Una conquista por la que vale la pena un brindis en las prisiones

La semana pasada participé del lanzamiento de una política que promete bastante en el país. La Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pusieron en marcha un plan de capacitación técnico profesional para los privados de libertad en siete centros penitenciarios.

La iniciativa me llamó poderosamente a la atención porque aborda la prisión desde el punto de vista de la rehabilitación social. En el marco de esta medida, se están instalando siete centros modulares de capacitación para que los reclusos accedan a cursos en oficios técnicos como electricidad, belleza, tapicería, entre otros.

Lo novedoso del proyecto no tiene que ver con las formaciones, desde hace mucho que en el país se habla de esto. Más bien se trata de la orientación hacia la productividad que contempla.

Miriam Germán explicaba que, en el contexto de esta iniciativa, los privados de libertad estarán capacitados para generar ingresos que les permitan aportar al bienestar de sus familiares desde los centros de reclusión. Y tal como indicó el director del Infotep, Rafael Santos Badía, al salir de las prisiones, los participantes contarán con un oficio que les permitirá ganarse la vida de forma digna.

Ahora bien, puede que existan muchas críticas respecto a que estos hombres y mujeres causaron daño a las familias y que deben ser castigados por eso. Y es cierto, la cuestión es que, el único castigo que deben obtener es el contemplado por el Código Penal. Y en la normativa dominicana el acceso a oportunidades de desarrollo de las virtudes es un mandato constitucional. Así se consigna en los artículos siete y ocho de la Constitución Dominicana, sobre la función esencial del Estado.

Es decir, toda persona debe responsabilizarse de sus actos sin que esa responsabilidad vaya en desmedro de sus derechos fundamentales. Y en el caso de la iniciativa que la PGR, Infotep y Finjus ponen en marcha, se abre la posibilidad a que las mujeres y hombres que cumplen condena en el país accedan a medios dignos de ganarse la vida. Si miramos el panorama carcelario dominicano, como país tenemos grandes desafíos. Por lo general, las cárceles se convierten en un caldo de cultivo para nuevos crímenes en vez de un espacio reformatorio para la reinserción social.

Así, las cifras más recientes de los centros penitenciarios del país indican que en la República Dominicana hay unos 26,769 privados de libertad. Estos hombres y mujeres conviven en prisiones sobrepobladas, acelerando rutas de degradación, debido a las fricciones naturales de la convivencia y los estigmas que persiguen a los presidiarios. De acuerdo con The World Prison Brief, la principal organización con bases de datos sobre prisiones a nivel mundial, la República Dominicana ocupa el puesto siete de la región en hacinamiento carcelario. Es decir, la medida aporta en el sentido de ampliar las posibilidades de reformación social de los prisioneros.

Y aunque la sobrepoblación sigue siendo una asignatura pendiente en el país, medidas orientadas a generar destrezas en los privados de libertad aportan a una solución sostenida en el tiempo. Esto, considerando que las formaciones que incluye el proyecto van más allá de las competencias técnicas, comprenden un programa de encuentros y diálogos con figuras que aporten una perspectiva de resiliencia.

Es decir, se trata de que, al cumplir la condena, los centros penitenciarios hayan pasado de ser un lugar de castigo a un espacio de reacondicionamiento social. A la vez, la ruta de la prevención de conductas delictivas es más costo efectivo que el círculo vicioso de entrar en las cárceles, salir, delinquir y regresar.

Basta con recordar cómo en las redes sociales hay “influencers” que se jactan del tiempo que estuvieron “guardados” y de las relaciones que conservan en las prisiones. La cárcel no debe ser una prueba de valor, hombría o aguante, más bien se trata de ser un espacio para transformar conductas lesivas para la salud social.

Aunque soy consciente de que este programa no soluciona el cúmulo de desafíos que presentan las prisiones dominicanas y el sistema de justicia, me alegra saber que hay pasos orientados hacia la garantía de derechos y al desarrollo de las habilidades de los hombres y mujeres que pagan por sus delitos.

Mientras llega el resto de conquistas, esta es una por la que vale la pena celebrar.