Sobre las penas

Apropósito de los debates del proyecto de Código Penal, se ha producido una interesante discusión dentro y fuera del Congreso Nacional por el aumento de las sanciones de prisión contenida en la propuesta de modificación.

Aunque con diferencias, la mayoría apoya el incremento de los años máximos imponibles. Y con muy buenas intenciones, juristas, legisladores y algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan temas relativos a justicia y derecho han defendido la posición de incrementar las penas previstas en el Código.

Muchas razones de peso dan lugar a tal corriente de pensamiento, no sólo jurídicas sino también emocionales, toda vez que los dominicanos tenemos muy frescos en la memoria tantos horrendos crímenes para los que treinta años de prisión obviamente son insuficientes.

Una profunda discusión sobre el tema es prudente y la modificación de la desactualizada pieza vigente es, desde hace mucho tiempo, muy necesaria. Sin embargo, en términos de búsqueda de soluciones a la delincuencia e inseguridad ciudadana en nuestro país, móvil principal de muchas de estas discusiones, la urgencia en estos momentos radica en otra cosa.

De nada sirve aumentar las penas si el proceso conducente a que las penas sean efectivamente aplicadas a los que delinquen tiene fallas abismales.

Ante un proceso deficiente y con muchos elementos tipo comodines que facilitan a los delincuentes no obtener sentencias condenatorias o salir con extrema facilidad de las cárceles, ninguna pena, por grande que sea, tendrá suficiente carácter disuasivo ante un criminal que sabe que posiblemente nunca llegue a la fase en la que la misma pueda ser aplicada.

Por tal motivo, antes que hablar de intensificar penas, se hace urgente y prioritaria la voluntad política seria de ajustar las partes del proceso que la práctica, los numerosos casos y el tiempo han demostrado que lejos de funcionar constituyen algunas de las causales por las cuales hay tantos delincuentes reincidentes en las calles dominicanas.

Si el procedimiento que debe desembocar en la aplicación de sanciones no funciona, evidentemente, la prioridad es otra.