Existe una regla no escrita por la que, cuando un tema es abordado abiertamente por el presidente de la República en su rendición de cuentas, este cobra importancia en la agenda nacional. Cada año hay asesores de políticas públicas dedicados por completo a tratar de que las iniciativas de sus instituciones sean incluidas en la pieza discursiva, porque les facilitará la ejecución.
En el discurso pronunciado ayer, Luis Abinader marcó una pauta en torno a dos hitos importantes para más de un millón de hogares dominicanos. De cumplirse como lo planteó, estaríamos encarando una deuda social y política de varias décadas. Hablo de:
Primero, la categorización, certificación y valoración de la discapacidad. En nuestro país es una taréa titánica acceder a data estadística que permita saber con exactitud quienes son, dónde están y en qué situaciones las personas con alguna condición física, sensorial, intelectual o psicosocial.
Esa debilidad les bloquea el paso a las organizaciones de la sociedad civil y al mismo Estado cuando intentan acceder a fondos de cooperación internacional. A la vez, obliga a que las políticas destinadas a esta población se ejecuten con muy poca información real sobre el impacto de ellas.
Y claro, les impide a quienes viven con discapacidad acceder a la protección contemplada en piezas como la ley 05-13 sobre discapacidad y la 87-01 de Seguridad Social. La Valoración de la Discapacidad ha sido un desafío de años, y ya que nos gustan estos datos, es la primera vez en la historia del país que un mandatario se refiere a esta como parte importante de su agenda.
El segundo hito me toca mucho más de cerca. Nunca antes escuché a ningún presidente hablar abiertamente y con una ruta específica sobre la participación de las personas con discapacidad en el sector productivo.
De hecho, las estadísticas de Ocupación Laboral que emiten entidades como el Banco Central no registran a los empleados con discapacidad. En el sector público no se tiene una identificación real de cuántas personas con discapacidad están empleadas y mucho menos, se dispone de instrumentos que obliguen a las entidades, públicas o privadas, a la contratación de personal con alguna discapacidad.
Aquí descansa el primer gran valor de esta medida. Se trata de un hecho que, si se cumple, podría ser la mayor transformación política y social de los últimos 30 años.
Y lo digo de este modo, porque en todas las familias del país hay o habrá al menos una persona que vive en condición de discapacidad. Asimismo, hasta ahora este es el colectivo con menos participación productiva del país, si se considera que seis de cada diez personas con discapacidad están desocupadas y sin percibir ningún tipo de ingresos.
En lo personal este anuncio condensa los principios de los que venimos hablando en la Fundación Francina desde hace años. Y por eso, considero importante hacer una advertencia fundamental, en torno a la contratación de personas con discapacidad hay un proceso que debe agotarse con plenitud para que sea una política exitosa y que reditúe positivamente al país:
- Se contrata a la persona por su talento o destreza, no por la discapacidad.
- Se trata de que la persona cuente con funciones reales, no con un salario. Es una cuestión de dignidad.
- Es indispensable garantizar que la persona cuente con los medios necesarios para desempeñarse efectivamente y en igualdad de condiciones con el resto de colaboradores.
Mientras tanto, ayer escuché cómo un presidente se atrevía a dedicar más de dos palabras a un sector que por años ha pasado casi inadvertido por los discursos de los mandatarios de los últimos 50 años. Por eso, ante la regla no escrita de que si un tema aparece en la rendición de cuentas se convertirá en importante para la agenda nacional, me pregunto, ¿será verdad? l
