“Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
“Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral”.
“Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.
He citado estos tres artículos de la Carta Magna venezolana, en los cuales se fundamentó la convocatoria a elección para la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, la cual se llevó a cabo el pasado 30 de julio contra la embestida de naciones enemigas del país bolivariano que han tenido la más grosera y rastrera intervención en sus asuntos internos.
Varios de esos países—entre los cuales, afortunadamente, no está la República Dominicana—proclamaron su “desconocimiento” de la Asamblea Constituyente, a pesar de estar conscientes de que una constituyente representa una de las manifestaciones más elevadas en el ejercicio de la soberanía de una nación.
En algunos de esos países que la han emprendido contra Venezuela, se han llevado a cabo procesos verdaderamente cuestionables y de dudosa idoneidad, como fue el caso de los Estados Unidos, donde unos comicios contaminados por factores externos resultaron en la elección de un presidente cuya legitimidad ha sido puesta en entredicho.
A pesar de estar conscientes de que Donald Trump es un gobernante surgido en tales condiciones, a ninguna nación se le ha ocurrido tratar de influir para que ese Gobierno se caiga.
Otros mandatarios de la cohorte de Washington enfrentan serios problemas en sus países. Tales son los casos del nefasto Michel Temer, con procesos abiertos en Brasil por corrupción, o el colombiano Juan Manuel Santos, señalado por recibir financiación de Odebrecht para su campaña.
Pese a conocer esas situaciones, el Gobierno venezolano ha observado el principio de no intervención en los asuntos que sólo conciernen a los ciudadanos de esas naciones.
Sin embargo, Brasil, Colombia y otros países gobernados por neoliberales y ultraconservadores mantienen un asedio sistemático contra Venezuela y su administración, violando los más elementales principios de respeto a la autodeterminación de las naciones, mientras andan por ahí pregonando lo contrario.
