Somos un pueblo muy dado a opinar y con la misma pasión con la que contertulios discutían temas en cafés y parques siendo conocedores o no de los mismos, estos se discuten hoy día en las redes sociales, lo que si bien es sano para el ejercicio democrático sería de mucha mayor utilidad si en vez de simplemente reaccionar ante lo que otros ponen en la agenda nacional, generalmente el gobierno gracias a su poderosa factoría de comunicación, hiciéramos la tarea de colocar los temas que requieren ser discutidos.
Nuestra Constitución es colocada en el debate de forma adrede para crear perniciosamente ambientes favorables para hacer ver como posible, situaciones que tienen un impedimento constitucional, generando la percepción de que sus preceptos ceden a los tentáculos del poder que pueden modificarlos según sus conveniencias.
Sin embargo, lo que sí debería estar en el debate es que esa Constitución, aprobada en el 2010 y promovida por sus auspiciadores como una de las más avanzadas de Latinoamérica, no está siendo cabalmente respetada por nuestras autoridades y que muchos de sus supuestos avances no han surtido ningún efecto, ya sea porque se están violentando los mandatos constitucionales o porque las leyes que deben aprobarse para que algunos sean implementados no han sido aprobadas.
Es inexcusable que a más de ocho años de su promulgación y de haberla reformado en el 2015 por el tema que ha provocado la mayoría de las reformas en nuestra vida republicana, el Congreso no haya cumplido con el mandato previsto en el artículo 22 de la Constitución para dejar atrás el concepto de que los derechos de ciudadanía se circunscriben a elegir y ser elegido para cargos públicos, para hacer realidad la ampliación dispuesta y que los ciudadanos puedan decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendos así como formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta.
Las consultas mediante referendos deben estar reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración dentro del marco dispuesto por la Constitución de que no podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad y que requerirán de previa aprobación congresual; así como que los referendos aprobatorios de modificaciones constitucionales serán obligatorios cuando entre otros aspectos la reforma verse sobre derechos, los cuales deberán ser convocados por la Junta Central Electoral (JCE).
Debemos salir de la espiral en que nos han enredado gracias a la cual pretenden llevarnos como hipnotizados a discutir el mismo cacareado tema y ser proactivos colocando en el debate asuntos tan relevantes como la necesidad de que se cumplan con los mandatos constitucionales de convocar referendos aprobatorios de reformas constitucionales o para realizar consultas a la ciudadanía como pudiera ser el tema del aborto y de propiciar una descentralización a través de la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales.
Por eso la JCE ha hecho bien en dar señales claras de que no se quedará enredada en las discusiones sobre la ley de partidos, y que hará y está haciendo su tarea, como es aprobar los distintos reglamentos que dicha ley ordena y señalar los plazos y condiciones para que las muchas responsabilidades que los partidos mayoritarios colocaron en sus espaldas puedan ser racional y satisfactoriamente cumplidas.
Hagamos la tarea y en vez de quedarnos enredados en lo que otros nos imponen desplacemos la atención a lo que debe ocuparla, la necesidad de hacer cumplir los preceptos constitucionales, lo que no solo fortalecerá nuestra institucionalidad y democracia, sino el poder ciudadano garante de la misma.
