Estamos en tiempos difíciles y más que nunca el ahorro acumulado a través de los fondos de pensiones debe valorarse, pero a la vez debemos enfocarnos en hacer las mejoras necesarias a nuestro sistema de capitalización individual copiado del modelo de Chile, el cual ha sido objeto de duros cuestionamientos que entre otros reclamos produjeron masivas protestas en ese país, que terminaron en un cambio político que recién iniciará con la juramentación de quien fuera uno de los líderes de ese movimiento social, Gabriel Boric.
Algunos medios de prensa se han hecho eco de denuncias de afiliados que al recibir los estados de sus cuentas de capitalización individual se percataron de una reducción de su balance, y han publicado las explicaciones ofrecidas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) de que esto se debe al aumento que ha efectuado el Banco Central a la tasa de política monetaria, y que la apreciación de alrededor de 4.8% que ha experimentado el peso frente al dólar ha hecho que las inversiones realizadas en instrumentos financieros denominados en esta moneda, que representan alrededor de un 24% del portafolio de los fondos, al ser convertidas diariamente a pesos tengan un valor menor.
Por otra parte, expertos y entidades de la sociedad civil han cuestionado esta reducción, demandando no solo mayores explicaciones de la SIPEN, sino la aplicación de los artículos 103 y 104 de la Ley 87-01 de Seguridad Social sobre la rentabilidad mínima garantizada a que tienen derecho los afiliados y la cuenta de garantía de rentabilidad que deben mantener las AFP, y otras disposiciones de esta Ley.
Hay que celebrar que finalmente una parte de los afiliados esté prestando atención a sus cuentas de capitalización individual, pues durante años toda la atención estuvo centrada en la inmediatez de las necesidades de las prestaciones de salud, y pocos se preocupaban de las pensiones.
Es necesario profundizar este importante debate y entre otras acciones es necesario que las autoridades del Sistema de Seguridad Social y los afiliados prestemos atención a los señalamientos que se hicieron en el Estudio de Condiciones de Competencia en el Mercado de las AFP publicado por PRO-COMPETENCIA en el 2020, en el que se señalan entre otros aspectos que desde el inicio del sistema de pensiones en julio de 2003 a junio de 2020 se verifica “que existe un grado de asociación estadísticamente significativa entre las rentabilidades de las empresas” y que de acuerdo con la literatura económica, “esto se podría asociar a la posibilidad de una manipulación de precios…”, así como que “los análisis de quiebres estructurales sobre las series de rentabilidad de las AFP sugieren la existencia de comportamientos relacionados con la manipulación de estas.
Las conclusiones de estos análisis son consistentes con la caída de las rentabilidades entre 2006 y 2007.” En consecuencia, como pudiéramos estar en un escenario similar es imperativo verificar que no existan comportamientos anticompetitivos, y asumir las recomendaciones brindadas por el estudio y otras, para fortalecer la competencia en este mercado.
Las pensiones de nuestro sistema que de por sí por múltiples factores serán bajas, deben al menos tener asegurada la mayor rentabilidad real posible, y eso depende en parte de que haya competencia y de que los afiliados reciban toda la información necesaria para decidir sin restricciones cambiar a la AFP que mejor rentabilidad le ofrezca, lo que está lejos de ser el caso en nuestro país, y sí se hace en Chile.
Es tiempo de que el órgano rector del Sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la SIPEN como reguladora, la DIDA como defensora de los afiliados, utilizando el estudio como insumo, propicien los cambios necesarios en las normativas, pues es mucho lo que hay que mejorar en el sistema y no todo requiere esperar la aprobación de una reforma a la Ley 87-01, que aunque está actualmente en discusión en una comisión bicameral en el Congreso y en paralelo en una de las mesas del Consejo Económico y Social, nadie sabe cuándo habrá voluntad real para aprobarla.
