Sin lugar a dudas, una de las principales noticias de esta parte final del 2018 ha sido la caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a los Estados Unidos. La misma, compuesta por alrededor de 8,000 personas, se convirtió en un gran desafío para las autoridades de El Salvador, Guatemala y México, países que debía cruzar en el trayecto hacia su meta y que no pudieron mantener controlados sus respectivos puntos fronterizos. En el caso del país azteca, fueron notorias las imágenes del violento amotinamiento entre los migrantes y policías una vez se les dijo que podrían entrar, pero cumpliendo el proceso que les facilitaría el gobierno mexicano.
Como era de esperarse, esta dramática situación despertó la ira del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que se le impedirá la entrada al grupo de inmigrantes, le reclamó a los tres países del trayecto por lo que consideró actitud pasiva y lo terminó convirtiendo en un tema de debate. Con esto, no nos referimos al debate electoralista, sino más bien al constitucional y de políticas públicas para las migraciones. La discusión que ahora se tiene por delante es la de si Estados Unidos mantendrá el derecho a la nacionalidad por jus solis de manera incondicional como lo ha hecho hasta hoy día.
Declaraciones de mujeres embarazadas que van en esta caravana y otras, muestran un claro interés por dar a luz en territorio americano con el fin de adquirir la regularización de familias completas y obtener todos los privilegios que esto trae como ciudadanos del país más rico del mundo. Las elecciones ya pasaron, pero la preocupación de que haya manipulaciones del sistema para desbordar las capacidades generales de una nación seguirán presente.
Ahora bien, más que analizar lo que pasará en ese país, lo cual se lo dejo a otros, quiero abordar la situación dominicana. Nosotros, que no somos un país desarrollado y que nuestros 48,442 kilómetros cuadrados no se comparan con la amplitud del área que comprende Estados Unidos, tenemos una situación similar. Hacia acá también vienen caravanas de personas de un país vecino pobre, manipuladas por traficantes de personas que se lucran con la miseria. Hacia nuestro territorio por igual, vienen cantidades de parturientas que buscan dotar de nacionalidad dominicana a sus hijos por esa vía. Sin embargo, reconocer este desafío ha sido un tabú, puesto que potencias extranjeras, queriendo evadir la crisis de un estado fallido como es Haití, utilizan su propaganda para presentar como un extremismo lo que es una preocupación legítima.
El triángulo norte centroamericano es una sub-región golpeada por la pobreza y la inseguridad, situación que nos apena y que necesita mucho apoyo para poder superarla, lo cual no puede significar que en Estados Unidos esté la solución. Como tampoco se puede pensar que hay una solución dominicana al tema haitiano. Endosarles su población más desposeída a otro estado que se encuentre en mejores condiciones puede parecer agradable, pero eso solo constituye subsidiar la crisis, no resolverla y con toda seguridad apostar a crear a mediano plazo un problema mayor. Mirar al otro lado mientras desalmados trafican con el sufrimiento de los demás es enviar un mensaje de que el delito paga. Y eso, debemos impedirlo con acciones responsables que el cambiante contexto internacional parece ser finalmente entenderá y permitirá.
