Ha causado revuelo la comunicación hecha pública que enviara el presidente del PRD al director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) informándole de que se va a “disponer del cargo que usted ostenta, como director del IDSS, para que otro compañero lo ocupe”; hecho que retrata, e incluso lleva al extremo, la tan denunciada politiquería en dicha institución.
El IDSS es una entidad ineficiente que por intereses políticos y sectoriales se mantuvo vigente a pesar de haber fracasado la Ley 1896 sobre Seguros Sociales luego de años de clientelismo y corrupción y de haberse creado un nuevo Sistema de Seguridad Social mediante la Ley 87-01.
Precisamente la Ley 87-01 ante las frustraciones y los escándalos respecto del IDSS ordenaba su transformación, la eliminación del subsidio que recibía del Estado en un plazo de 10 años, el respeto a los derechos de quienes cotizaron bajo la antigua ley mediante un bono de reconocimiento; mandatos legales que han sido incumplidos a pesar de haberse suscrito distintos acuerdos, sin que a la fecha se haya logrado lo esencial, desmontar ese elefante blanco, racionalizando sus gastos, eficientizando sus servicios y ajustando su accionar a la ley.
Lamentablemente esa institución deficitaria siguió recibiendo subsidios del Estado a pesar del desmonte gradual ordenado por la ley para seguir siendo manejada como un botín político y desangrada por muchos de los actores que forman parte de la misma, quienes han hecho lucrativos negocios a sus expensas, saqueado sus activos y desviado sus servicios para lucro personal.
Para mitigar la politiquería que reinaba en el IDSS se estableció en la Ley 87-01 que su director y sub-director general serían nombrados por el Poder Ejecutivo “de una terna propuesta por el Consejo Directivo de dicho Instituto, la que será decidida por mayoría calificada de dos tercios, incluyendo por lo menos un voto de un representante gubernamental, laboral y empresarial”.
Penosamente dicha disposición no ha servido de nada, pues salvo las primeras designaciones, los gobiernos del PLD han violentado la misma, no solo imponiendo el candidato de su elección sino designándolo por decreto sin respetar el mandato legal de que sea nombrado de una terna.
En estos momentos en que algunos se espantan por la comunicación enviada al actual director es oportuno recordar que, ni el presidente del partido al cual pertenece, ni el presidente de la República, pueden de conformidad con la ley disponer libremente de ese cargo, sino que cualquier nombramiento debe hacerse por una terna aprobada por el consejo de dicha institución.
De igual forma, que la discusión sobre el IDSS lejos de estar centrada en que otro compañero del partido aliado que obtuvo mediante acuerdo político esta institución como parte de su botín, pase a dirigir el mismo para compartir los beneficios, debería estarlo en que finalmente se tomen las acciones necesarias para desmontar esta ineficaz entidad, la cual habiendo perdido de conformidad con la ley 87-01 las funciones de dirección, regulación y financiamiento y, habiéndose finalmente iniciado la operación de la red pública de salud; ya no tiene razón de existir, pudiéndose perfectamente traspasar la administración del seguro de riesgos laborales que le dejaron como premio de consolación, del modo más conveniente.
Pero lamentablemente la misma politiquería, clientelismo y corrupción que quebraron al IDSS de la Ley 1896 perjudicando a quienes cotizaron, siguen reinando a pesar de que se aprobó una nueva Ley de Seguridad Social que ordenó su transformación, y de que su única justificación es ser parte del botín político e instrumento de inescrupulosos negocios para algunos de sus actores.
