Convencido de que la independencia del Ministerio Público, y con ello del sistema judicial, es indispensable para echarle una firme zapata al edificio de la democracia que está contribuyendo a levantar, el presidente Luis Abinader ha propuesto una reforma constitucional para blindar esa independencia, que sólo puede hacerse modificando la Carta Magna.
Abinader mostró su coherencia al respecto cuando el mismo día de su toma de posesión, nombró a las magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso como Procuradora General y Procuradora Adjunta de la República.
Ellas eran entonces, y son hoy, las funcionarias judiciales con mayor prestigio como magistradas independientes y libres de sospecha de debilidad o complicidad con el delito.
Esa decisión del Presidente ha quedado justificada en las firmes decisiones que bajo el liderazgo de ellas dos, del magistrado Wilson Camacho y otros funcionarios judiciales, ha venido sustentando el Ministerio Público, sin pararle al hecho de que los sujetos bajo investigación tengan vínculo con el más alto nivel político del país, o que incluso uno de ellos fuera Procurador General.
La firme pero serena actitud de esos dignos representantes de la Justicia ha permitido levantar la confianza ciudadana de que la corrupción, el robo de los bienes públicos, y su cómplice la impunidad no vuelvan a adquirir patente de corso y hagan de la institucionalidad democrática una burda caricatura.
La gente está convencida de que si en el más alto nivel del ministerio Público hubiesen estado dirigentes partidarios o sus allegados, como ocurrió en los 16 años de gobiernos del PLD, algún tecnicismo o jugada habría articulado el concubinato político para que los pejes gordos no hubieran caído.
Abinader es el único dominicano que siendo presidente de la República no ha hecho propuestas de reformas constitucionales para beneficiar su interés político personal. Con esas credenciales, su conducta como mandatario que lidera un proceso de profilaxis en el gobierno, y su ya respetable hoja de servicio al país, queda fuera de toda sospecha de que su intención de fortalecer la justicia pudiera obedecer a otro propósito. Sus hechos se basan en el convencimiento de que sin sistema judicial fuerte, no hay estado de derecho y de que sin este no existe democracia real, la cual es clave para el desarrollo de los pueblos en todos los órdenes.
No debe obviarse que la sujeción del sistema judicial únicamente a los dictados de la ley es, por demás, la garantía de salvaguarda de los derechos ciudadanos frente al desmadre de los poderes públicos y privados.
