El de la seguridad ciudadana es uno de los servicios públicos que los dominicanos no hemos logrado resolver, como tampoco la carencia de agua corriente y potable, educación, salud y seguridad social de calidad, energía eléctrica sostenible, eficiencia del tránsito y aseo urbanos, entre otros que deben ser provistos como parte del desarrollo humano.
Los gobiernos y sus presidentes, y en general la clase dirigente dominicana no previeron que el crecimiento poblacional y su cambio de mayoritariamente rural a mayoritariamente urbana demandaría la prestación de servicios que de no ser suplidos oportuna y eficientemente se convertirían en problemas de gobernabilidad económica, social y política.
Del control territorial y el silenciamiento de demandas sociales que mantuvo la tiranía, pasamos a un crecimiento poblacional que se fue concentrando en unos pocos asentamientos, sobre todo en el Gran Santo Domingo y Santiago, sin que fuéramos capaces de responder a las necesidades de la vida urbana.
Gobiernos han ido y venido y esas deficiencias se suman a la pesada deuda social que han visto como si fueran parte de un paisaje inmutable. Ahora, y entre los cambios que viene realizando el presidente Luis Abinader, está la importancia y urgencia de controlar la delincuencia y el crimen organizado, factores de alta incidencia en la inseguridad que afecta a la gente y sus bienes.
Para ello, y desde el primer día de su gobierno, Abinader designó a las distinguidas magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso como procuradoras General y General Adjunta, para que desde el ministerio Público contribuyan a cambiar de manera efectiva el defectuoso sistema judicial encontrado.
Otra importante disposición presidencial para contribuir a garantizar la seguridad ciudadana ha sido disponer una amplia reforma y modernización de la Policía Nacional, con participación de representantes de la sociedad civil y funcionarios del ministerio de Interior, encabezados por el activo Jesús Vásquez, un meritorio servidor público.
En esta semana el presidente encabezó una trascendente actividad en la que fueron informados aspectos del nuevo sistema educativo que guiará la forma de actuar de los efectivos policiales, para un cambio de cultura organizacional, única forma de producir cambios trascendentes en cualquier institución, opinan especialistas.
Ha puesto al frente de la conducción del proceso a personas de reconocida experiencia y capacidad, y que gozan de credibilidad ante el pueblo, como el ex rector de la UASD, Roberto Santana, Miguel Escala, Mu-kien Adriana Sang, Eladio Uribe, Radhamés García González, Osvaldo Santana, Gregorio Montero, Elena Villeya, Melba Barnet, y Carlos Manuel Estrella.
El Presidente actúa con diligencia y transparencia, dándole a la reforma policial, a su profesionalización y modernización toda la trascendencia que tiene para que nuestra sociedad haga frente a la inseguridad.
No se trata de una responsabilidad exclusiva del gobierno. Es una reforma de la que debemos empoderarnos todos.
Activar un efectivo sistema de seguridad ciudadana no es sólo vital para preservar nuestras vidas, bienes y sosiego sino además para hacer a nuestro país más atractivo para el turismo y las inversiones, tan valiosos para mejorar el bienestar social e impulsar el desarrollo.
El cambio en la Procuraduría, la reforma policial, haber liderado el proceso de aprobación de la Ley de Extensión de Dominio, mientras adelanta su atención a la reforma y afinamiento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas apuntan a toda una estrategia del presidente Abinader para ponerle un stop a la corrupción administrativa y la impunidad.
Son todas medidas que contribuyen a una profilaxis social, a un saneamiento que en consecuencia fortalecen el ambiente favorable a la seguridad ciudadana.
Es hora de sacudirnos y empoderarnos todos de estos cambios. Adelante.