La propuesta de reforma al código laboral que hizo ayer el presidente Luis Abinader podría marcar una ruta hacia la modernización del mercado de trabajo dominicano. Esta tiene el potencial de abordar algunos de los principales retos laborales, como la informalidad, que afecta a más del 50 por ciento de la población trabajadora. Sin embargo, además de estas mejoras, la reforma también ofrece una oportunidad crucial para enfrentar desafíos históricos del país, como la participación económica de las personas con discapacidad, una deuda postergada largamente por el Estado dominicano.
La propuesta de reforma, aunque ha sido consensuada con distintos sectores, aún tiene espacio para apuntalar las dinámicas productivas de quienes viven con alguna condición física, sensorial o cognitiva. La Ley 05-13 sobre derechos de las personas con discapacidad establece una cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en las nóminas de las empresas, una medida que, en teoría, debería asegurar la inclusión de esta población en el mercado laboral formal. No obstante, en la práctica, la falta de seguimiento por parte de los órganos responsables y los vacíos en la implementación de la ley, que ya tiene más de 10 años de vigencia, han impedido que se cumpla con este objetivo.
La reforma laboral presentada ofrece una oportunidad única para reevaluar y fortalecer la implementación de esta cuota, asegurando que las empresas cumplan con la inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas. Según el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el estado de situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana, aproximadamente ocho de cada diez personas con discapacidad no tienen empleo, una cifra vergonzosa cuando se compara con la situación de las personas sin discapacidad, donde solo dos de cada diez están desempleadas.
Aunque no existen grandes datos actualizados y específicos sobre la tasa de empleo de personas con discapacidad en el país, la información disponible resalta la gravedad del problema.
La inclusión de medidas específicas en la reforma del Código Laboral, como un mayor seguimiento y sanciones para el incumplimiento de la cuota del 2%, podría ser un paso fundamental para garantizar que este segmento tenga acceso al empleo formal, con todas las garantías y derechos que esto implica.
Aquí cabe apuntar que, si se busca información sobre la tasa de personas económicamente activas (PEA), es prácticamente imposible saber esa información en relación a las personas con discapacidad, a pesar de que es una métrica que se mide de forma regular en el país. Y en ese contexto, la falta de datos también es un dato sobre la invisibilización y por qué es mandatorio que el nuevo Código Laboral sea incisivo en materia de inclusión de personas con discapacidad.
Para que la reforma laboral logre el impacto deseado en los próximos 30 años, es crucial que contemple a todas las poblaciones, de forma transversal, sin dejar atrás a ningún grupo. Esto incluye a la población con discapacidad, que representa un 12.41% de la población total del país. Ignorar las necesidades y derechos de este sector sería una oportunidad perdida en un momento en que la República Dominicana tiene la posibilidad de actualizar su marco laboral para enfrentar los retos del siglo XXI.
