¿Quiénes financian las campañas?

Los partidos políticos han recibido la proclama emitida por la Junta Central Electoral, (JCE), en la que se indica cuánto es el tope de los gastos que podrán tener los candidatos para las próximas elecciones y fijó un monto de 9 millones de pesos como el máximo de financiamiento.

Y no es que la JCE se haya inventado nada, el contenido de esta proclama es claro en la modificada Ley de Régimen Electoral que establece la fiscalización de los citados recursos. Así como establece la normativa 20-23 que los partidos deberán publicar constantemente un informe de ingresos y gastos manejados durante la campaña y ordena que cualquier donación o aporte no debe realizarse a nombre de otra persona o institución. La idea es saber quiénes y cuánto aportan para las campañas políticas.

La JCE ordenó a los partidos que, antes del próximo 21 de junio, entreguen un desglose y un informe sobre los recursos que recibieron y además dispone que el dinero sobrante sea utilizado para la formación política de los militantes.

Y esto debería ser lo correcto, pero no seamos tan ilusos, sólo hay que ver lo que sucedió en las pasadas elecciones municipales.

Recordemos que los presentantes de la OEA que estuvieron observando el proceso municipal pasado cuatro días después hicieron un levantamiento que quedó plasmado en un informe con la triste realidad, que de 19,465 candidatos solo tres presentaron informes financieros ante el órgano rector del proceso.

Esta insensatez de no suministrar la información debida y que los partidos no se comprometieron con la transparencia y con las acciones que estipula la normativa en ese orden, hace imposible la adecuada fiscalización por parte de la JCE, que desarrolla una labor titánica para que todo el proceso eleccionario fluya como se debe.

El que los partidos y sus candidatos no presenten los reportes de ingresos y gastos de campaña, antes y después de los comicios, vulnera y lacera el control social que pueden ejercer la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil sobre los gastos reales de las candidaturas. Los partidos evitarían el descrédito, por la vinculación con personajes del lado oscuro, algunos llevados al banquillo de los acusados.

En una sociedad que ha avanzado en pos de mayor transparencia y menos corrupción, necesitamos para adecentar el ejercicio político mayores niveles de control y fiscalización, pero no será posible si los partidos y los propios candidatos no colaboran para que eso suceda.