A pesar de que está a punto de iniciar el juicio de fondo del caso Odebrecht, el más grande escándalo de corrupción revelada de la historia del país y de Latinoamérica, que ha provocado persecución, órdenes de captura internacionales, sentencias condenatorias y encarcelación de presidentes y otros altos funcionarios, así como renuncias y suicidios de algunos; las expectativas sobre sus resultados son muy bajas, a pesar de que somos el segundo caso más importante por el monto de los sobornos denunciados.
Desde el inicio se entendió que había un manejo político del expediente acusatorio que encartó originalmente a solo 14 personas, que se redujeron a 7, y dejó fuera la obra principal y más costosa ejecutada por la empresa carioca en el país, las plantas de Punta Catalina.
El tiempo ha confirmado las agoreras palabras de la entonces juez de la Suprema Corte Miriam Germán Brito, quien en julio de 2017 en las motivaciones de su voto disidente en la revisión de las medidas de coerción expresó que: “en el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se precia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable”.
Todos sabemos que estas palabras generaron gran sed de venganza, lo que provocó el tristemente célebre episodio de la entrevista realizada por el Procurador en marzo pasado a la entonces Magistrada Germán en el marco de las evaluaciones de jueces de la Suprema que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de descalificarla, lo que no consiguió debido a su bien ganado prestigio, pero logró el malsano objetivo de finalizar su carrera.
La falta de rigor y los errores denunciados por esta han quedado nuevamente en evidencia en otro escandaloso caso destapado por la presión de las autoridades norteamericanas, el de la red de narcotráfico del “Abusador”, señalada como la más grande en el país, en el cual también en ocasión del conocimiento de las medidas de coerción el respetado Magistrado José Alejandro Vargas, al dejar en libertad a cuatro de los imputados ha señalado que el Ministerio Público no ha presentado pruebas suficientes para demostrar las presuntas vinculaciones de estos con dicha red, incluso en el caso de quien se señala como supuesta mano derecha del capo de la misma.
Aunque la filtración de documentos de la División de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT y la investigación realizada al respecto por un consorcio internacional de periodistas publicada en junio pasado, debieron ser una nueva oportunidad para que el expediente acusatorio de este caso se fortaleciera, tampoco ha habido interés de la Procuraduría de realizar las indispensables gestiones para identificar las personas que recibieron sobornos en nuestros país por más de 55 millones de dólares bajo nombres secretos o “codinomes”.
Por eso la percepción es que en el caso Odebrecht no están ni todas las personas ni todas las obras que deben estar, y se entiende que la acusación es solo la punta de un gigantesco iceberg.
Mientras en otros países este caso ha sucumbido gobiernos y ha cambiado el panorama político, aquí al parecer lo que se busca es mantener en resguardo a algunos, y por eso la tenaz intención de preservar el poder, aunque sea a través de una interpósita persona y el total desinterés de que se revelen los rostros secretos de la corrupción, en medio de una campaña electoral cuyo telón de fondo es el caso ODEBRECHT, por más que se quiera evitar.
