La entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito y la consiguiente puesta en funcionamiento de una institución que concentra la regulación de la movilidad cotidiana, despertó cierta esperanza en el sentido de que el caos y la desaprensión en la conducción de vehículos iba, al menos, a disminuir en la República Dominicana.
Pero uno sigue observando el mismo desorden y el mismo irrespeto a las normas, a pesar de que el nuevo organismo y su directora, Claudia Franchesca de los Santos, han entrado a escena con mucho brío, evidentemente con el interés de que se aplique la ley en una selva donde conducir representa un desafío a la muerte en cada palmo.
Todo el andamiaje legal con que ha sido dotado el Intrant supone un paso de avance en la lucha—de eso se trata, una lucha constante—porque conductores y peatones observen las reglas, y quienes las violen asuman las consecuencias.
Es evidente que hasta ahora lo que ha avanzado es el afán de recaudación, donde la Autoridad Metropolitana del Transporte lleva la parte punitiva en la aplicación de multas, no así en lo que resulta más urgente, es decir, la organización del tránsito.
En ese sentido, es penoso lo que hacen los agentes sustituyendo semáforos en operación para “dar tránsito” de manera manual, provocando embotellamientos antológicos, cuyas causas los conductores ignoran.
Muchas veces el origen de esos tapones es que un general o un coronel piden a los agentes de AMET que abran en su ruta para ellos avanzar, mientras los pendejos pierden tiempo y gastan combustible en la espera.
Sin embargo, en realidad lo señalado antes no es lo más grave en este sensitivo sector. Para mí lo peor acaba de ocurrir con el caso del camarógrafo Engels del Orbe, quien falleció al ser embestido por un desaprensivo que se llevó una luz en rojo.
Este homicida del volante, además de violar el semáforo, dejó abandonada a la víctima y cuando se logra detener y presentar ante la Justicia, una jueza irresponsable le da al caso tratamiento de simple accidente, sin tomar en cuenta los agravantes envueltos en su conducta.
Estamos claros en que si no se actúa de manera coordinada entre las distintas instancias, el haber aprobado una nueva legislación de tránsito y creado una nueva entidad, no habrá servido de nada.
La coordinación para la aplicación de las políticas públicas en materia de tránsito deben de contar, principalmente, con la determinación clara de que efectivamente haya un régimen de consecuencias, sin lo cual no importa que se aprueben leyes y normativas, o que éstas sean aplicadas por un organismo vetusto o un flamante Intrant.
