Este caso revela la lucha entre la Dirección de Inteligencia del Estado y una empresa privada que también hace labores de espionaje e inteligencia con la anuencia de sectores de poder. Ahora hay la intención de regular eso, porque una empresa no puede saber más que el Estado.
Veremos si se produce la magia a favor de algunos imputados por la cantidad de información que poseen. Hay que destacar que en RD no hay violencia política, no hay violencia contra periodistas, no hay vandalismo por protesta antigubernamentales ni hay violencia contra sindicatos, contra empresas o contra el Gobierno como en el pasado, ¿por qué entonces el Estado quiere artillarse con tecnología espía e inteligencia?
