Sí, pero no

El Código Procesal Penal es un buen instrumento, pero se aplica mal. En su momento significó un enorme avance cualitativo, pero eso quedó en la historia reciente. Veinte años después, en su aplicación, los resultados actuales son tan conservadores como lo eran en el proceso superado.

Más aun, con la contrarreforma, sería un buen instrumento si se aplicara, pero no se aplica. O no se hace al cien por ciento, sino “asigún”. Es decir, dependerá del juez y, en menor medida, del encartado. Me explico. Si el juez tiene el valor de ser liberal, lo aplicará así. Entenderá que no debe estar con nadie en el proceso, pero, en todo caso, menos con la acusación. Y será un buen equilibrio, y no le hará concesiones ni ayudas fáciles a la acusación, lo que obligará a realizar mejores investigaciones y acusaciones con mayor peso.

Dije que si el juez tiene el “valor”, porque con el nivel de conservadurismo de nuestro sistema, cualquiera no se diferencia de la mayoría siendo juez, pues el sistema podría operar en tu contra y siempre ha sido difícil que una golondrina haga verano, (aunque siempre habrá que intentarlo).

Y digo que dependerá en menor medida del imputado, porque el derecho penal está hecho para excluir al pobre, al desclasado, al que no tiene contactos, que sirven como carne de cañón para aumentar los números de todos en el sistema y dar la apariencia de fortaleza y de respeto a las normas. Entonces estos, que son la mayoría, podrían tener buenos abogados (como serían los defensores públicos), pero les falta el prestigio, o las relaciones sociales y políticas. Nadie haría una campaña por estos en los medios, exigiendo y presionando por el cumplimiento de las normas. A nadie les interesa y, por demás, los defensores públicos son buenos, pero tienen cientos de casos que atender.

Mientras los encartados élites, pueden tener buenos abogados casi a tiempo completo pensando en sus procesos, tienen las relaciones políticas y las conexiones necesarias para crear una fuerza en la opinión pública y presiones que lleguen hasta la jurisdicción, obligándola a actuar conforme a derecho. Lo cual está bien. Lo malo es que los jueces terminan siendo garantistas con los de “arriba” y verdugos con los de “abajo”. Por eso nuestro sistema es una farsa de difícil solución, y una tragedia diaria para quienes lo sufren.

Y la solución está en los jueces, quienes son responsables finales de la mala aplicación de la norma, aunque parezca contradictorio. Por eso debemos apoyarlos en todo lo que ayude a fortalecer su independencia: Un juez que sienta seguridad en su puesto, que sienta que el Judicial lo observa y fiscaliza, pero que lo protege ante los vientos huracanados de las críticas interesadas; y que sienta que no está para suplir a nadie, sino para hacer cumplir la Constitución y las leyes: dará mejores decisiones.

Pero, en lo que eso llega, ante la pregunta de si el Código Procesal Penal es un buen instrumento y de si se aplica de forma correcta, la respuesta rauda, veloz, sería: Sí, pero no.