El Estado dominicano tomó la soberana decisión de no firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordena y Regular promovido por las Naciones Unidas. Esta es una facultad que le compete al gobierno y que no tendrá ningún tipo de repercusión para el país en el plano internacional. Aunque claro, la República Dominicana se pierde de ser parte del conjunto de naciones que fortalecerán sus vínculos de cooperación para dar respuestas al complejo fenómeno de la migración en el mundo. Es irónico que nos pasemos décadas reclamando la colaboración internacional para enfrentar el problema de la creciente inmigración haitiana, pero cuando se presenta la oportunidad renunciemos a ella.
El debate en torno a la firma del Pacto migratorio dejó al desnudo los prejuicios que existen en el país a la hora de abordar el tema de la migración. Los argumentos para rechazar un pacto que no es vinculante, ignoraron que esta nación no es solo receptora de migrantes, sino también emisora. Son más los dominicanos que salen del país buscando nuevas oportunidades, que los extranjeros que entran. Es una responsabilidad del Estado el velar por la dignidad y los derechos de la diáspora dominicana en varios países del mundo. Si se continúa confundiendo a los migrantes con “ilegales”; haciendo uso electoral del tema o recurriendo al análisis ficción de una supuesta fusión o invasión, será difícil diseñar con seriedad una política migratoria que dé respuestas al problema.
El principal reto sigue siendo la definición e implementación de una política que enfrente las principales causas de la creciente migración haitiana. Apelar a la discriminación y la xenofobia empeora la situación. Es sabido que la pobreza e inestabilidad política de Haití continuarán ejerciendo una fuerte presión migratoria hacia el país. Frente a eso, es poco lo que podemos hacer. Es necesario fortalecer el plan nacional de regularización y afianzar las iniciativas de protección y seguridad de la frontera. Aunque en eso se ha avanzado, si no se enfrenta la práctica del sector privado y el público de contratación de mano de obra extranjera barata, no se podrá encontrar solución al problema migratorio;
Erradicar la corrupción y el abuso de los militares en la frontera y detener las operaciones criminales de redes dominico-haitianas de tráfico ilegal de personas, son tareas aún pendientes. Sumado a lo anterior, se deberán llevar a cabo iniciativas público-privadas de desarrollo de la frontera y por lo tanto “gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada”. Para ello se requerirá de esfuerzos dirigidos a “recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica”… ¡uy!, ¡este es el Pacto para una Migración Segura! l
