La incredulidad y la desconfianza se han generalizado. No importa cuánto insistan los voceros de las instituciones públicas y del Gobierno sobre los éxitos de la gestión económica. Tampoco si hay evidencia inobjetable que respalde el discurso oficial. Una enorme cantidad de gente simplemente no cree en lo que les dicen los organismos públicos sobre el desempeño económico y social o sobre el resultado de sus intervenciones.
Los prejuicios, las posturas políticas adversas e inflexibles y la poca reflexividad son parte de la ecuación. Pero también el Gobierno ha tenido una responsabilidad importante en eso. Ha tenido la posibilidad de modular su discurso, moderar el tono triunfalista y hacerlo menos contrastante con la realidad que viven muchas personas y negocios. Ha tenido la oportunidad de reconocer más abiertamente los riesgos económicos como los asociados a la dinámica de la deuda pública, los desafíos pendientes como más y mejores empleos o aspectos en los que el progreso se ha hecho más difícil, como en salud.
En vez de ello, ha mantenido incólume la política del uso de los datos como arma de propaganda. El resultado ha sido la profundización de la duda, el descreimiento y la desconfianza. Otra hubiese sido la historia, si al mostrar logros se reconocen además las limitaciones y los déficits persistentes.
Banco Central
El caso más emblemático es el del Banco Central por ser la institución con el discurso más exultante y triunfalista. A lo largo de los últimos años ha puesto gran énfasis en las altas tasas de crecimiento del PIB, la baja inflación y el comportamiento cuasi rígido del tipo de cambio.
En el caso del PIB, las evidencias relacionadas tales como el comportamiento de los préstamos al sector privado o las recaudaciones tributarias dan crédito a los resultados divulgados, al menos grosso modo y para la mayoría de los años. Pero poco se dice o se discute sobre las fuentes del crecimiento y su sostenibilidad, o sobre la distribución de sus beneficios. Los informes del Banco Central se limitan a descomponer el crecimiento por sectores, pero eso es insuficiente para explicarlo.
Es desde fuera del Gobierno que se tienden a plantear estos temas, los cuales son frecuentemente asumidos como críticas a la gestión y no como preocupaciones legítimas, y tienden a ser respondidos con el silencio o con ripostas públicas que reiteran las posturas oficiales y que poco añaden al debate.
Tampoco se educa ni se dialoga a nivel técnico sobre cómo se mide el crecimiento y la forma en que se capturan los datos para algunas de las actividades económicas relevantes. En el pasado hubo preocupación sobre cómo se medía el crecimiento de la producción en el sector de telecomunicaciones y no pocos sospechaban que el método exageraba el resultado e inflaba la cifra de expansión del PIB. Más recientemente se han expresado preocupaciones similares sobre el sector construcción.
Sobre la inflación, se han expresado menos dudas sobre la calidad de los datos, pero tanto sobre ésta como sobre el tipo de cambio apenas se indica su comportamiento. Se reclama como logro que la inflación se haya ubicado cerca de la meta se estableció (4%) y que el tipo de cambio sea muy estable, pero no se discute sobre la razonabilidad de la meta ni la política de mantener la devaluación anual en menos 3%. Tampoco se discute por qué, por tres años consecutivos (2014-2016), la inflación estuvo muy por debajo de la meta, algo que muchos apreciamos como innecesario y costoso, y mucho menos sobre los costos de la política antiinflacionaria y cambiaria que ha sido mantener tasas de interés reales altas y un crecimiento sostenido de la deuda del Banco Central. Esto último ni siquiera es adecuadamente reconocido ni se expresa preocupación alguna sobre ello. Es como si no existiera.
Uno de los problemas más serios es que el funcionariado y los equipos técnicos gubernamentales no se involucran en un diálogo con sus pares del sector privado o de la academia para compartir y discutir, con franqueza y en un entorno estrictamente profesional, metodologías de medición o políticas. No se trata de someter los métodos de medición, mucho menos las políticas, a plebiscitos, sino de despejar dudas, aclarar fortalezas y debilidades de las mediciones, y superar la aparente endogamia en el nivel técnico gubernamental.
En el caso de las mediciones, los niveles de incredulidad con respecto a las cifras oficiales seguramente hubiesen sido mucho menores si en el sector privado y en la academia hubiese ciertos consensos sobre la razonabilidad de las metodologías. Eso sólo se consigue con diálogo.
Ministerio de Hacienda
Los datos que produce el Ministerio de Hacienda generalmente son respecto al nivel de gasto público, los ingresos y el endeudamiento, y son el resultado de registros administrativos. Siendo así, debería haber poca controversia.
A pesar de eso, persisten dudas sobre la calidad de los datos del balance fiscal y del endeudamiento. No pocos entendidos piensan que una parte del gasto y del endeudamiento no aparece en las estadísticas fiscales y de deuda. Incluso, los datos del ministerio respecto al gasto y al endeudamiento difieren de los del Banco Central, lo cual genera desconfianza hasta entre inversionistas que compran deuda dominicana.
Esta cuestión se le ha señalado a las autoridades de forma recurrente sin que se hayan dado respuestas satisfactorias ni se haya generado un diálogo técnico que ayude a despejar dudas, a reconocer limitaciones y a identificar rutas para la mejora.
Tan difícil como eso ha sido dialogar sobre política fiscal. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública a mediano y largo plazo, muy extendida en el sector empresarial y los sectores medios profesionales, son generalmente rechazadas con pocos miramientos o argumentaciones que convenzan. Ni hablar, por supuesto, respecto a temas aún más complejos y difíciles para el Gobierno como la calidad del gasto público.
Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía es un caso particular. Desde su creación, ha tenido una postura mucho más crítica que sus pares. Su vinculación con organismos internacionales, así como su misión relacionada con temas de desarrollo le obligan a ello. Por eso, si bien guardan ciertas formas, sus informes no son precisamente complacientes. Como ejemplos se pueden citar los informes de evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
No obstante, hay un área en que el ministerio está obligado a ir más allá de lo que lo ha hecho, y es en materia de la medición de la pobreza monetaria. Las cifras de reducción que han venido divulgado en años recientes están siendo recibidas con tanto escepticismo como las del crecimiento del PIB.
El alto crecimiento debe haber ayudado en reducir la pobreza monetaria. Pero los datos indican una reducción tan grande que el asunto merece muchas más explicaciones que las ofrecidas, tanto a nivel técnico como de la opinión pública. Igual que el Banco Central, el Ministerio de Economía debe dar un paso al frente, si quiere evitar una erosión de la credibilidad y del valor público de sus datos.
A muchos le sonará ingenuo, pero, si de lo que se trata es de lograr más credibilidad y reducir la desconfianza, el Gobierno debe abocarse a un diálogo técnico franco y continuo con el sector privado, la academia y la sociedad civil, debe reconocer más explícitamente los problemas persistentes y debe darse un discurso menos triunfalista y más en sintonía con la vida de los negocios y la gente común.
