En la República Dominicana, desde hace muchos años se escucha un clamor que proviene desde diferentes sectores de la sociedad, el cual se refiere a la necesidad de establecer políticas públicas para mejorar la responsabilidad y la transparencia fiscal en el manejo de los fondos públicos. También se habla de manera insistente, regularmente en tiempos de campaña electoral acerca de mejorar la calidad del gasto público, la transparencia en el manejo de los recursos, y establecimiento de un régimen de consecuencias para los funcionarios cuya actuación no cumpla con los lineamientos establecidos en la Constitución y en la Ley Núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
En este contexto, desde hace varios años fue presentado ante el Congreso Nacional el anteproyecto de “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, el cual ha perimido en varias legislaturas. A todo esto, con la omisión del Poder Legislativo al no aprobar el referido proyecto, el país ha perdido una maravillosa de tener una norma novedosa y vanguardista que ayudara a mejorar la responsabilidad y transparencia fiscal en el manejo de los fondos públicos.
El objeto de esta norma es el establecimiento de reglas y procedimientos efectivos para lograr que el manejo de las finanzas del Estado se realice en función de los criterios de responsabilidad y transparencia. En ese sentido, en el artículo 1 se describe que:
“La presente ley tiene como objeto establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación. Asu vez, forma parte del objeto de esta establecer la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencias que se deriva de su inobservancia, violación o inaplicación”.
En conclusión, si queremos avanzar en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo del Presupuesto General del Estado, y de transparencia fiscal; hay que aprobar una norma que defina, de manera clara y precisa, los criterios para evaluar la responsabilidad, y aporte elementos para fortalecer la transparencia fiscal. En ese tenor, exhortamos a nuestros legisladores a realizar todas las gestiones de lugar, para que se incluya en la presente legislatura el conocimiento del referido proyecto de ley.
Al mismo tiempo, hay que destacar que el proyecto de “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, constituye una herramienta importante para mejorar la calidad del gasto público, y para combatir la corrupción administrativa.
