Era difícil discernir quiénes eran religiosos y quiénes eran no creyentes durante el intenso debate nacional sobre ‘género’ que ha arropado nuestro país durante este caluroso verano 2019, auspiciado por la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación.
Por un lado, observamos un discurso consistente que repetía hasta el cansancio expresiones como: “Proponemos que la enseñanza siempre esté basada en las ciencias y los valores, no en la percepción ideológica. La prioridad de la educación dominicana en este momento es elevar la calidad de los aprendizajes, formar la conciencia crítica, reflexiva y ética, por lo que debemos centrarnos en la formación integral de los estudiantes, en vista de reducir los niveles de violencia y el bajo índice académico que afecta a los alumnos”.
Por el otro lado, entre justificaciones confusas, se nos presentaban expresiones como las siguientes: “Increíblemente, algunos parecen ver en (la orden), una amenaza al bienestar de la sociedad. Miedo, ira, agresividad y ofensas componen su discurso, como si se estuviese hablando de una guerra entre enemigos y no de construir un país mejor. Toda opinión es respetable, pero ningún grupo particular puede imponerse por la fuerza y el miedo al bien general”.
¡Qué bonito!: feligreses citando la importancia del debido proceso, conforme lo establecido en la Ley de Educación del 1997 y ateos tronando sobre supuestas batallas contra “el bien” o angustiados porque perciben que “se soltaron los demonios”, como escribió otro reconocido comunicador.
Si el escrutinio democrático y pluralista de una política pública se asemeja ante los ojos de algunos al mismísimo Satanás, entonces nuestro sistema de gobernanza se encuentra herido de gravedad.
La Orden Departamental 33-2019, sobre la que el Ministerio de Educación expresó a finales de mayo que “no escatimaría esfuerzos” para imponer a nivel nacional, le ha regalado a la sociedad dominicana dos tesoros. El primero es la democratización de un tema importantísimo que, hasta hace poco, unas cuantas personas se lo habían apropiado como su dominio personal, obviando que las políticas públicas pertenecen a toda la ciudadanía. Y el segundo es que ha sobrado muchísima tela por donde cortar y, con su permiso, hemos de seccionarlo yarda por yarda en nuestros próximos artículos.
Lo más alarmante del gran debate nacional sobre ‘género’, ha sido la politización de la violencia contra la mujer: una estrategia inaceptable y contraproducente, cuyo fiasco recaería sobre las mujeres y niñas más vulnerables de la sociedad dominicana.
La Orden Departamental 33-2019, según sus auspiciadores, tenía el poder plenipotenciario de erradicar los feminicidios, el bullying en las escuelas, las brechas salariales entre hombres y mujeres, el acoso sexual en las calles, la discriminación contra la mujer en la política, entre otros males. Sólo les faltó agregar que también acabaría con la corrupción, con los efectos nocivos del cambio climático y con la subida de precio de los aguacates. Pero ojo: sus adeptos aclaraban rápidamente que esta directriz ministerial, supuestamente administrativa, pretendía simplemente disponer de una guía preliminar para diseñar un marco metodológico que todavía no se ha definido… pero que, en dado caso, ¡ya todos estos planteamientos están incluidos en la Constitución, así que dejen el show! ¿Cuál de las tres versiones usted cree se asemejó más a la verdad?
La erradicación de la violencia contra la mujer no es un tema ni partidario ni maniqueísta: nos compete a todas y todos, al margen de cualquier diferencia, porque en cada movimiento social, religión, partido político y empresa, conviven tanto agresores como multiplicadores de la paz. Toda persona preocupada por esta problemática debería operar con la intención de generar confianza y consenso entre la población; no suspicacia y división.
Fue un error de cálculo pretender engañar a la sociedad dominicana, utilizando a las mujeres maltratadas por hombres agresores como escudo humano, para disfrazar un tema altamente controversial y delicado: las políticas de ‘identidad de género’.
Una política pública cuyo éxito dependía de tomar al pueblo dominicano por asalto y por idiota, es una política pública que mereció fracasar.
Si tanto les preocupa la discriminación contra la mujer y erradicar la violencia machista, ¿por qué durante estos últimos dos meses no se han abanderado del Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres? Actualmente, esta iniciativa se encuentra a dos pasos de ser ley nacional, pero desde enero del 2019 nadie lo menciona y muchas prefieren que ni se apruebe.
¿Por qué tanta indiferencia con una propuesta legislativa tan urgente? ¿Qué se pretendía introducir originalmente por ahí que, al no incluirlo en estos momentos, se perdió el interés en la versión final del proyecto? Esa yarda la cortaremos más adelante.
El ensayista francés Joseph Joubert dilucidó una vez: “es mejor debatir una pregunta sin resolverla, que resolver una cuestión sin debatirla”, y tiene razón. Entre unos por un lado pontificando sobre la ‘ideología de género’ y otras por otro lado idolatrando las ‘políticas de género’, lo único que consiguieron ambas partes fue convertir el ‘género’ en un concepto altamente sospechoso, que genera polémica, recelo y rechazo. Qué bueno y por fin.
