Recurrente error al utilizar el término alianzas público-privadas

En el país solo se ha realizado un único acuerdo de Alianza Público Privada (APP), pero vemos que, desde el presidente de la República y el resto de sus funcionarios, mal utilizan esa nueva figura para referirse a acciones en las que el sector privado participa junto al público, pero que en modo alguno constituyen una (APP), conforme a su definición en la ley 47-20.

El primer y único contrato de Alianza Público Privada suscrito por el Estado dominicano desde la promulgación de la Ley 47-20, (el 20 de febrero del año 2020), es el referente a un proyecto de infraestructura que consiste en la rehabilitación y conversión del Puerto Duarte en Arroyo Barril-Samaná, en una terminal de cruceros y facilidad turística complementaria. La información se dio a conocer en marzo del año 2023.

Es frecuente ver a funcionarios públicos de todos los niveles jerárquicos del Estado, referirse a que se tratan de “acuerdos de alianzas público privadas’’, acciones en los de alguna manera el sector privado intervine en proyectos o planes que de forma conjunta ponen en marcha ambos sectores, con aportes financiero, respaldo técnico, capacitación, donación de bienes muebles e inmuebles, construcción o reconstrucción de infraestructuras físicas, entre otras operaciones.

Las alianzas público-privadas, son el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato.

De la lectura correcta de la definición legal de las APP, conforme a su ley, y el correcto cumplimiento del procedimiento para llegar a la suscripción de su contrato, previsto en su reglamento, todo lo que se hace al margen de ese mecanismo, se le pudieran considerar acuerdos de cooperación, acciones conjuntas, pactos de compromisos, donaciones, colaboraciones, intercambio de voluntades, interés mutuo, o cualquier otra denominación que refleje la voluntad de trabajar unidos, pero en modo alguno, debe ser llamado alianza público privada y mucho menos, ser reproducido en notas de prensas y en discursos oficiales.

Un caso muy conocido y en el que casi la mayoría de la población cree se trata de una APP, es el proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Para todo el común, lo que se hace allí es mediante la modalidad de alianza público privada, y no es lo cierto, al menos hasta el momento.

En el caso de Cabo Rojo se ejecuta mediante la figura del fideicomiso, y en ese acuerdo de fideicomiso, el Estado dominicano se hace representar por la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), y es aquí donde radica en gran medida parte de la confusión.

Cabe destacar, que, dentro de los múltiples modelos de desarrollo para el proyecto de Pedernales, o los llamados “vehículos Jurídicos”, desde el 30 de junio del año 2023, la DGAPP y el Fideicomiso Pro-Pedernales, tiene en ejecución el proceso competitivo nacional e internacional para la selección de un socio estratégico con experiencia en desarrollo, operación y mantenimiento de destinos turísticos, a los fines de capitalizar y realizar en sociedad el destino turístico de Cabo Rojo, Pedernales, que invierta 577 millones de dólares en el proyecto de desarrollo turístico.

Ese proceso debió finalizar el 22 de diciembre del 2023 conforme al pliego de condiciones, pero tras siete (7) modificaciones o enmiendas al mismo, la fecha de adjudicación ha sido extendida al 24 de mayo del 2024.

El tema da mucha tela por donde cortar, pero lo más importante es que a partir de ahora los funcionarios no continúen incurriendo en el error de llamar como alianzas público privadas cuestiones que no lo son, y lo más importante; que la Dirección General de Alianzas Público Privadas, entidad facultada por la ley, se encargue de sacar del error a muchos funcionarios que mal usan esa terminología.