¡Un gobierno sin brújula!

Las actuaciones del gobierno hacen pensar que perdió la brújula; aunque parece que nunca la ha tenido. La sabiduría popular cuando habla de perder la brújula equivale a no saber qué hacer, no saber dirigir lo que tiene entre manos. Leonel Fernández ha repetido, la última en Santiago el 5 de julio, que quienes dirigen el actual gobierno, “no entienden lo más elemental de cómo se dirige un Gobierno”.

Esa expresión es lo más cercano a lo que ocurre; no ha perdido la brújula, nunca la ha tenido y por eso no sabe para dónde va. Eso ocurre cuando un presidente no tiene realmente un partido político organizado, sino funcionarios, cada uno haciendo lo que le viene en ganas, sin siquiera sujetarse a las normas que regulan las instituciones que dirigen. En ocasiones se producen líneas mandos contrapuestos.

De ahí las quejas de la población por los deficientes servicios públicos de las instituciones. La torpeza existente hace pensar que es deliberada, para justificar su privatización, como el caso de los pasaportes. Puede que haya una línea estratégica en ese sentido; pero dan a suponer que se trata de deficiencias por dedicarse a hacer negocios a diestra y siniestra porque no están dispuestos a salir pobres del poder.

La inflación, la deficiencia en Salud y la incompetencia para suministrar medicamentos, lleva a la desesperación. Sobre seguridad ciudadana, nada se ve, aunque anuncian desde hace año y medio acciones y contrataciones, pero no hay hasta ahora un plan. Para confundir más colocaron a un “politólogo y experto en seguridad ciudadana”, Daniel Pou Suazo, a cargo de un centro de análisis de la data sobre crímenes y delitos; siendo un funcionario de tercer nivel, ha hablado como vocero del gobierno e informa que ha sacado de las estadísticas de la criminalidad los homicidios (dice no son homicidios) los asesinados en intercambios de disparos con la PN, y falta a otra verdad cuando agrega que en indicadores de organismos internacionales así lo asumen.

Internacionalmente la tasa de homicidios se calcula comprobando la existencia de cadáveres, sean provocados por la delincuencia, los ciudadanos o la policía. Aquí cabe preguntarse ¿El gobierno está autorizando a la PN a matar?¿Y cómo justificar legalmente esos cadáveres? ¿Quién es responsable? Son homicidios provocados por una institución del Estado, y el agente y el Estado, civilmente, responden ante los tribunales.

Evidentemente, no hay un plan de seguridad y se viola la Constitución, la cual prohíbe categóricamente la pena de muerte, cuando establece: “Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.” Está consignado por igual en el artículo 4 de la Convención Americana, ratificada por el Congreso Nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en ocasión anterior expresó “su profunda preocupación por las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que ocurren en el país, y que en su mayor parte aparecen relacionadas a los abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional para el Control de Drogas y las Fuerzas Armadas, quienes se extralimitan en sus funciones y abusan de su poder utilizando fuerza excesiva en acciones que concluyen con la muerte de las víctimas”.