Retomar el proyecto de Ley de Lobby

El lobby es una gestión de intereses remunerada. Los lobistas buscan promover proyectos o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones de servidores públicos.

Se trata de esfuerzos para lograr cambios en las políticas, planes o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por un funcionario público, algo parecido a lo que aquí coloquialmente se conoce como “cabildeo”.

El lobby siempre ha existido, pero en países como el nuestro no está regulado por una ley especial por lo que se practica de manera informal, casi siempre clandestina, y muchas veces sirve de zapata para la comisión de actos de corrupción. Por ende, la aprobación de una buena Ley de Lobby en República Dominicana sería una enorme contribución a la transparencia y la lucha contra ciertas inconductas.

Una Ley de Lobby regularía la publicidad de las gestiones con el objeto de fortalecer la transparencia en las relaciones entre los particulares y las instituciones del Estado, incluyendo los regalos o donaciones que reciban las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas.

Además, una legislación adecuada obligaría a los funcionarios a elaborar registros de agenda pública y a publicarlos en la página web de la institución. Estos registros deben contener detalles sobre las audiencias y reuniones de la autoridad cuyo propósito sea la gestión de intereses. Datos del lobista, a quién representa, con qué objeto fue la reunión y quiénes lo acompañaron, lugar y fecha de realización, entre otras cosas. También debe contener información sobre viajes realizados y donativos protocolares.

Por otro lado, la ley implicaría una lista de lobistas registrados y un compendio de buenas prácticas, e incluiría un conjunto de sanciones y mecanismos para aplicarlas en caso de que se produzcan infracciones a lo dispuesto por ella, esencialmente relativas al incumplimiento por parte de lobistas y funcionarios de sus deberes en el marco de la norma.

El “cabildeo” no va a desaparecer y por ende lo más idóneo sería transparentarlo como en Estados Unidos, cuya legislación de lobby ha tenido mucho éxito.

Ya otros países de América Latina han entendido que esto es una necesidad. Perú tiene Ley de Lobby desde 2003, Chile desde 2014, entre otros.

Ahora que una gran parte del país ha manifestado su preocupación e interés por la lucha contra la corrupción y la impunidad es un momento muy oportuno para que el tema al menos se ponga en agenda.