El pasado 15 de julio, el Alcalde de la capital informó que la recolección y traslado a los vertederos y empresas de reciclaje de cerca de 1,250 toneladas de basura que la tormenta Beryl recogió en la geografía circundante y depositó en el malecón, costaría aproximadamente RD$10 millones, unos US$160 la tonelada.
La revelación hecha por David Collado constituye un aporte de extraordinaria importancia al debate sobre las acciones y reformas que debe adoptar el Estado dominicano para dotar al país de un modelo de gestión integral de sus desechos sólidos.
Algunos podrían decir que el costo revelado por Collado es excesivo pues no es lo mismo ir al malecón a recoger basura para ser trasladada a vertederos y plantas recicladoras, que hacerlo de manera programada en la geografía terrestre de la capital. Parecería que tienen razón.
El Banco Mundial estima que para países con un rango de ingreso per-cápita entre US$3,466 y US$10,725, dentro del cual cae el nuestro, el costo de la recolección oscila entre US$40 y US$90 la tonelada, a lo que habría que agregar US$25-US$65 por gestión en el vertedero, generando un rango de tarifas consolidadas para la recolección y posterior manejo y disposición final en el vertedero de US$65 a US$155 la tonelada, con una media de US$110 la tonelada, por debajo de los US$160 que le costó al ADN recoger y trasladar la reunida por Beryl en el malecón.
Partiendo de US$110 por tonelada, una gestión integral de los desechos sólidos en la República Dominicana costaría anualmente US$441.7 millones, es decir, unos RD$22,000 millones. Aun en el caso hipotético de que los ayuntamientos dedicaran el 100% de las transferencias del Gobierno a la recogida y disposición final de desechos sólidos y a nada más, las transferencias a recibir este año, RD$17,172 millones, equivalente al 2.85% de los ingresos corrientes del Gobierno y 0.43% del PIB, no alcanzarían para pagar una gestión integral de desechos sólidos. Si se tiene en cuenta que, en promedio, nuestros ayuntamientos pueden dedicar el 30% de las transferencias que reciben del Gobierno Central al barrido, recogida, traslado y disposición final de la basura en los vertederos, queda claro que el faltante para proveer este servicio alcanza RD$16,850 millones.
¡Qué le cobren el servicio de recogida a la gente! Es lo que de seguro muchos escuchan desde los palcos empresariales, industriales y comerciales. Es muy fácil vocear en medio del caos. Pero en un país donde cientos de miles, incluyendo a empresarios, industriales, comerciantes y hogares que se roban el servicio de electricidad, pensar que de la noche a la mañana aparecerá un Lee Kuan Yew que bajo el lema “paga o cañazo” cree la cultura de pago de la recogida de basura, no es más que wishfullthinking. El año pasado, los ingresos recaudados por todos los ayuntamientos del país por el servicio de recogida de basura apenas alcanzaron RD$2,350 millones. El déficit anual para proveer un servicio decente rondaría los RD$14,500 millones. Ese déficit financiero, en adición al cultural que arrastramos sobre cómo disponer de los desechos sólidos en los hogares y las empresas, explica en gran parte el caos de la basura en la geografía nacional.
El pasado 18 de julio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos en República Dominicana. El proyecto aprobado, constituye el primer esfuerzo serio por parte del Estado dominicano para comenzar a enfrentar uno de los problemas más graves que enfrenta el país: la ausencia de un sistema adecuado y sostenible de manejo de los desechos sólidos. En lo que asimilamos las prácticas vigentes en sociedades civilizadas donde hogares y empresas contribuyen con la clasificación de los desechos sólidos en el punto de origen donde se generan, este proyecto crea las bases para el establecimiento, sin exenciones tributarias, de empresas que se dediquen dentro de la economía formal, a incursionar en una o varias de las etapas del proceso de gestión integral de los desechos sólidos.
Es cierto que los precios o tarifas que el proyecto establece para pagar los servicios de recepción y manejo en los puntos de transferencia (US$5.00/ton.), disposición final en vertederos (US$10.00/ton.) y plantas de valorización (US$20.00/ton), están por debajo de lo requerido para pagar un servicio eficiente y de calidad. Pero el hecho de que se haya plasmado esta estructura tarifaria base en el proyecto de ley, es un paso de avance trascendental pues libera a los ayuntamientos y sus bufetes de decisiones que siempre terminan derivando, en el mejor de los casos, en torres de Babel.
El aspecto más débil del proyecto es, sin lugar a dudas, el nivel elegido para el gravamen verde: 0.20% del valor de los insumos, bienes intermedios y bienes finales importados o producidos internamente sujetos al gravamen, bajo la modalidad de impuesto al consumo tipo valor añadido, es decir, que lo adelantado en aduanas o en una etapa previa de producción, opera como deducible en la liquidación final del gravamen ante la DGII.
Muchos pensarían que la base tributaria es la misma del Itbis, pero no lo es porque todos los servicios quedarían exentos, excluyendo el comercio.
Utilizando informaciones de la DGII y la DGA, se puede estimar que, sobre la base de las ventas del 2017, netas de Itbis, este gravamen apenas generaría RD$1,850 millones, una chilata que no daría para nada. Frente a un déficit de RD$14,500 millones, el 0.20% resulta realmente ridículo. La tasa escogida definitivamente es muy baja. Debió fijarse una tasa base de 0.50%, revisable en función de la mejora de los índices de cobrabilidad de los servicios de recogida de basura y las necesidades para pagar los servicios a ser provistos por las nuevas empresas que incursionen en las diferentes etapas de la gestión integral de desechos sólidos.
Algunas asociaciones empresariales han criticado este gravamen. Ya mencionamos que algunos plantearon que lo correcto es que los hogares y las empresas paguen el servicio de recogida. Previamente explicamos el porqué resulta cuesta arriba esperar que esto suceda mientras nos ahogamos en la basura. Otros plantean que no hay justificación económica para un gravamen como el planteado. Está claro que nunca leyeron a Arthur Cecil Pigou y mucho menos se han encontrado en sus lecturas con los impuestos pigouvianos. Si el consumo de bien genera una externalidad negativa en otros, el que lo consume debe pagar una penalidad. El que contamina, paga. El que genera basura que afecta también el bienestar de los demás, debe pagar.
No pocos han señalado que al ser un impuesto de tipo ad-valorem, los productos más caros terminarían contribuyendo más. ¿Quiénes consumen los bienes más caros? Los que más ingresos perciben. ¿Quiénes generan más basura? Los que más consumen, las familias de mayores ingresos. El que más consume, al generar más basura, debe aportar más que un hogar pobre que consume apenas para sobrevivir. Plantear que el impuesto debió ser específico, de manera que los hogares ricos y los pobres paguen el mismo monto de impuesto, es una tomadura de pelo.
Siempre he tenido claro que el principal error que puede cometer un gobierno es pensar que con grupos que van a defender siempre sus intereses y sus derechos adquiridos en el ámbito de la exención, la elusión y la evasión fiscal, es posible concertar reformas que vayan en beneficio de la mayoría. Más aún, si cuenta con una mayoría congresual. Si estas asociaciones empresariales protestan por un gravamen que generaría apenas un 0.046% del PIB y que contribuiría -aunque muy modestamente-, a que los hogares dominicanos puedan irse quitando parte de las 11,000 toneladas de basura diaria que muchas de estas empresas contribuyen a generar con la venta de sus productos, qué carajo va a pasar en el país cuando haya que aprobar un Proyecto de Reforma Fiscal que tenga como objetivo neto generar una mejora fiscal de 3% del PIB, 65 veces mayor que la que produciría la ridícula tasa de 0.20% del gravamen verde.
La clase política dominicana debe liberarse del miedo que parece tenerla secuestrada. Temor que parecería originarse en la revelación hecha por Frank Moya Pons en su magnum opus “Empresarios en Conflicto”, cuando señaló que el primer Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, José Ernesto García Aybar, le declaró a él que “el Consejo fue creado para derrocar a Juan Bosch” y que “nosotros, en el Consejo de Hombres de Empresa, derrocamos a Juan Bosch.” Aquellos eran otros tiempos. Nuestros empresarios hoy son más conscientes y la DGII es diferente. No hay razón para temer. Mucho menos cuando se ejecutan reformas que van a beneficiar al país y, en consecuencia, a nuestros empresarios.
