El Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (Mimarena) acaba de ordenar la demolición de varios pisos y otras estructuras de un edificio de 21 pisos que comenzó a construirse en la playa Juan Dolio, por violar las regulaciones medioambientales y de construcción en el litoral marino.
Consciente de que nunca una gestión es tan buena que no pueda ser mejor, comento decisiones valientes de la gestión de Orlando Jorge Mera en el Mimarena. Creo que falta mucho por hacer para proteger las zonas costeras y turísticas, pero es justo destacar lo que se está haciendo. Con lo de Juan Dolio crece la lista de acciones de importancia para enfrentar a los devastadores del litoral y área protegidas en comunidades turísticas.
Las más notables son los desalojos y persecución de los depredadores de Cabarete. Allí se tomaron medidas para proteger lo que aún queda sin destruir del entorno de la laguna y la playa El Encuentro. Falta mucho por hacer pero se han dado los primeros pasos.
También se hicieron desalojos en la franja marina de 60 metros declarada espacio público bajo control del Estado, que puede usarse solo bajo estrictas regulaciones y limitaciones. Las más notales han sido la de la playa de Bávaro donde comerciantes, de todo lo que usted se imagine, crearon una plaza a la que llegaban las olas del mar cuando subía la marea. Para pasar por el lugar los turistas que recorren esa playa tenían que caminar por el mar.
Lo mismo se hizo con una plaza comercial, en avanzado deterioro por falta de mantenimiento, construida en Cabeza de Toro, Punta Cana, y que ocupaba parte los 60 metros junto a un área de manglar que se contaminaba con la basura y por la ausencia de instalaciones sanitarias. Había sido ocupada ilegalmente por una reducida cantidad de comerciantes que no pagaban el alquiler desde hacía más de 10 años.
Las dos áreas señaladas usufructuadas por más de medio centenar de comerciantes, impedían el desarrollo de proyectos turísticos que crearán en su momento unos 10 mil empleos y generarían beneficios económicos y sociales para el país.
En el caso de Juan Dolio, las reglas de ordenamiento territorial permiten 400 habitaciones por hectárea (10 mil metros), y los dos solares involucrados suman 2,344 metros cuadrados, por lo que las 121 habitaciones exceden en un 29 % las normas. La autorización inicial de febrero del 2016 aprobó 94 habitaciones, pero en mayo los promotores solicitaron un incremento, y a pesar de que excedía la norma, le fue aprobada por el Ministerio de Turismo encabezado por Francisco J. García.
Si solo se considera el solar frente a la playa, con 1,725 metros, las habitaciones exceden en un 75 % el límite establecido. Los dos están separados por una vieja carretera y no pueden ser consideradas propiedades contiguas para sumarse y aplicar las reglas de uso de suelo.
La construcción no debe usar más del 30 % del solar. Por lo que, el edificio en el solar de la playa supera un 215 % la norma. Además la verja perimetral está a 27 metros de la pleamar, y se autorizó una estructura ligera y se construía una en hormigón. No se explica por qué Mitur y Mimarena permitieron el inicio de este edificio a pesar de las denuncias formales recibidas. Cancelar la licencia ambiental y destruir lo construido es un precedente importante. ¡Bien por Mimarena!
