Sentencia del TSE, crónica de una muerte anunciada

Una parte de la comunidad jurídica y de la sociedad civil, han quedado en shock con la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el pasado viernes 12 de enero del 2024. Donde en una decisión insólita, sin precedentes, esta alta corte, admite una acción de amparo electoral, sin tener competencia.

En ese orden, con esta funesta decisión, el TSE, violenta de manera grosera la Ley Sustantiva, la Ley No.29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral, y la Ley No.137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional: sentencias TC/0624/18, TC/0508/21, entre otras.

En este contexto, en el párrafo único del artículo 114 de la Ley No.137-11, se establece que: “Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria, se puede recurrir en amparo ante el juez ordinario competente”.

Es evidente, que el TSE ha incurrido en una falta grave al atribuirse una competencia que el legislador de manera exclusiva y expresa, les atribuye a los tribunales ordinarios. En esas atenciones, está claro que el tribunal ha expandido su competencia vía reglamentaria, lo cual es muy lamentable, enviando una mala señal que pone en tele de juicio su imparcialidad e independencia para arbitrar los posibles conflictos que surjan en las elecciones de febrero y mayo del presente año.

Sin embargo, hay que destacar los votos disidentes de las juezas Rosa Pérez de García y Hemenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, ante las cuales nos quitamos el sombrero y las felicitamos por su gallardía, carácter y reciedumbre, demostrando con hechos su compromiso con la institucionalidad y la democracia, al no ceder ante las presiones que el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ejercieron sobre todos los jueces del TSE.

En conclusión, es increíble que en el gobierno del cambio haya una injerencia manifiesta en el Poder Judicial, ya que en la oposición pregonaban que, para mejorar la institucionalidad y la calidad de la democracia, solo había que cumplir con lo dispuestos en la Constitución y las Leyes. Es evidente, que si el PRM no gana con votos arrebata. Solo hay que pensar que, si esa presión ejercida sobre estos jueces fue para la elección al CARD, ¿qué no estarán dispuestos a hacer en febrero y, muy especialmente, en las elecciones de mayo de este año?