La historia del vertedero de Duquesa es una lamentable muestra más de la incapacidad que han tenido nuestros gobiernos en resolver los problemas fundamentales del país y de la perversidad de convertir instituciones públicas y sus servicios en nidos de corrupción.
Son demasiadas las culpas en el historial de Duquesa que nació a inicios de los noventa para supuestamente solucionar el tema de la disposición de los residuos sólidos de Santo Domingo, cuya operación poco tiempo después de iniciada comenzó a recibir recomendaciones de la agencia de cooperación japonesa (JICA), y el cual por el afán de dividir el territorio para crear más cargos públicos terminó en manos de un nuevo y débil ayuntamiento, el de Santo Domingo Norte (ASDN), luego de la creación de la provincia de Santo Domingo y sus municipios en el 2001.
El historial de contratos de dudoso origen, de reclamos por incumplimientos entre el ASDN y Lajún la empresa privada contratada por este para operar el vertedero, y entre esta y REPDSA, la empresa contratada por ella para desarrollar el reciclaje de los desechos vertidos, y los conflictos por la adquisición del control accionario de Lajún entre los accionistas de REPDSA y los inversionistas que alegaban haberla adquirido, los mecanismos de chantaje utilizados por distintos grupos para imponer sus intereses dentro del vertedero y el círculo vicioso entre los precarios ingresos recibidos por los ayuntamientos, la necesidad de más recursos para poder operarlo y la irresponsabilidad de los gobiernos que han preferido construir su aparente modernidad y crecimiento sobre un colchón de basura, es un relato espeluznante que parece extraído de la más macabra de las novelas.
Como Lajún no pudo imponer un aumento de sus tarifas por servicios de recolección a finales de 2016 intentando aprovechar la coyuntura del inicio de una nueva gestión del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), porque el chantaje de la suspensión de los servicios se encontró de frente con una firme defensa que aseguró el cumplimiento de los pagos mediante ofertas reales, y como el entonces Ministro de Medioambiente asumió con responsabilidad el liderazgo en la solicitud de designación de administrador judicial ante la amenaza a la salud y el ambiente, se dio un giro a la historia del vertedero regresándolo a la gestión pública, cuando en septiembre de 2017 el Tribunal Superior Administrativo concedió su administración provisional a una comisión encabezada por ese Ministerio.
A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente dictó la Resolución 012-2018 en marzo de 2018 ordenando el cierre técnico de Duquesa en un plazo no mayor de 6 meses, esto no sucedió, quizás en parte por la renuncia del entonces ministro en abril de 2018. Y aunque en octubre de 2019 la prensa reseñó las conclusiones del estudio del BID y la JICA en el que se propone desarrollar un relleno sanitario en una porción no explotada de los terrenos de Duquesa previo a su cierre con una inversión de US$14.9 millones, y alertando sobre la urgencia en regularizar los títulos de propiedad, no se conocen avances en su implementación ni en la investigación de la denunciada como fraudulenta operación de venta de los terrenos por el CEA a Lajún , y no fue hasta enero pasado que se dictó el decreto 21-2020 designando una comisión presidencial para la reestructuración de Duquesa y su cierre técnico. Y de no llegar este bochornoso nuevo incendio de Duquesa con ribetes trágicos por la funesta coincidencia con la pandemia y el confinamiento, a lo mejor siguiéramos en la misma inercia. Ojalá que esta situación haga que todos tomemos conciencia de este grave problema y reclamemos sin desmayar enérgicamente su solución, que va mucho más allá de aprobar una ley de residuos que en gran medida no tiene los remedios adecuados, para que no sea una isla de plástico o malolientes señales de humo las que tengan nuevamente que recordarnos el peligro de ese vecino infierno.
