El presidente Luis Abinader ha estado defendiendo a capa y espada su propuesta de modificación constitucional, la que presentará al Congreso Nacional en el transcurso de la presente semana. Esa propuesta de reforma tiene muchos aspectos positivos y está llena de muy buenas intenciones. El presidente Abinader ha dicho que, por primera vez en la historia dominicana, un mandatario actúa diferente a los demás promoviendo una reforma que, de acuerdo a sus consideraciones, limita los poderes al Jefe del Estado en ejercicio y cercena sus posibilidades de reelección por más de dos períodos.

Esa afirmación del presidente no es del todo cierta. Si bien su propuesta de reforma busca ponerle candados a la reelección por más de un período, lo real es que esos candados los tiene la actual constitución desde sus modificaciones en el 2010 y el 2015. El presidente Abinader quiere legislar para el futuro tratando de colocar como una “cláusula pétrea” lo referente a la reelección. En ese orden sus intenciones pueden ser buenas, pero el procedimiento y los medios para implementarlas tienen muchos elementos cuestionables e incluso algunos llevan a limitar el desarrollo democrático de la nación.

El primero de ellos fue la absurda e irracional propuesta de eliminar el artículo 174 de la constitución, lo cual quería quitarle carácter constitucional al Consejo Superior del Ministerio Público. Gracias a las duras críticas de sectores de la comunicación y del propio Ministerio Público, el presidente Abinader tuvo oídos receptivos y echó para atrás ese despropósito constitucional. Empero, de igual manera, existen dos aspectos de la propuesta de reforma que laceran de forma sensible el sistema democrático y que, de acuerdo a muchos sectores y analistas, nos llevan a un retroceso político.

Esos dos aspectos son la propuesta de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, y la reducción de 57 representantes al Congreso Nacional. En cuanto a la unificación de las elecciones, la justificación es que supuestamente existe un enorme gasto para el Estado y que eso nos mantiene en una permanente campaña electoral. Esos argumentos son muy débiles y no van al fondo real de lo que significa el poder de los municipios en los tiempos actuales.

La democracia es costosa y debemos pagar el precio de ella. La República Dominicana ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido por más de tres décadas debido, entre otros aspectos, por su estabilidad política. Y eso significa que no debemos tomar decisiones que puedan debilitar los partidos o los poderes que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo. Unificar la elecciones municipales en el fondo es limitar y debilitar el Poder Municipal y darle mayor poder decisión y de acción al presidente de la República.

Por eso, lo conveniente es realizar las elecciones municipales con dos años de separación de las elecciones presidenciales, tal y como lo planteó de manera correcta el doctor José Francisco Peña Gómez en las reformas a la constitución del año 1994. Con eso, se le da importancia al Poder Municipal y se consolida el desarrollo de un nuevo liderazgo político nacional, representado en los alcaldes, regidores, directores y vocales que son elegidos y que se convierten en los garantes de los derechos de sus comunidades.

Contrario a lo que pretende el presidente de Abinader, unificar las elecciones es darle más poder al Ejecutivo, es poner el Poder Municipal a depender de la voluntad de los presidentes, es cercenar el desarrollo de un liderazgo en los pueblos y ciudades de todo el país, lo cual aumenta la centralización del poder y el manejo injusto del presupuesto del Estado.

La propuesta del presidente Abinader no solo choca con la visión del doctor Peña Gómez, sino que también va en sentido contrario al criterio del principal Padre de la Patria y creador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, quien en su propuesta de constitución dominicana expresó que el poder municipal debe ser “el primer poder del Estado”. Y por eso, los municipios y sus representantes deben tener toda la dimensión e importancia que tiene el Poder Ejecutivo, porque ellos son los que gobiernan en cada municipio, en cada ciudad, en cada zona de la República Dominicana. Y son ellos el canal más directo para enfrentar y resolver las necesidades de la población dominicana.

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