En la República Dominicana se ha modificado la Constitución treinta y nueve ocasiones, en la mayoría de los casos para garantizar intereses de gobernantes de turno. Esas reformas, regularmente han versado acerca de la reelección presidencial, siendo la más reciente en el año 2015.
Se puede asegurar que las reformas más importante, novedosa y democrática al texto constitucional se hizo en los años: 1858 (abolición de la pena de muerte), 1963 (la reforma de mayor transformación social, realizada luego de la muerte del Rafael L. Trujillo Molina); 1994 ( producto de la crisis política entre los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano), trajo consigo la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, como órgano colegiado que elige los jueces de la Suprema Corte de Justicia, colegios electorales cerrados, y la exigencia de que, los candidato a la presidencia para ganar en primera vuelta deben obtener el 50% + 1 de los votos.
En esta reforma se produjeron avances importantes, como la creación del Tribunal Constitucional Dominicano; el Tribunal Superior Elector; constitucionalización de la actividad financiera del Estado; personalidad jurídica a los Distritos Municipales; ampliación del catálogo de derechos; garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Además, la inclusión de los principios de interpretación y reglamentación de la Constitución en el artículo 74.
En este contexto, hay que señalar que ninguna obra humana es perfecta, y desde la propia Constitución se establecen mandatos al Poder Legislativo como reserva de ley absoluta, para la modificación de algunas leyes orgánicas y la creación de otras. Estas leyes, vendrían a completar los anhelos de los asambleístas de 2010 expresado en el preámbulo de la Ley Sustantiva.
Sin embargo, la mayoría de las leyes que debieron modificarse y crearse transcurrido doce (12) años, aún quedan pendiente, y muchos proyectos de ley, han perimido en el Congreso Nacional, como: Ley General de participación Ciudadana y Control Social, General de Protección a Víctimas y Testigos, Ley de Agua, Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Control Fiscal del Congreso Nacional, entre otras.
En síntesis, al observar los aprestos de realizar una nueva reforma a la Constitución, bajo el argumento de garantizar la independencia del Ministerio Público, evitando que el Poder al Ejecutivo tener la facultad de nombrar el Procurador General de la República, tenga injerencia en el organismo de persecución de la corrupción y la criminalidad, nos preguntamos ¿Es la corrupción y la impunidad el principal problema de la República Dominicana?
