Los positivos resultados obtenidos por el presidente Luis Abinader frente a la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica, llaman a mirar hacia otras urgentes evidencias de nuestros viejos atrasos estructurales
Como salud y seguridad social, calidad de la educación, agua potable y saneamiento, sistema eléctrico, eficiencia del aparato estatal, institucionalidad, tránsito urbano, y viejos déficits de las finanzas públicas agravados precisamente por el impacto catastrófico de la pandemia de COVID19, y los gastos provocados por urgentes programas de salud y asistencia a los demás desvalidos, entre otros.
Algunos analistas llegan a advertir que el país tiene abiertos demasiados frentes al mismo tiempo. Justo en esa dirección se desarrolla un diálogo social y político en el Consejo Económico y Social, a invitación del gobierno.
Entre todos esos rezagos hay uno que conforme las encuestas realizadas en los últimos 20 a 30 años es el que más preocupa a la gran mayoría de los dominicanos: la inseguridad de sus vidas y bienes, sometidos a copioso ataque por la delincuencia común y el crimen organizado.
Desde antes de ascender al poder Luis Abinader objetivizó la importancia de poner en el foco de las ejecutorias gubernamentales el tema que roba el sosiego familiar y el producto de su trabajo y sacrificios, y que amenazan además al orden y la seguridad públicos y afectan la actividad productiva y el turismo.
Consecuente con esa visión el mandatario adoptó medidas fundamentales desde el primer día de su gestión, como la designación de funcionarios con capacidad y disposición para garantizar la independencia del ministerio Público, como base para organizar un sistema judicial que administre justicia para todos.
Ha puesto el foco de su atención el Presidente en concertar una profunda transformación a partir de una Ley de Reforma Policial pendiente de vigencia por falta de elaboración de su reglamento de aplicación, desde hace unos 5 años.
A esa transformación y modernización policial, que tiene anclas en la depuración de los integrantes de la entidad, mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo y un informe preparado por especialistas nacionales, y asesoramiento internacional.
El Presidente ha incorporado los servicios honoríficos de Roberto Santana, una autoridad en materia carcelaria, la otra vertiente que completa la estrategia focalizada en meter a la delincuencia en cintura.
Esa estrategia tendrá éxito si junto a todo lo enumerado se cuenta con el apoyo y la participación de toda la sociedad, no sólo de los esfuerzos del gobierno o de grupos o comisiones especializadas y de asesoramiento.
El de la delincuencia es un problema que afecta a toda la sociedad, y toda ella debe también focalizarse y unirse en procura de su solución.
