Desde hace más de dos décadas (2) las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y otros sectores, nos han vendido la idea de que los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), al momento de llegar a la edad del retiro a los sesenta (60) años, estos podrán disfrutar de una pensión digna, para solventar los gastos médicos y de alimentos.
Sin embargo, la realidad es otra, ya que las personas que serán beneficiarias de una pensión con retiros programados, en la mayoría de los casos, recibirán un monto que no llega ni al 20% del último salario cotizable. Partiendo de esta realidad, la calidad de vida de los afiliados al SDSS al momento de su presión, se verá seriamente diezmada, porque el dinero que recibirán no les alcanzara para comprar las pastillas para la presión, diabetes, riñones, entre otras enfermedades propias de la edad.
En este este contexto, la situacion en el párrafo anterior, no es el único problema que enfrentan los afiliados del SDSS, lo más grave, penoso, vergonzoso y lamentable, es el hecho de que el dinero que tienen acumulado no le generara intereses. Por tales razones, al final de la jornada, las AFP se quedarán con el dinero de los afiliados, ya que la cuota mensual que pagaran de la pensión, será pagada con los intereses que genere el dinero acumulado.
En ese sentido, para poner un ejemplo una persona que tenga acumulado RD$3,065,000.00, en los primeros cinco (5) años recibirá una pensión de RD$17,700.00. Este monto, es casi igual a los intereses que genera el dinero acumulado. Esto implica, que el dinero de pensión será pagado con los intereses que genere el dinero acumulado. En ese tenor, al final, las AFP se quedarán con el dinero de los ahorrantes. Esto es un vulgar robo, que debe llamar la atención de los legisladores, la clase política y la sociedad en sentido general.
En conclusión, el actual esquema de pensiones constituye una vulgar estaba y una vulneración al derecho de propiedad de los afiliados. Por tales razones, hacemos un llamado a los miembros de la comisión bicameral del Congreso Nacional, que están trabajando en el informe final para la modificación de la Ley No.87-01, al presidente Luis Abinader, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, para que tomen en consideración la situación descrita precedentemente.