidente Abinader formalizó una solicitud para que la Cámara de Cuentas realice una auditoría financiera a la construcción de la Central.
Dio a conocer el Ejecutivo, de paso, que está recibiendo también una auditoría técnica de la firma norteamericana Sargent & Lundy, “adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública”.
El pasado gobierno adjudicó y contrató a Catalina sin escuchar a nadie, ni a las tantas advertencias de que el carbón no era el combustible más conveniente para nuestro medio ambiente ni a quienes se las pasaron cuestionando la opacidad con que se construyó la central parte del entramado Odebrecht.
