Ultimamente se habla mucho del término “régimen de consecuencias”, aplicado por padres responsables ante las desobediencias de los hijos. Cuando un hijo violentaba las normas establecidas en la casa, o no cumplía con las responsabilidades asignadas nadie le despintaba su castigo, que iba desde una pela con correa, pasar horas bajo el sol hincado, o de pie frente a una pared, se le prohibía jugar con los amigos, ver televisión, salir de la casa… un sinfín de sanciones que provocaban pavor y miedo.
Durante el régimen trujillista se puede decir que también se aplicaba un régimen de consecuencias, en el sentido de que quienes infringían las leyes que imponía el tirano, pagaban hasta con la vida.
Pero bien, ahora todo el mundo habla de un régimen de consecuencias ante un festival de transgresiones que se producen día a día en todos los ámbitos que alteran la vida ciudadana, como por ejemplo altercados en el tránsito, ruidos producidos por vehículos y “musicones” en plena calle.
Las más comunes, obviamente, son las infracciones que se comenten en el tránsito y que generan consecuencias funestas, pero que, lamentablemente, las autoridades no han podido ponerles un stop. Y estoy segura de que si a un conductor de vehículo o motor que viola las normas o leyes se le aplicara el régimen de consecuencias, ese infractor lo pensaría dos veces antes de repetir la acción.
En ocasiones, el presidente Luis Abinader ha afirmado que en su gobierno hay un régimen de consecuencias, refiriéndose en este caso a que todo aquel que roba dinero del Estado va preso. La afirmación la hizo luego de que se denunciara la clonación de la tarjeta Supérate, un programa supuesto para asistir a familias en condiciones vulnerables.
Pero no nos vayamos muy lejos y apliquemos el término a otros ámbitos de la vida nacional. Por ejemplo, bajar línea y régimen de consecuencias a aquellos políticos acusados de corrupción administrativa, que han burlado al propio Estado dominicano, y que molesta sobremanera a un sector de la sociedad que trabaja y paga religiosamente, con el sudor de su frente, cada centavo requerido en impuestos.
Hay que aplicar régimen de consecuencias al sistema educativo dominicano que ha derrochado millones y millones de pesos en planes cuyos resultados no reflejan un mejoramiento en la calidad de la educación que se sirve.
También someter a un régimen de consecuencias a ciertos “médicos” que estafan a los pacientes y al Estado con sus malas prácticas, al igual que a las aseguradoras de salud, de pensiones y de riesgos.
Aplicar régimen de consecuencias a policías y militares desaprensivos que violan constantemente nuestras leyes y normas, pero igual a aquellos funcionarios depredadores del erario.
En fin, ya que hablamos tanto de régimen de consecuencias, hacerlo valer ante tanta mediocridad, desorden e irrespeto sería la salvación, pero lamentablemente, el régimen de consecuencias en nuestro país es letra muerta, o ¿Será una utopía? Y aunque el presidente Abinader tenga la mejor intención de querer aplicarlo, cada día se hace más difícil llamar al orden.