Desde su creación en 1961, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido el brazo de cooperación exterior de Washington. Ha promovido el desarrollo y financiado proyectos en salud, educación y democracia en todo el mundo.

Hoy, su papel es objeto de fuertes críticas. En los Estados Unidos de Norteamérica, se cuestiona si los programas que lleva a cabo la agencia estarían “alineados con el deseo del pueblo estadounidense”. La actual administración ha realizado ajustes drásticos, al iniciar un rápido proceso con el objetivo de reducir personal, de 10,000 empleados a cerca de 300. También congeló fondos destinados a países en desarrollo.

La USAID tiene un presupuesto que ronda los 40 mil millones de dólares y la administración Trump entiende que buena parte de ese dinero ha sido mal utilizado. Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que durante décadas USAID no ha rendido cuentas a los contribuyentes, y luego nombró varias asignaciones de fondos que estima como despilfarro, entre los que figuran apoyo a terroristas, así como recursos destinados a una ópera transgénero en Colombia (US$47,000), un cómic trans en Perú (US$32,000) y dos millones de dólares para “cambios de sexo y activismo LGBT” en Guatemala.

En la República Dominicana el impacto no se ha hecho esperar. Se estima que la congelación de fondos afecta alrededor de 42.3 millones de dólares, destinados a salud, educación, justicia y desarrollo económico. Organizaciones locales han alzado la voz, como las que trabajan en la prevención y tratamiento del VIH, pues la interrupción en el suministro de medicamentos podría poner en riesgo la vida de miles de personas.

Pero el debate nacional ha ido más allá del impacto económico, y entra en lo político. Sectores han señalado que la USAID ha financiado, directa o indirectamente, iniciativas que promueven agendas contrarias al interés nacional. La acusan de respaldar programas que impulsan una reconfiguración cultural, promover la agenda LGBT; atacar a la familia y a la autoridad paterna dentro de ella; abanderada del aborto sin restricciones e impulsar la adopción de una política migratoria que favorecería la “haitianización” del país.

Consideran, además, que esto no es cooperación desinteresada, sino una injerencia en asuntos soberanos de parte de la USAID, y una traición a la patria de quienes promueven estos temas y se benefician de los recursos de la agencia. También, alegan que miembros de estas ONG, empujados por ellas, luego van a puestos claves en el Estado.

Desde esta perspectiva, la reducción de fondos es vista con menos dramatismo y hasta con cierto alivio por quienes consideran que la cooperación internacional no debe utilizarse como vehículo para imponer valores ajenos a la identidad dominicana. Para otros, en cambio, el corte de recursos afectará áreas sensibles sin distinción, dejando desprotegidas a poblaciones vulnerables.

La polémica va para largo. Algunos están envalentonados, otros no hablan, los de siempre difaman, los cautos esperan.

Las preguntas abundan, las respuestas, como siempre, dependerán de quién cuente la historia, de si recibían o no fondos para promover estas agendas, de si los seguirán recibiendo y, obviamente, de su capacidad de respuesta.

Tengo un amigo que está “muerto de risa” con este tema. Esperemos

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