“La desdicha de los fuertes no proviene de los que son más fuertes sino de los que son más débiles”
Friedrich W. Nietzche
En medio de una atmósfera tensa, los Representantes de las naciones de la OEA acudieron en la tarde del viernes 10 de julio a la sesión extraordinaria del Consejo. Siguiendo las pautas de las sesiones anteriores, los debates iniciales estuvieron cargados de ataques y contraataques entre las partes.
Desde un principio, sin embargo, se hizo claro que la iniciativa de Estados Unidos, Chile, Brasil y Perú, de propiciar una salida al impasse mediante la convocatoria a una conferencia ministerial que conociera, de forma global, la situación de crisis en el Caribe, terminaría dominando el temario del día.
Como cabía esperar en ese clima de aspereza, la atención se centró en el discurso del Representante de Estados Unidos, John C. Dreier, quien afirmó que el Gobierno norteamericano había estado considerando desde hacía algún tiempo la conveniencia de sugerir una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores conforme a la Carta de la OEA. Llegaba, pues, el momento de proceder a realizarla.
Según Dreier, esa reunión daría oportunidad no sólo para considerar el problema de las tensiones actuales en el área del Caribe. Sobre todo, ofrecía a los gobiernos un espacio para la cooperación a través de la OEA. Mediante esa cooperación podía aspirarse a una restauración de la paz y la seguridad, la confianza y las relaciones amistosas entre los estados socios del sistema.
“Los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que este es el momento de proceder a un estudio general de esta naturaleza”, dijo. “Por consiguiente, nos ha sido grato unirnos a los gobiernos de Brasil, Chile y Perú para proponer la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores”. En opinión de Washington, el examen de la situación del Caribe podía hacerse así desde una perspectiva o frente amplio.
Dreier hizo esfuerzos para aquietar a Cuba y a Venezuela, asegurándoles que su objetivo “no sería formular o juzgar acusaciones de un país contra otro”. La tarea de los ministros sería más bien revisar los informes y declaraciones puestos a disposición de los gobiernos y de la OEA, sobre los temas generales de las tensiones en el área. La idea consistía en examinar la causa de ellas y sugerir medidas que refuercen los principios en que se basa la OEA. Esos principios, según aceptaban todos los países, eran esenciales para la existencia de cualquier sistema de relaciones internacionales cooperativas en el hemisferio.
Resultaba evidente, como lo reconocía el delegado norteamericano, que algunos de esos principios básicos estaban corriendo riesgos en la situación por la que se reunía nuevamente esta tarde el Consejo. Uno de ellos, tal vez el más importante, era el de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Dreier dijo: “La participación de elementos extraños en los esfuerzos por derribar gobiernos de esta área del Caribe constituye una definida amenaza a ese principio”. Si se consentía su violación en la presente crisis, volverían a ser violados en mayor escala en el futuro. En tales condiciones, agregó, “los fundamentos de nuestra estructura se derrumbarán rápidamente”.
Otro principio básico del sistema regional en trance de peligro lo constituía el de la seguridad colectiva, tal y como había sido formulado por la Carta de la OEA y el Tratado de Río. El punto de vista norteamericano sobre esta cuestión quedaba así expresado:
“La OEA ha desarrollado un sistema sin paralelo en el mundo para garantizar la seguridad contra la agresión. Este sistema se aplica a todos los miembros de la Organización. Mi Gobierno considera que el Sistema Interamericano de paz y seguridad, que es lo suficientemente flexible y amplio para hacer frente a cualquier tipo de situación que afecte la seguridad de un Estado miembro y la paz del continente, debe ser en todo tiempo sustentado y hecho efectivo si es que nuestras relaciones interamericanas deben perdurar”.
Un tercer elemento parecía también estar en juego y éste era el relacionado directamente con la estabilidad y el futuro de la democracia en la región. “Existe un asunto de principio que afecta la situación del Caribe y que se refiere a un deseo del pueblo de este Hemisferio por un ejercicio efectivo cada vez mayor de la democracia representativa”, expresó Dreier. “Mi Gobierno tiene la creencia profunda de que la democracia política es la forma más deseable de gobierno para un pueblo que desee vivir en libertad y dignidad. Nosotros compartimos los deseos de aquel pueblo que dice ver que el ejercicio de la democracia es aquel más conveniente”.
El problema consistía, sin embargo, en que las revoluciones contra regímenes autoritarios “no tienen como consecuencia necesaria la realización de la perfecta democracia”. El desarrollo de este sistema de vida política, según el delegado estadounidense, dependía de muchos factores de naturaleza cultural, histórica y económica, que se cohesionan en el complejo político de un Estado. Sobre todo, la democracia era un beneficio que cada pueblo debía procurarse por sí mismo.
Los Estados Unidos, con el discurso de su delegado, dejaban clara constancia de su convicción de que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a las que conferían prioridad en un sistema de justicia y de derecho, resultaban esenciales para el crecimiento de la democracia en esta parte del mundo. No podían concebir, por tanto, que la democracia pudiera florecer en una zona como la del Caribe, “donde los estados estén sometidos a constantes tensiones que requieran la distracción improductiva de recursos económicos y humanos para fines militares”. Por consiguiente, entendían que el progreso democrático estaba asociado, entre otros factores, al cumplimiento estricto de esos principios básicos de no intervención y de seguridad colectiva.
La solución del problema del Caribe competía, pues, a la OEA. Los Estados Unidos se inclinaban, por esa razón, a que la entidad encarara francamente la crisis a través de una Reunión de Consulta de Cancilleres. Pero no era ésta una posición inflexible. El Gobierno norteamericano, según Dreier, estaba preparado para considerar cualquier propuesta que otros Estados miembros estimaran digna de consideración, conforme a los principios y procedimientos de su propia carta constitutiva.
El problema, sin embargo, parecía más complicado de lo que Estados Unidos podía estimar. Aunque no mencionaba las acusaciones dominicanas, el proyecto de resolución de los cuatro países dejaba este asunto sin zanjar. Cuba y Venezuela no estaban dispuestas a aceptar ningún tipo de convocatoria que pudiera interpretarse como una aceptación tácita de la nota del Gobierno de Trujillo presentada al Consejo el 2 de julio.
Las objeciones salieron a relucir de inmediato. El canciller Roa y el embajador Falcón Briceño reiteraron sus amenazas de abstención y de posible retiro de la entidad hemisférica.
En medio de la más acalorada discusión, el Representante dominicano tenía reservada una sorpresa. Díaz Ordóñez comenzó elogiando la actuación del Presidente del Consejo y el papel como guardián de la paz que corresponde desempeñar a la OEA, para concluir: “Como una demostración más del respeto que la República Dominicana dedica al Sistema Interamericano y como una prueba más de la confianza y devoción que mi país deposita en esta organización que todos los estados contribuimos a estructurar con tanto esperanza y con tanto fervor, declaro personalmente, en cumplimiento de instrucciones recibidas de mi Gobierno, que la República Dominicana decide dejar sin efecto su nota presentada al señor Presidente del Consejo en fecha 2 de ese mes, en cuanto dicha Nota persigue la convocatoria del Órgano de Consulta prevista en el Tratado de Río”.
El retiro de la solicitud dominicana tuvo en la sala el efecto de un explosivo. El delegado venezolano recordó que Trujillo había lanzado sus acusaciones ocho días atrás en forma de llamada urgente de ayuda contra la amenaza de invasión. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido “no ha habido baños de sangre, ni la República Dominicana ha escuchado el zumbar de los aviones venezolanos. Eso demuestra la falta de seriedad de los cargos”.
Le tocó luego el turno al ministro Roa, quien atacó duramente al Gobierno de Trujillo por pretender “jugar con el Consejo” de la OEA al presentar cargos sin fundamento alguno contra los gobiernos de dos países miembros. Roa dijo que el dictador dominicano se veía precisado a retirar sus acusaciones “porque sabía que no encontraría en las naciones americanas apoyo a las mismas”. En los ocho días en que mantuvo su acusación no logró contar con los votos suficientes para lograr sus propósitos. El nombre de Trujillo era ya sinónimo de “agresión y repulsión” en el Hemisferio. El canciller cubano reiteró las acusaciones contra la dictadura quisqueyana de violación a los derechos humanos.
Retirada la moción dominicana, la sesión pasó a considerar la propuesta de los cuatro países, que sus patrocinadores definieron como “una fórmula de advenimiento” frente a la delicada y difícil situación creada en el organismo. Falcón Briceño dijo entonces que su país insistía en que se separara este nuevo proyecto de convocatoria de una conferencia ministerial de las graves acusaciones dominicanas. Idéntica postura exhibió el delegado cubano. El representante de Estados Unidos recomendó que se votara inmediatamente por la propuesta, pero el canciller cubano advirtió que ese país sólo aceptaría asistir a ese evento si se establecía una radical separación del mismo con los cargos formulados por Trujillo.
El delegado chileno, Walter Miolán, anunció que su Gobierno estaba dispuesto a actuar de anfitrión de la conferencia, si ésta era finalmente aprobada. Y en un evidente esfuerzo de mediación, dijo que la proposición presentada conjuntamente con Estados Unidos, Brasil y Perú era “totalmente independiente” del caso dominicano, aunque reconocía la existencia de tensiones en el Caribe, sin prejuzgar el origen de las mismas. El embajador Miolán pidió que fuera aceptado el ofrecimiento del Gobierno de Chile para servir de sede a la conferencia ministerial, entendiendo que esta sería positiva para el restablecimiento de la paz en la región del Caribe.
Cuando parecía que la sesión estaba a punto de estancarse, Venezuela propuso una suspensión hasta el lunes siguiente, 13 de julio, para continuar debatiendo la posibilidad de convocar a una conferencia de cancilleres con arreglo a la Carta de la Organización. La moción fue aprobada por doce votos a favor y tres en contra, con seis abstenciones. Estados Unidos, Haití y la República Dominicana votaron en contra.
Nada ofrece una idea tan gráfica de cómo las pasiones dominaban estos debates como el oficio número 525, remitido al día siguiente por el embajador Díaz Ordóñez al canciller Herrera Báez, explicando la manera en que se había desarrollado la sesión. Al iniciarse ésta, escribió el representante dominicano, “Cuba y Venezuela (Roa y Briceño) se relamían de gusto anticipándose al paladeo del triunfo de la proposición de Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú, encaminada a la reunión de Cancilleres de acuerdo con los artículos 39 y 40 de la Carta. Cuba y Venezuela se proponían solidarizarse con esa proposición de que, según creían, aplastaría el pedimento dominicano para capitalizar así en su favor el triunfo de una idea ajena”.
El oficio de Díaz Ordóñez presenta el retiro de la nota dominicana como una estratagema brillante, que estuvo fuera del alcance de las posibilidades de cálculo de sus rivales. “Con esa intención iniciaron a dúo sus acostumbradas descargas oratorias, sin duda, para provocar las también acostumbradas respuestas dominicanas; pero ocurrió que su doble monólogo provocador quedó sin la esperada respuesta inmediata, y eso entusiasmó tanto su ilusionada temeridad que Briceño intentó proponer al Consejo que declarara clausurados los debates y cerrado el capítulo de la petición dominicana que ellos consideraban decapitada”.
Se presentaba así la tan esperada oportunidad, la que el delegado quisqueyano aprovechó para entrar en escena. “Fue ese el momento cuidadosamente escogido por nuestra delegación, para anunciar, en moción de orden para quitarle la palabra a Briceño, que la República Dominicana decidía dejar sin efecto su Nota presentada al Presidente del Consejo en fecha 2 del presente mes de julio en cuanto dicha Nota perseguía la convocatoria del Órgano de Consulta prevista en el Tratado de Río. En consecuencia aclaramos que ya no había debates sobre este aspecto específico ni el Consejo tenía que llegar a ningún pronunciamiento en esa materia”.
Díaz Ordóñez describe el efecto de tal decisión en sus adversarios como “desconcertante”. Y señala que la primera reacción de Roa y Briceño fue la de reconocer que la República Dominicana no había hecho más que cambiar de vía, logrando sustituir el Tratado de Río “nada menos que por una reunión de cancilleres; y anunciaron ellos, en un viraje impaciente, su oposición a esta”.
Como en vista de tal decisión la propuesta dominicana quedaba fuera de agenda, las intervenciones se redujeron al conocimiento de la propuesta presentada por el embajador de Estados Unidos a nombre de ese y otros tres países mencionados. Según el análisis de Díaz Ordóñez a Herrera Báez, había surgido un nuevo panorama en el Consejo, el cual ofrecía los siguientes aspectos:
a) Cuba y Venezuela quedaban enfrentados no a la República Dominicana sino a Estados Unidos; b) junto a Estados Unidos, para el propósito de reunir los cancilleres, se han alineado: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador (pendiente de reiterarlo), Perú, Paraguay y México, quien ha declarado, este último, que se adherirá a la mayoría. Agregando a esos nueve países a los propios Estados Unidos, suman diez votos. Y como además, votarán a favor del proyecto la República Dominicana, Guatemala, Haití, Nicaragua y, probablemente, otros más, es evidente que la mayoría está asegurada; c) el tema del comunismo, de acuerdo con las declaraciones del embajador Dreier “tendrá ocasión de ser enfocado en la Reunión de Cancilleres”, lo cual era muy importante para la causas dominicana, y d) el concepto de la democracia expuesto por el delegado de Estados Unidos en la sesión. Díaz Ordóñez creía ver en un párrafo del discurso del representante estadounidense, en el sentido de que el alcance de una verdadera democracia dependía de factores “de naturaleza cultural”, un punto de apoyo al régimen trujillista.
Su interpretación de la reacción al retiro de la nota por parte de los delegados de Cuba y Venezuela no guardaba consideraciones hacia sus rivales. “La inconformidad, la ira, el disgusto y la desorientación en que vieron envueltos Roa y Briceño, los llevaron a pedir, arguyendo recursos de procedimiento, que se pospusiera la continuación de la sesión”. Entre las cosas que podrían suceder el lunes 13, cuando se reúna de nuevo el Consejo, sugería que Cuba y Venezuela, “ejerciendo una vez más su afición a las contradicciones, voten a favor de la Reunión de Cancilleres”.
De no ser así, advertía, intentarán de nuevo “amedrentar” a la OEA con amenazas de retiro. “En ese caso”, enfatizaba Díaz Ordóñez, “ya el problema y su discusión no serán nuestros, sino de la OEA y del Gobierno de los Estados Unidos”.
Herrera Báez pasó de inmediato el oficio al Presidente nominal, acompañado de otro informe del delegado ante la OEA, informando de un telegrama dirigido al periódico The New York Times aclarando que el Gobierno no había retirado, en ningún momento, sus acusaciones contra Cuba y Venezuela, como publicara ese diario en su edición del día. Simplemente se dejaba sin efecto la petición de que fuera el Órgano de Consulta del Tratado de Río que conociera de la situación denunciada.
Horas después de finalizada la sesión del Consejo, CMQ, de La Habana, difundió en su informativo de la tarde un comentario del internacionalista Luis Gómez, censurando acremente el curso de los acontecimientos del día en la OEA.
La propuesta presentada por Estados Unidos y tres países sudamericanos, constituía, a juicio de la emisora cubana, “una maniobra para tirarle la toalla al dictador Trujillo”, quien había osado presentar tan graves denuncias “sin contar con los votos necesarios” para lograr que ella fuera sustancial. Las objeciones presentadas por Cuba y Venezuela a esa nueva iniciativa diplomática, según CMQ, dio lugar a una segunda maniobra, consistente en la retirada de la denuncia.
Esta decisión no tenía como propósito ayudar a encontrar una solución al problema planteado sino “la intención de privar a Cuba y Venezuela de su posición fuerte; posición que consistía en exigir que fuera considerada la denuncia dominicana como era reglamentaria”.
Una vez retirada la denuncia, entendía la emisora habanera, lo natural y lógico hubiese sido que la OEA diera por liquidado el asunto “sin convocatoria a ninguna reunión”. Sin embargo, como lo que se pretendía era, en cierta medida, satisfacer al régimen de Trujillo, “resulta lógico que tanto Cuba como Venezuela se opongan a la proposición de celebrar una conferencia de Cancilleres en Santiago de Chile”.
¿Cuál será, sin embargo, la actitud que habrán de adoptar ambos gobiernos?, se preguntaba el comentarista, a lo cual respondía con lo siguiente: “Nuestro ministro de Estado, doctor Raúl Roa, acaba de declarar en Washington que Cuba no irá a Santiago de Chile si no queda perfectamente disociada la reunión de los cancilleres de las acusaciones del señor Trujillo; y eso parece indicar que tanto La Habana como Caracas tienen la intención de aprobar, con ciertas condiciones, la proposición de los Estados Unidos y de Chile; pero es evidente también que si la Organización de los Estados Americanos se hubiera limitado a rechazar la denuncia de Trujillo, como era su deber, y a dar por liquidado ahora el incidente en vista de la retirada de la denuncia trujillista, Cuba y Venezuela hubieran obtenido un gran triunfo diplomático y Trujillo hubiera sufrido una derrota que lo hubiera desprestigiado por completo a los ojos de los dominicanos, y hubiera podido en sus días serle fatal”.
El balance de la sesión ofrecido por Díaz Ordóñez y el tono de los comentarios difundidos por CMQ y otras estaciones extranjeras, cuyos textos los agentes del coronel Abbes García en la Estación Monitora sirvieron rápidamente a Trujillo, dieron al dictador una perspectiva excesivamente optimista de la situación real prevaleciente en la OEA.
A ese optimismo contribuía también el tipo de información que personajes influyentes del exterior enviaban por distintas vías al Gobierno, en el aparente propósito, muchas de ellas, de consolidar sus bonos con la “generosa” dictadura caribeña. El ejemplo típico de esos “servicios voluntarios” realizados a favor del “Benefactor”, lo ofrecía la correspondencia que el hombre de negocios brasileño Paulo G. Hasslocher, residente en el número 20 del Almirante Tamandaré, de Río de Janeiro, enviara en portugués al vicepresidente Balaguer, el 9 de julio, y cuya traducción éste hizo hacer de inmediato para ponerla en conocimiento de su jefe.
“Ilustre y estimado amigo: ya tengo reservados los pasajes para el barco Argentina que sale de aquí para Nueva York, el 14 de septiembre próximo. Dentro de tres meses espero pues hallarme allí, como siempre, a la disposición incondicional de la República Dominicana y a la de su gran Jefe, el Generalísimo Trujillo. He conversado con gente de influencia en la política, la administración y la prensa y he procurado informarle acerca de la situación excepcional de la República Dominicana frente a las tentativas y atentados de los aventureros y de los comunistas, incapaces de tolerar el ejemplo de administración más honrada y más patriótica del Caribe de todos los tiempos. Con gran alegría compruebo que el Brasil está tomando una actitud discreta en relación con los venezolanos y cubanos que han venido por aquí con objeto de hacer presión y solicitar la solidaridad con sus torpes aventuras. Creo que el Brasil mantendrá su política tradicional de arbitraje y pacificación y en tal sentido habrá dado instrucciones a sus representantes. Y en este sentido se publicó ya en los periódicos una nota oficiosa de Itamaraty”.
Hasslocher hacía referencia, en su carta a Balaguer, de la importancia de sus relaciones con las altas esferas brasileñas y de lo que ello podría representar a favor de Trujillo. “El nuevo embajador brasileño en Washington”, escribió, “quien ayer salió para allí, es un hombre distinguidísimo y al mismo tiempo uno de los más ricos del Brasil y amigo mío. Ruego ordene a su Embajador que hable con él y puede hacer referencia a mi nombre. Se llama Walter Moreira Selles y ya en 1952 fue embajador en Washington.
También había amistades de Hasslocher, según éste decía, entre los delegados del Brasil a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre ellos mencionó al doctor C. Capanema, quien tal vez figurará como jefe de la misión. Se trataba de “uno de los más ilustres brasileños, amigo del Presidente, antiguo diputado y ex ministro de Educación, gran amigo mío”, quien vive, además, en su misma calle “y por tanto” su vecino.
Hasslocher prometía al vicepresidente Balaguer que antes de que Capanema saliera a cumplir su misión ante la Asamblea General de la ONU, conversaría “largamente con él, informándole de la verdad sobre la República Dominicana y de la grandeza moral del gran Trujillo”. El empresario brasileño reiteraba al final de su carta su dedicación a la causa trujillista. “Trabajo mucho y trabajaré por esa causa y afirmo que también es mía y de todos los hombres de bien, de todos los anticomunistas”.
Generalmente, ninguno de esos “ofrecimientos” se cumplía y en muchos otros casos, los “influyentes” personajes que ofrecían su colaboración resultaban ser puros farsantes y charlatanes. Sin embargo, estos interesantes señores servían de cuando en cuando para mantener encendida la llama del entusiasmo de Trujillo y de su entorno, especialmente en los momentos más difíciles.
Finalmente, todo parecía dispuesto para que pudiera alcanzarse una decisión con respecto a la propuesta para la celebración de una cita de cancilleres. A las tres de la tarde del lunes 13 de julio, el Presidente del Consejo, doctor Gonzalo Escudero, dio comienzo a la sesión extraordinaria con un discurso en el que calificó la coyuntura presente como una de las más intensas crisis en toda la historia de la OEA.
El debate se prolongó por unas cuantas horas, con sólo un breve receso a las cinco de la tarde para permitir la incorporación al texto de la resolución de las objeciones formuladas por el embajador de Venezuela. La votación se produjo una vez llegado a un acuerdo sobre el contenido final de la resolución, la cual fue aprobada a unanimidad poco después de finalizado el receso. No hubo más debates.
El oficio número 541, que el embajador Díaz Ordóñez envió por valija diplomática esa misma noche al canciller Herrera Báez, traslucía una profunda decepción por los resultados de la sesión del día. “Con poca agradable sorpresa para mí, el Presidente embajador Escudero inició la sesión declarando que la propuesta Reunión de Cancilleres era cosa desvinculada y aparte de la proposición dominicana del 2 de julio. Esa inesperada actitud del doctor Escudero, unida a ciertos desplantes cubano-venezolanos de la sesión del viernes 10, movió a esta Delegación a intervenir en la forma en que aparece el segundo de los anexos de este oficio” (Díaz Ordóñez remitía copia de la resolución aprobada y el texto íntegro de su discurso del día).
Explicaba que le había parecido indispensable darle crédito a su pedimento basado en el Tratado de Río, “denunciar directamente la maniobra de Cuba y Venezuela frente a nuestra petición y, al mismo tiempo, denunciar indirectamente la irresponsable flojedad del Consejo y de su Presidente frente al mismo asunto”. Díaz Ordóñez hacía énfasis en que luego de la votación unánime, explicó su voto “haciendo un elogio de la declaración formulada por el embajador Dreier en el curso de los debates” de la sesión anterior. Su larga exposición era una fiel reiteración de los términos ya planteados en sesiones anteriores para conocer el mismo caso.
Quedaba todavía sin resolver la sede de la conferencia. Al final de la sesión parecía que Santiago de Chile sería escogida para sede. Sin embargo, México prefería a Washington y algunos otros a San Francisco, California.
El texto de la resolución aprobada el día 13, era el siguiente:
El Consejo de la Organización de los Estados Americanos.
Considerando: Que el mantenimiento de la paz en América y en particular la situación que viene existiendo en la región del Caribe justifican el interés común de los estados americanos y requieren urgentemente su consideración y la coordinación solidaria de esfuerzos para su solución mediante la reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;
Considerando: Que este interés de los estados americanos en dicha situación está vinculado a la decisión de cooperar a la mejor realización de los propósitos de afianzamiento de la paz y la seguridad, desarrollo político, económico, social y cultural, ejercicio de la democracia representativa y respeto de los derechos de la persona humana,
Resuelve:
1. Convocar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas para considerar dicha situación, a la luz de los principios y normas que rigen el sistema interamericano.
2. Nombrar una Comisión para formular recomendaciones sobre la fecha y la sede, y sobre el programa y reglamento de la Reunión, los cuales serán fijados a la mayor brevedad posible de acuerdo con el artículo 41 de la Carta.
En el transcurso del día siguiente, 14 de julio, el ex presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, hizo llegar a manos del canciller Herrera Báez el texto de un mensaje cifrado que el líder exiliado en Ciudad Trujillo acababa de recibir desde Montevideo.
En clave el cablegrama decía: “Estuvimos con Pedro stop firmará contrato stop abrazos. José Luis”. Descifrado significaba lo siguiente: “Estuvimos con Haedo. Está en estudio con buena acogida. Abrazos. Alberto M. Campos”.
Perón remitió a Herrera Báez los textos de ambos mensajes acompañados de una breve misiva explicativa: “Mí querido canciller: tengo el agrado de remitirle el cable que he recibido de mi enviado especial a Montevideo, quien me informa haberse entrevistado con el Dr. D. Víctor Haedo, del Directorio de Gobierno del Uruguay, y actual dirigente del Partido Blanco, el que ha prometido tratar el asunto en las reuniones de ese gobierno colegiado con promesa de buena acogida. Le felicito por las cosas que están sucediendo estos días tan promisorias para un éxito final”.
El canciller dominicano anexó esos textos a un breve memorándum, el número 3723, que dirigió el mismo día al presidente de la República, detallándole la importancia de las gestiones de Perón.
Estas eran el resultado de las diligencias hechas por la Cancillería para obtener el apoyo del Gobierno de Uruguay en la consideración de la situación del Caribe en la conferencia de cancilleres que habrá de celebrarse próximamente. Lo expresado por el general Perón significaba que esas gestiones podrían ser coronadas por el éxito. (CUATRO PAGINAS DE FOTOS).
El viernes 17, el Consejo de la OEA aprobó, nuevamente a unanimidad, los asuntos pendientes relacionados con su decisión de realizar una reunión de Consulta de Cancilleres, bajo las prescripciones de la Carta de la organización.
El embajador Díaz Ordóñez envió esa misma noche un extenso cablegrama poniendo al tanto a su Cancillería de las decisiones del Consejo: la resolución acordaba los asuntos siguientes: 1) señalar el 24 de julio para la sesión en que se habrá de fijar la fecha de la inauguración de la reunión y consultar a los ministros de Relaciones Exteriores acerca de la conveniencia de que se inaugure el 12 de agosto de 1959; 2) Expresar al Gobierno de Chile el agradecimiento del Consejo por “su generosa oferta” y señalar la ciudad de Santiago como sede; 3) Remitir a los gobiernos de los Estados miembros, por conducto de sus respectivos representantes en el Consejo, la lista de asuntos propuestos para el programa de la reunión encareciéndoles que al sugerir otros temas o formular observaciones a los ya presentados lo hicieran antes del 27 de julio; 4) Señalar el 30 de julio de 1959 como fecha para la consideración y aprobación definitiva del programa de la reunión; 5) Transmitir a la consideración de los gobiernos las siguientes disposiciones transitorias para el reglamento de la conferencia: después de la sesión de apertura los asuntos se considerarán en una Comisión General, integrada por todos los miembros, la cual someterá sus conclusiones a la aprobación de una sesión plenaria; la Comisión General elegirá su propio presidente y relator; las sesiones de la Comisión General se regirán por las disposiciones de ese reglamento.
En adición al texto de la resolución, Díaz Ordóñez informaba de un tema propuesto por el Gobierno del Uruguay titulado “Estudio Doctrinario”, que entrelazaba el estricto mantenimiento del principio de no intervención a la posible relación jurídica entre el respeto efectivo de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia representativa y la facultad de poner en marcha los mecanismos previstos por el Derecho Internacional Positivo Americano.
Cuba, por su parte, adelantaba su propósito de proponer un tema sobre subdesarrollo económico e inestabilidad política, mientras Venezuela propondría un tema relativo a las consultas políticas sobre ejercicio efectivo de la democracia y los derechos humanos.
La posición que el Gobierno dominicano llevaría a la cita ministerial quedaría definida antes del mes de julio. El día 21, el canciller Herrera Báez recibió un cuestionario cablegráfico de las oficinas centrales en Nueva York de la revista Visión, en el que su editor Jorge Losada le pedía el parecer del Gobierno acerca de los temas de la dictadura, la no intervención y el comunismo, asuntos principales a tratar en la reunión de Chile. Atendiendo a la solicitud de Losada, el canciller respondió el cuestionario antes del día 28, a fin de conseguir que la entrevista fuera publicada en la edición de finales de ese mes, la última previa al inicio de la conferencia.
En líneas generales, la posición del régimen de Trujillo podía resumirse, según lo definía el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, de la manera siguiente:
“Siguiendo una posición tradicional fijada desde la Reunión de Jurisconsultos de 1927 en Río de Janeiro y luego en la Conferencia de La Habana de 1928 y finalmente en la Conferencia de Bogotá de 1948, la República Dominicana estima que la norma de no intervención constituye el principal soporte del sistema interamericano. La fórmula que consagra dicha norma definitivamente, o sea el artículo 15 de la Carta, demuestra la determinación con que fue redactada para no dejar posibilidad alguna para desnaturalizarla, mediante interpretaciones incompatibles con la concepción estricta de esa norma. Ese artículo de la Carta condena igualmente tanto la intervención individual como la intervención colectiva y cualquier otra forma de injerencia directa o indirecta en las funciones constitutivas del Estado”.
La respuesta no hacía referencia alguna a Cuba y Venezuela, ni entraba en polémica con terceros. Se movía estrictamente en el campo puro de la teoría jurídica, donde la exposición de hechos podría tener más fuerza que las motivaciones o razonamientos de carácter ético o moral. Resultaba obvio que si Trujillo lograba centrar la discusión sobre estas bases, las argumentaciones en su contra carecían de validez ante la contundencia de las evidencias de dos expediciones armadas para derrocarle. Llevando el debate al terreno de la teoría legal, los cargos de “agresión” basados en las expediciones de los días 14 y 20 de junio, relegarían las reservas de tipo moral que en el resto del Hemisferio pudiera generar una dictadura rancia y corrupta como la suya.
Sin duda esta era la esencia del contenido de la respuesta serena que Herrera Báez remitiera a la revista Visión: “La norma de no intervención y los instrumentos que regulan la seguridad colectiva, la no agresión y la solución pacífica de las controversias internacionales, constituyen, por la acabada formulación de sus reglas sustantivas y de sus procedimientos sancionantes obtenidos a través de un prolongado y laborioso proceso, las cuatro fuentes principales de derecho y obligaciones jurídicamente exigibles en el Continente Americano”.
Se veía claro que las respuestas no estaban dirigidas a los lectores de la revista sino a los ministerios de Relaciones Exteriores de los demás países de la OEA. Como por ejemplo, esta parte, donde Herrera Báez cuestionaba sutilmente la validez jurídica de las objeciones al carácter autoritario del Gobierno Dominicano: “Tendencias tales como la que propugnan por un régimen sobre ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos, son expresiones aún no convalidadas por el proceso de codificación y de legislación internacional de las Repúblicas americanas”.
Oportuno encontró la Cancillería traer a discusión la naturaleza intrínseca que los Estados Unidos conferían a una democracia, tal como su delegado, el embajador John C. Dreier, había planteado en una de las sesiones claves del Consejo días antes. Por eso, Herrera Báez declaró a la revista Visión: El progreso de las instituciones democráticas y de los derechos humanos es un proceso histórico de carácter nacional que rechaza toda precipitación por presiones artificiales de tipo internacional”. Había aquí, obviamente, un tajante rechazo a los intentos de sus adversarios de suprimir al régimen trujillista por la fuerza.
Esta apreciación quedaba más explícita en los párrafos siguientes de la respuesta del funcionario; “Ningún Estado que se respete a sí mismo puede aceptar que el destino histórico de sus instituciones sea forzado por presiones externas cualquiera que sea el subterfugio con el cual se pretenda justificar tales medidas coercitivas. Las tensiones internacionales en el Caribe tienen su origen en situaciones de orden interno en cuanto tales situaciones favorecen y estimulan programas subversivos de carácter internacional contra otros gobiernos en violación de los principios de no intervención y seguridad colectiva”.
Finalmente, Herrera Báez invocaba la lógica de la razón para sustentar las medidas de fuerza con que Trujillo enfrentaba a sus enemigos. “La existencia de determinado régimen de gobierno en un país no justifica en modo alguno y a la luz del derecho americano, que otro gobierno directa e indirectamente trate de deponerlo o alterarlo por la fuerza y la violencia, al hacer causa común con elementos adversos a aquél régimen facilitándoles para la realización de empresas revolucionarias, su propio territorio, ayuda económica, equipo militar, etcétera”.
Las reconocidas habilidades de la diplomacia dominicana demostraban una vez más que el poder real de Trujillo no descansaba únicamente en sus métodos de brutalidad física. Con frecuencia, las sutilezas teóricas de sus colaboradores intelectuales solían conferirle a los peores y más crueles de sus excesos un tinte de legalidad que muy pocos de sus contendores estaban en condiciones de refutar.
Los aportes del sostenimiento del trujillismo de los perversos y degenerados agentes de Abbes García, que aplicaban bastones eléctricos en los genitales de los prisioneros, y de los militares fanáticos, que asesinaban a opositores y expedicionarios en calles y montañas, no superaban siempre las valiosas y brillantes contribuciones que en el debate legal ofrecía, devotamente, esta privilegiada élite que constituía la alcurnia de la “Era del Benefactor”, la aristocracia que compartía con él los salones de fiesta y disfrutaba de los licores y manjares que sus altas posiciones le garantizaban.
