“El hombre poderoso que une la audacia a la elocuencia se convierte en un ciudadano peligroso cuando le falta el buen sentido”
Eurípides
El 15 de julio, el embajador Díaz Ordóñez remitió directamente a su “ilustre Jefe y querido amigo”, el generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, un “memorándum confidencial” que comentaba las experiencias recogidas en Washington, especialmente en el seno de la OEA, en las semanas anteriores. Estaba redactado con el “ánimo” de que sus observaciones “puedan resultar de alguna utilidad” para la política exterior futura del Gobierno. Citaba los antecedentes de solicitudes de otros dos países –Panamá y Nicaragua-, que ese mismo año, el 28 de abril y el 4 de junio, respectivamente, habían invocado el Tratado de Río para conseguir la convocatoria del Órgano de Consulta.
El diplomático recordaba a Trujillo que en su oficio 418 del 5 de junio, al comentar la solicitud nicaragüense, anunciaba “lo lento y trabajoso que sería” para su país obtener una convocatoria igual. Este “memorándum confidencial” constituía una defensa de los argumentos sostenidos por la dictadura desde las expediciones de junio, pero era también un esfuerzo por adecuar la gestión diplomática dominicana a las nuevas correlaciones de fuerzas que se imponían en el contexto de las cambiantes realidades latinoamericanas. El curso de los acontecimientos en las distintas sesiones realizadas para conocer de las denuncias dominicanas había sido distinto al desenlace esperado. Las recomendaciones que Díaz Ordóñez dirigía ahora a Trujillo, reflejaban los sentimientos de frustración por ese fracaso, aunque habrían de resultar de una enorme utilidad para el Gobierno. Al analizar el proceso, el Representante ante la OEA explicaba que la nota del 2 de julio había culminado en una fórmula que, traducida a términos realistas, quería decir crudamente: “El Tratado de Río no se ha hecho para ser aplicado a petición de la República Dominicana”.
Eso era “monstruoso”, a su juicio, “pero ha sido una realidad”. Básicamente el problema consistía en la falta de respaldo, que parecía mostrar señales de que el régimen podría estar cayendo en una especie de aislamiento. En ese aspecto, el diplomático no podía ser más sincero. “Los embajadores–representantes ante la OEA, en su inmensa mayoría y a pesar de todos los esfuerzos inauditos que se hicieron para convencerlos, no quisieron convencerse de que estuvieron destruyendo la mejor arma de la paz interamericana y la más eficaz arma jurídica contra cualquier ataque de procedencia extracontinental”. Con ello, comentó el Embajador a Trujillo, “no sería exagerado decir que prestaron al comunismo una buena ayuda. Utilizaron nuestro régimen como cortina de humo para ocultar su traición al Tratado de Río, que es una manera de traicionar a América”. El segundo punto tenía que ver con el proyecto de convocatoria suscrito por Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, finalmente aprobado, en medio de lo que Díaz Ordóñez describía como “ofuscado ambiente”. Dicho proyecto era, en esencia, “un elocuente reconocimiento de que la petición dominicana no podía desaparecer sin ser sustituida por otra de igual o mayor importancia”. Tanto era así que, en principio, Cuba y Venezuela le habían negado su apoyo por considerarla “con razón, una continuidad lógica y natural de la primera”. Para satisfacción dominicana, según el diplomático, “se llegó al mismo objetivo propuesto, pero por una vía elegida por otros”. No todo marchaba, sin embargo, a plenitud. La lentitud “sospechosa y tacaña” que, según el dominicano, el Consejo aplicara a la petición de su país “proyectó su pecadora influencia sobre el nuevo pedimento”, presentado por los cuatro estados mencionados el 10 de julio.
La prueba de esa lentitud la daba el hecho de que no sería hasta el día 13, después de transcurridas setenta y dos horas, cuando el Consejo decidió por unanimidad la Reunión de Cancilleres, en contraste con el caso de Panamá, en abril de ese mismo año, “atendido con ostensible mayor rapidez y dinamismo”. Frente a la solicitud dominicana, según Ordóñez, “no sería aventurado afirmar que el Consejo actuó con notable, escandalosa y culpable parcialización casi colectiva”. Desde luego, eso había sido advertido en varias de sus intervenciones en las últimas semanas, como constaba en las actas. Aquella parcialización se acentuó en la sesión del día 13, cuando el presidente Escudero, “muy sensible a los elogios personales” del canciller Roa, iniciara la sesión “con palabras más cubanas que ecuatorianas, más barbudas que ecuánimes, más parcialistas que justas”. Esta conducta del Consejo, observaba Díaz Ordóñez, podía evidentemente obligar a la República Dominicana a replegarse, “con mayor razón que nunca”, en las prescripciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y del Tratado de Río, que “legalizan y justifican el pleno ejercicio de la legítima defensa, supremo recurso de aquellos a quienes se les ha negado un derecho indiscutible”. Lo que seguía a continuación, aunque matizado de prejuicios ideológicos, era un amplio y sopesado análisis de las posibilidades de la dictadura, con vista a la adopción de una más promisoria política exterior en el porvenir.
En las proximidades de una conferencia ministerial para considerar las tensiones prevalecientes en el Caribe, las observaciones y sugerencias del embajador ante la OEA tenían en ese momento una importancia extraordinaria para Trujillo. Por ejemplo: “Los alientos que la conducta del Consejo, consciente o inconscientemente, con o sin pretextos, ha dado a las influencias comunistas, ha producido consecuencias que podrían sobrevivir a la caída próxima de Fidel Castro. Eso debería ser bien examinado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos debieran comprender que la Tercera Guerra Mundial de este siglo está llegando a su término. Comenzó sin que nadie se diera cuenta y puede estar a punto de resolverse contra nuestro Mundo Libre. Mientras la mirábamos como acontecimiento futuro, se nos transformó entre las manos, inadvertidamente, en algo irremediablemente presente, y casi ya irreparablemente pasado. La astucia moscovita ha invertido el orden clásico de la guerra.
Antes se iba a las batallas para obtener una victoria que permitiera la imposición de ventajas políticas. Los rusos han impuesto primero sus ventajas políticas (en Asia, en Medio Oriente, en Europa Central y han estado a punto de obtenerlas ya, también, en la zona del Caribe). En esa posición ya no tienen ellos necesidad de guerrear, a menos que se quiera despojarlos de aquellos triunfos. Todo esto debiera ser dicho, si se puede decirlo, por una voz más fuerte que la de la República Dominicana, a quienes orientan la actual política exterior norteamericana”. Resultaba fundamental desde un punto de vista práctico entender esta nueva realidad para forjar una política exterior adecuada y eficaz a los intereses del régimen trujillista. De ahí que Díaz Ordóñez insistiera en el complejo asunto de la confrontación Este-Oeste y la Guerra Fría. La guerra a la que él hacía mención era una en la cual “las armas políticas se adelantaron con terrible eficacia a las armas militares”. Todo el aspecto político de aquella tercera conflagración era cosa ya cumplida y realizada, como lo demostraban las dominaciones practicadas por Rusia en el Hemisferio Oriental y lo que definía como “profunda impregnación de sus sistemas que ya se empinan encabritados y amenazantes en el Hemisferio Occidental”. En definitiva, si de aquella tercera guerra quedaba algo pendiente, era sólo el aspecto militar. Ya Rusia contaba con el “sólido basamento de esa victoria política, en la cual, dentro de una paz sin paz y dentro de una guerra sin guerra, la hemos dejado avanzar tanto”. Como consecuencia de ello, Díaz Ordóñez advertía a Trujillo que el Mundo Libre se vería obligado “a multiplicar extraordinariamente sus esfuerzos y a exponerse peligrosamente a serias adversidades para poder recuperar parte de lo que hace pocos años le hubiera costado un esfuerzo muchísimo menos costoso en todos los sentidos”. Se hacía evidente, pues, que esa tercera guerra estaba perdida.
La única posibilidad radicaba en ganar la siguiente. En su “memorándum confidencial” Díaz Ordóñez, explicaba qué debía hacerse para conseguirlo: “Si, de acuerdo con esas consideraciones, se pudiera aceptar como cumplida la amarga realidad de que el Mundo Libre no ha ganado la Tercera Gran Guerra Mundial, no quedará otro recurso que el de estudiar el vasto y complejo plan que nos permita ganar la Cuarta Guerra, que es la que realmente tiene ahora características de cosa futura”. El Representante ante la OEA prevenía, asimismo, acerca de los efectos de la convocatoria a una conferencia de cancilleres, señalando que la parte dispositiva de la resolución del 13 de julio “no añaden en lo absoluto nada nuevo a las obligaciones ya cometidas en la Carta y en los instrumentos interamericanos que obligan a todos y cada uno de los estados”. En consecuencia, el Gobierno debía tener en cuenta que aquello que pudiera serle exigido a la República Dominicana “será igualmente exigible frente a Cuba y Venezuela”. En su futuro trato con otras naciones del Continente, el Gobierno tenía que tomar en cuenta una serie de factores, históricos y geográficos que determinaban las tendencias integracionistas de la región y que, con toda probabilidad, se harían sentir en la cita de cancilleres. Esta parte del memorándum de Díaz Ordóñez a Trujillo, contiene elementos de incalculable valor para la época: “La parte acre de toda experiencia es que esta no se obtiene sino después que los hechos están irreversiblemente cumplidos. Nuestra acusación conjunta y simultánea contra Cuba y Venezuela produjo automáticamente el alineamiento del grupo de amigos de Cuba con el grupo de amigos de Venezuela. Para toda contingencia futura deben ser tomados en cuenta los nexos históricos del grupo bolivariano (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Existen tres subgrupos regionales que, en el fondo, actúan a veces con tácita solidaridad: en el sur, Argentina, Brasil y Chile, por una parte, y el grupo bolivariano, por otra parte; y en la América media, el grupo centroamericano”. En líneas generales, ese era el ambiente “a cuya sombra” actuaría la reunión de ministros.
Díaz Ordóñez era de opinión que si los Estados Unidos “no se mueven en actitud despierta frente al reto comunista, esa reunión podrá degenerar en un cónclave ateneístico de tendencias ético-políticas para llegar a recomendaciones inocuas”. Lo mejor para el régimen de Trujillo sería entonces poder evitar que esa conferencia “se convierta en una lucha de uno solo contra casi todos”, como, a su juicio, había ocurrido ya en el Consejo de la OEA. Mientras durara la reunión ministerial, el Gobierno debería mantener su más alerta atención en Washington, tanto por la embajada ante la Casa Blanca, como por la delegación ante la OEA. Esa era, a juicio del embajador ante ésta última, la única posibilidad que quedaba a Trujillo, a menos de un mes del inicio de la Quinta Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos. Si contando con los elementos de juicio esbozados en el memorándum los Estados Unidos no eran convencidos de aprovechar la reunión para investigar exhaustivamente la presencia del comunismo en el Caribe “y cualquier otra zona americana”, la República Dominicana no podía esperar mucho de lo que sucedería dentro de poco. Las oportunas observaciones de Díaz Ordóñez agradaron a Trujillo. Diez días después de haberlas remitido por valija diplomática desde su sede en Washington, el vicepresidente Balaguer le escribió para informarle que el Generalísimo “se ha impuesto con interés” de todos sus pormenores. A mediados de la segunda quincena de julio, el Consejo de la OEA parecía preparado para dar paso al debate, no menos delicado que los anteriores, para la aprobación del temario de la conferencia de ministros. A sugerencia de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, el programa tentativo incluía cuatro aspectos fundamentales.
Estos eran: 1. Consideración a la luz de los principios y normas que rigen el Sistema Interamericano de la situación de tensiones políticas en la región del Caribe, con el fin de mantener la paz en América. 2. Observancia efectiva de las obligaciones de los Estados Americanos en relación con los principios de no intervención y de no agresión. 3. Fortalecimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa y del respeto de los derechos humanos, y; 4. Perfeccionamiento de los instrumentos y procedimientos interamericanos para prevenir situaciones que puedan perturbar la paz o para solucionar aquellas que pudieran amenazarla. La Comisión Preparatoria designada por el Consejo para conocer de estos asuntos fijaba para el 27 de julio a una sesión especial para conocer la opinión de los gobiernos sobre los puntos citados y llegar a un acuerdo final con relación a la agenda de la conferencia de Santiago de Chile, cuya fecha de inicio debería ser establecida también. En un oficio al presidente “Negro” Trujillo, marcado con el número 3916, del 21 de julio, el canciller Herrera Báez estimaba que los temas propuestos “permitirían hacer un estudio exhaustivo de la situación del Caribe a la luz de los principios y normas que rigen el Sistema Interamericano”, por lo que se proponía instruir a la representación ante la OEA para que lo aprobara “haciendo una declaración en el sentido de que los puntos abarcados por dicho programa permitirían considerar el grado de infiltración del comunismo internacional en América y las consecuencias perturbadoras de la misma en el Continente”. El presidente “Negro” Trujillo aprobó la sugerencia del canciller, según le comunicaría dos días después el Secretario de la Presidencia, Luis Ruiz Trujillo, mediante un escueto oficio. Sin embargo, las cosas presentaban otra cara en Washington.
El día 24, el embajador Díaz Ordóñez informaba acerca de una sugerencia de Brasil para que los gobiernos “se consulten entre sí de antemano las proposiciones que se piensen presentar”, siempre encuadrando las mismas con las finalidades expresadas en la resolución contentiva de la convocatoria a la conferencia. Esa moción contaba con el apoyo de catorce delegaciones, y a juicio del embajador no presentaba inconvenientes a la posición dominicana. No sucedía aparentemente lo mismo con la postura externada ahora por Estados Unidos, Perú y el mismo Brasil, inclinados a que el resultado final de la reunión consistiera en una sola declaración general. Ecuador, por su parte, había solicitado la supresión total del tema cuatro, sugerido para la agenda, relacionado con el perfeccionamiento de los instrumentos para prevenir situaciones que pudieran perturbar la paz. La anulación de este punto del temario reduciría las aspiraciones del gobierno de Trujillo de conseguir una condena de Cuba y Venezuela fundamentada en sus graves acusaciones de agresión armada. Una propuesta venezolana encaminada a que se examinara en la próxima reunión la conducta política de los gobiernos respecto del cumplimiento de dos principios fundamentales del Derecho Internacional Americano: el ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto de los derechos humanos, preocupó profundamente a la Cancillería dominicana.
El tema sugerido por Venezuela a finales de la penúltima semana del mes de julio planteaba el estudio de las medidas que habrían de tomarse contra los gobiernos en los casos de incumplimiento de esos principios. El canciller Herrera Báez dirigió el 24 de julio un cablegrama al embajador Díaz Ordóñez, con las instrucciones a seguir en el debate de este tema, cuya discusión resultaba muy sensible para régimen trujillista. Se debía oponer a que el tema fuera incluido por el Consejo en la agenda de la conferencia, en razón de que ya los objetivos perseguidos estaban contemplados en otros puntos sugeridos con anterioridad, como era el número tres de la agenda tentativa que habría de conocerse el día 27. La oposición se basaba en la creencia de que la fórmula venezolana “entraña una contradicción inadmisible con una norma del Derecho Internacional Positivo Americano, como la no intervención, que ha sido consagrada como tal por un largo y laborioso proceso de codificación”. Esta norma contaba con un largo expediente de rigurosa observancia, tanto en lo que concernía a su fórmula substantiva consagrada por el artículo 15 de la Carta y sus antecedentes, el artículo 8 de la Convención de Montevideo de 1933 de Derechos y Deberes de Estados, el Protocolo de No Intervención de Buenos Aires de 1936 y sus corolarios, como son la Convención de La Habana de 1928 sobre Derechos y Deberes de los Estados en casos de Luchas Civiles y el Protocolo Adicional de 1958. La no intervención era, según recordaba Herrera Báez a Díaz Ordóñez, el “objetivo principalísimo” de la conferencia ministerial próxima a iniciarse.
La diplomacia de Trujillo se aferraba a esa norma jurídica con desesperación. “Toda promesa tendente a la fiscalización del orden político interno de un gobierno plantea una flagrante violación del principio de no intervención. La fórmula venezolana aboga por una modalidad igualmente censurable de intervención, o sea, la intervención colectiva en los asuntos internos de los Estados, y no se propone otra cosa que propiciar inútilmente la resurrección del cuerpo muerto y sepultado de la tesis Larreta y otras fórmulas intervencionistas superadas por las más genuinas expresiones del Derecho Positivo Americano”. Otra razón por la que la Cancillería Dominicana se oponía a la iniciativa venezolana residía en el concepto de que prejuzgaba la solución de una materia de infinita complejidad que no correspondía, además, a la competencia constitucional de una Reunión de Consulta de Cancilleres. De acuerdo con las instrucciones transmitidas al delegado ante la OEA, la aprobación del tema propuesto por la nación sudamericana “distraería y confundiría el propósito cardinal de esa reunión de tanta trascendencia para los fines inmediatos y preponderantes para la paz y la seguridad de América”. Mal podía entonces abogarse por acciones colectivas “en una materia que está muy lejos de haber llegado a la etapa necesaria de cristalización o madurez que permita considerarla como susceptible de ser fiscalizada mediante procedimientos sancionantes”.
Esto era aún más inadmisible, según Herrera Báez, por cuanto “todavía se da el caso infortunado en América” de gobiernos que se declaran en rebeldía contra los procedimientos clásicos de arreglo pacífico que constituyen, junto con las normas de no intervención, “las únicas fuentes verdaderamente positivas del Derecho Internacional Americano”. Las misiones diplomáticas dominicanas en el exterior continuaban registrando una inusitada actividad. Una de las más entusiastas parecía ser la embajada en Brasil. En el lapso comprendido entre la última semana de julio y la primera de agosto, el embajador Julio Vega Battle envió a la Cancillería numerosos reportes sobre sus propias gestiones y de actividades de enemigos del Generalísimo. El 30 de julio, Herrera Báez puso al Presidente en conocimiento de un informe de Vega Battle acerca de las actividades de un grupo de funcionarios y congresistas venezolanos ante el Gobierno de Brasil. En uno de sus párrafos, el informe decía lo siguiente: “El día 8 de los corrientes (julio) llegó a Río de Janeiro el nombrado Rafael Caldera, presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, en ruta hacia Montevideo, donde asistirá a un congreso latinoamericano de sociología. Hizo declaraciones a la prensa, especialmente en lo relacionado con el plan de reforma agraria de su país. Declaró asimismo que había traído un mensaje de buena voluntad de (Rómulo) Betancourt para (el presidente Juscelino) Kubitschek. Pude enterarme de lo siguiente: que en ese momento Rómulo reitera su solicitud de que el Brasil apoye la actitud de Caracas en los problemas del Caribe, y supe asimismo que Kubitschek le respondió en la misma forma que lo hiciera hace un mes, cuando el Canciller venezolano le hizo igual solicitud: que la política internacional del Brasil se rige por el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros países y por el propósito de mantener lazos de cordialidad con los Gobiernos con los cuales sostiene relaciones diplomáticas”. El 3 de agosto, Vega Batlle hizo llegar a la Cancillería otra comunicación referente a las actividades venezolanas frente al gobierno brasileño. “Ha llegado a mi conocimiento que acaban de salir de Caracas tres delegaciones que visitarán diversas capitales de este Hemisferio para presentar a los pueblos de América la tesis venezolana de que solamente las naciones dirigidas por gobiernos democráticos puedan ser miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). También he sabido que la delegación que viene a Brasil está compuesta por profesores universitarios, un diputado, varios estudiantes universitarios y un exiliado dominicano residente en Caracas. El grupo se propone visitar también Uruguay, Argentina y Chile. Estoy tratando de averiguar detalles acerca de este asunto, y ya he comenzado a hablar con funcionarios de Itamaraty, para contrarrestar y neutralizar esta actividad venezolana”. No era Vega Battle el único de los embajadores preocupado por la intensa campaña venezolana contra Trujillo. Para la misma fecha, la embajada en Colombia reportó que al anunciarse los nombres de los integrantes de la delegación de Venezuela a la conferencia de Cancilleres, el gobierno de Betancourt había afirmado su decisión de enviar con ella “un Libro Blanco con serias acusaciones” contra el régimen dominicano. A medida que se aproximaba la fecha de la conferencia ministerial fue creciendo el temor de las autoridades trujillistas con respecto a cómo repercutirían en ella las acciones no sólo de los gobiernos rivales, que según se anticipaba serían muchas, sino de los dirigentes del disperso pero activo exilio.
El sábado 25 de julio esta “preocupación” fue uno de los objetivos principales de una entrevista oficial entre el embajador Díaz Ordóñez, quien estuvo acompañado de otro miembro de la delegación, el doctor Luis Galván, y el representante de Estados Unidos ante la OEA, John C. Dreier, en la sede del Departamento de Estado, en Washington. En el reporte que hiciera de la misma al día siguiente, en una carta a su “querido amigo” el vicepresidente Balaguer, Díaz Ordóñez señalaba lo siguiente: “Existe preocupación en cuanto a que los escandalosos del momento quieran transformar aquello (la conferencia de Santiago) en una tribuna de su propaganda artera y venenosa. Se confía en que el Gobierno de Chile tome medidas conducentes a dar a la Reunión ambiente de dignidad y respeto”. Frente a tales esperanzas existía, como bien se sabe y se conoce, según el embajador dominicano, “el desenfreno de los demagogos que allí estarán presentes”. Aparentemente, la posibilidad inquietaba tanto al gobierno de Trujillo como a los Estados Unidos. Por otra parte, Díaz Ordóñez se refería a que la Cancillería le había dado a entender que debía estar preparado para trasladarse a Chile, en ocasión de la cita ministerial, cuya inauguración estaba fijada ya para el 12 de agosto. Aunque no se le diera a entender en qué condición o calidad asistiría, él se proponía acudir en compañía de su esposa. “Ella sabrá ayudarme allí”, escribió Díaz Ordóñez al vicepresidente Balaguer, “como lo ha hecho aquí (en Washington) en estos últimos meses de lucha casi solitaria”. El Embajador confesaba carecer de recursos para costear el viaje de su esposa y suplicaba la ayuda de su amigo: “…, la abundante escasez (como diría tu colega Cervantes) de mis recursos, me obliga a suplicarte que interpongas tus amistosos oficios para que la Cancillería, al situarme fondos para pasaje y gastos, tome en consideración que se trata de dos personas”. Seis días después Balaguer le respondió a su “querido Virgilio”: “El Jefe ve complacidamente que tu distinguida esposa te acompañe en tu viaje a Chile y al efecto se han dado a Relaciones Exteriores las instrucciones correspondientes, de acuerdo con los deseos que expresas en la carta antes citada”.
La razón principal de la entrevista entre Dreier y Díaz Ordóñez se relacionaba igualmente con el más reciente planteamiento de Cuba ante el Consejo. El viernes 24 de julio, el representante cubano doctor Leví Marrero había comunicado al organismo el interés del Gobierno Revolucionario de incluir en la agenda de la conferencia el tema del subdesarrollo económico. En su reporte del caso a la Cancillería, mediante su oficio número 569 de la misma fecha, el delegado dominicano advertía sobre el intento de Cuba de “enredar” la reunión, replanteando “la bizarra declaración” que ya había formulado en Buenos Aires el primer ministro Fidel Castro. La aspiración de introducir el tema del subdesarrollo económico en la Conferencia de Chile, a juicio del delegado de Trujillo, “no ha podido agradar ni a los Estados Unidos ni a Brasil. Al primero, porque Fidel Castro señaló la conveniencia de que los Estados Unidos se desprendieran de treinta mil millones de dólares de sus fondos oficiales. Al segundo, porque eso equivaldría a darle rumbos cubanizantes a su Operación Panamericana”. Para sostener su propuesta, el doctor Marrero indicaba que la experiencia actual de su propio país, al igual que la de muchos otros, “hace perfectamente claros para nuestro Gobierno los obstáculos que para el desarrollo de las instituciones democráticamente libres de América Latina crea el subdesarrollo económico, freno al libre acceso al bienestar y muralla defendida con desesperada ferocidad por los intereses más sórdidamente negativos”. El delegado cubano citaba párrafos del discurso pronunciado en Buenos Aires por Castro. Uno de ellos decía lo siguiente: “Los gobiernos democráticos que constituyen la mayoría de los aquí representados, conocen los peligros que el gobierno representativo, democrático, constitucional de cada uno de sus pueblos está corriendo como consecuencia de los problemas del subdesarrollo… La inestabilidad política de los gobiernos y de los pueblos de América Latina en estos tiempos no es la causa del subdesarrollo, sino la consecuencia del subdesarrollo”. Según lo presentaba el representante de su país, en la citada oportunidad el primer ministro cubano había pronunciado también respecto a la importancia del tema propuesto, el contenido de los párrafos que leyó a los demás delegados ante el Consejo. Estos eran: “Todos conocemos los esfuerzos ingentes de los pueblos de América Latina en los últimos diez años para librarse de las dictaduras militares. Todos estamos conscientes de las esperanzas que esos sacrificios han despertado en nuestros pueblos y que el triunfo de los regímenes democráticos ha despertado en la conciencia de América”.
“Todos nos hemos hecho la nueva ilusión de que las tiranías van desapareciendo de la faz de nuestro continente. Sin embargo, la realidad es que nadie sería capaz de afirmar cuánto tiempo de existencia se le calcula a esta era de despertar democrático, que tanto sacrificio costó, y cuánto pueden durar los gobiernos constitucionales arrinconados entre la miseria, que provoca todo género de conflictos sociales, y la ambición de los que esperan el momento oportuno para apoderarse de nuevo del poder por la fuerza. No veo cómo pueda separarse el problema político del económico”. La iniciativa cubana no tendría éxito. En su reunión del 31 de julio, el Consejo de la organización regional aprobó el programa definitivo para la Quinta Reunión de Consulta, reduciendo el temario a sólo dos, de cuatro temas originalmente sugeridos, y dejando a un lado la cuestión del subdesarrollo económico. El primer punto de la agenda aprobada se refería a la situación de tensión internacional en la región del Caribe. Con el propósito de preservar la paz en el continente, este tema debía de discutirse en sus aspectos generales y múltiples, a la luz de las normas y principios del Sistema Interamericano “y de los medios para asegurar la observancia por los Estados de los principios de no intervención y no agresión”. El segundo tema se refería al ejercicio de la democracia representativa y respeto de los derechos humanos. La amplitud del tema abarcaba los puntos siguientes: a) estudio doctrinario, teniendo en cuenta el mantenimiento estricto del principio de no intervención; de la posible relación jurídica entre el respeto efectivo de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia representativa y la facultad de poner en marcha los mecanismos previstos por el Derecho Internacional Positivo Americano; b) Procedimiento que permita apreciar el cumplimiento de esos dos principios fundamentales y las medidas que debían tomarse en los casos de incumplimiento de esos principios. El tema uno había sido aprobado a unanimidad. En cambio, el número dos lo fue solo en su parte “ejercicio efectivo de la democracia representativa y respeto a los derechos humanos”. El acápite a) del tema número dos fue acogido con los votos en contra de Brasil y la República Dominicana. Mientras que el acápite b) fue aprobado sin los votos de República Dominicana, Brasil y Argentina. El tema presentado por Cuba fue rechazado con votación de ocho en contra, cuatro a favor y nueve abstenciones. Díaz Ordóñez informaba a su Cancillería que “el disgusto de Cuba por la derrota de su proposición se manifestó al declarar que se reservaba el derecho de no asistir a la Reunión de Santiago”.
El cinco de agosto, el Consejo encontró una fórmula intermedia para evitar la ausencia de Cuba. Durante una reunión calificada de “informal” se daría a conocer la aprobación de un nuevo proyecto de resolución auspiciado por Colombia, Brasil, Honduras, México, Panamá y Venezuela, que dejaba constancia de que el tema del subdesarrollo económico e inestabilidad política, propuesto por el Gobierno de Cuba para su inclusión en el programa de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, quedaba comprendido en el punto número uno del programa. El disgusto era ahora de la Representación dominicana, que veía en esta iniciativa un triunfo cubano. Entre finales de julio y los primeros días de agosto quedó inicialmente estructurada la delegación dominicana a la Conferencia de Chile. Además del canciller Porfirio Herrera Báez, quien la presidiría, quedaría integrada por las siguientes personas: Virgilio Díaz Ordóñez, embajador ante la OEA; licenciado Temístocles Messina, embajador encargado de la División de Asuntos de la ONU, de la OEA y Conferencias Internacionales; doctor Armando Oscar Pacheco, embajador encargado de la División para Asuntos del Caribe, como consejeros del Representante Plenipotenciario. El doctor Enriquillo Rojas Abreu, secretario de primera clase, encargado de negocios, de la República en Chile, asistiría como secretario de la delegación. La completarían el doctor Rafael Augusto Pinedo, ayudante del Departamento Administrativo y Rafael B. Lantigua, auxiliar especial, ambos de la Cancillería, en calidad estos dos últimos, de auxiliares de la delegación. En la primera semana de agosto se añadieron a la delegación los nombres de los embajadores doctor Enrique De Marchena, representante ante las Naciones Unidas; doctor Marcial Martínez Larré, embajador en México; y Franz Baehr, embajador en Perú, en calidad de consejeros del presidente de la delegación.
Para gastos de representación, agasajos, suite, alquiler de automóvil y otras atenciones, se proveyó al canciller Herrera Báez de la suma de seis mil dólares. A cada uno de los seis consejeros se entregaron dos mil quinientos dólares para gastos de representación y permanencia. Al secretario doctor Rojas Abreu se le dieron quinientos dólares para los mismos fines. A los auxiliares Pinedo y Lantigua correspondieron mil dólares a cada uno, con seiscientos adicionales a favor del primero para el “pago de exceso de equipaje por transportación de documentación y material de trabajo”. Finalmente, se agregó a la delegación en calidad de periodista al señor R. Yépez Alvear, para quien se aprobaron dos mil dólares de gastos de permanencia. En total, con cargo al símbolo G 30101 del presupuesto vigente correspondiente a la Cancillería, para cubrir los gastos oficiales del viaje y mantenimiento de la delegación a la Conferencia de Chile, el Gobierno dominicano erogó la suma de RD$36,459.36. En esa época, la moneda nacional, o sea el peso, se cotizaba a la par con el dólar estadounidense. Yépez Alvear, el único extranjero en la delegación oficial dominicana, se unió al grupo en Santiago de Chile. Era un cabildero internacional de Trujillo, de nacionalidad, según se cree, argentina, que llegó a residir por un tiempo en la República Dominicana, donde instaló una pequeña agencia de publicidad. Alto, de cara redonda y calvo, se creía que su agencia era una especie de “tapadera” de sus verdaderas funciones de agente trujillista.
Se desconoce cuál fue el verdadero papel de esta extraña y misteriosa figura en la Conferencia de Cancilleres.
