A principios de septiembre, salió a la luz una instrucción emitida desde el Ministerio Público y autorizada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en la que se imponen dogmas y percepciones personales como políticas de Estado, al ordenar a sus empleados a participar en preceptos ideológicos correspondientes a la “identidad de género”.
“Todo personal que atienda a una víctima de la comunidad Lgbtiq, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados”, instruye el documento emanado desde la Procuraduría General de la República, firmado el 1ero. de septiembre del 2023.
La pregunta más evidente es: ¿cómo define el Ministerio Público el controvertido concepto de “identidad de género”? ¿Cómo puede una institución pública obligar a su personal laboral a participar en temas ideológicos no discutidos ni consensuados?
La instrucción citada no adjunta un glosario con definiciones. Por lo tanto, ante la ausencia de conceptualizaciones consensuadas, debemos asumir que estas políticas de Estado utilizan las definiciones contenidas dentro del Proyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación, cuya aprobación es el principal propósito del accionar de la Procuraduría General de la República, así como de diversas instituciones del Estado, tales como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambas instituciones también se han comprometido con la labor de promover estos conceptos antidemocráticamente, a diestra y siniestra.
El proyecto de ley define la “identidad de género” como: “La conciencia y el sentimiento, que se convierte en convicción de ser mujer o ser hombre, femenino o masculino.” Entre no tener definición alguna y contar con esta definición, no sabemos cuál opción resulta peor. Sea esta, o cualquier otra interpretación posible, la “identidad de género” representa (en el mejor de los casos), un sentimiento. En palabras llanas, este concepto alega que ser mujer u hombre no depende de nuestra biología, sino de la percepción de que las personas pasan de un sexo biológico a otro, con tan solo expresar que se identifican como parte del sexo contrario. Algo así como un conjuro espiritista: “Yo soy mujer porque me siento mujer”. Este concepto también depende de definiciones circulares carentes de lógica, por ejemplo: “¿Qué es una mujer? Una mujer es una persona que se identifica como mujer.”
¿Qué busca el Estado dominicano politizando sentimientos y percepciones personales variables, llegando al colmo de obligar a empleados para que acepten dogmas etéreos?
La Procuraduría General de la República maneja temas de justicia. La magistrada Germán Brito, brillante y sabía cómo es, comprende perfectamente que el efecto de su ordenanza es una tergiversación inmediata de los datos estadísticos respecto a la criminalidad y delincuencia que afecta a la República Dominicana. Un tema urgente y prioritario para la población, que empeora y mantiene a toda la sociedad en vilo.
¿Cómo así? Si el personal de la Procuraduría debe aceptar la “identidad de género” que expresen las personas con las que interactúa la institución, y este concepto no requiere más que de la expresión de un sentimiento, ¿cuánto tiempo tardarán los feminicidas (depredadores despiadados como son) en identificarse como mujeres y así desdibujar nuestro conocimiento sociocultural sobre quien comete feminicidios contra quién? Absurdos como estos no son una falla ni un descuido en la elaboración de las políticas de “identidad de género”: representan su propósito principal.
De igual manera, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, como dependencia de la Procuraduría General de la República, ¿estaría admitiendo que su intención es que las personas privadas de libertad elijan a conveniencia si son enviadas a cárceles de mujeres o para hombres? Sabemos perfectamente bien que es bastante común que hombres agresores se presenten ante las autoridades como víctimas para manipular el sistema.
Las mujeres en la cárcel también representan una población vulnerable y la gran mayoría han sido víctimas de violencia machista. La instrucción posibilita que, a partir del 1ero. de septiembre, los hombres que cometan todo tipo de crímenes (incluyendo crímenes contra mujeres como la violación y el feminicidio), puedan autoidentificarse como mujeres y compartir espacios cerrados con mujeres en extrema vulnerabilidad. ¿Es esa la intención de la Procuradora y por consecuencia la del Presidente Abinader?
El propósito de esta instrucción revela claramente que no tiene nada que ver con la protección de poblaciones vulnerables, pero sí tiene que ver con aterrorizar mujeres, que en su gran mayoría son pobres y no tienen escapatoria. ¿Dónde está el respeto y la consideración hacia ellas?
Otra pregunta sin responder: ¿qué consecuencia les depara a los empleados del Ministerio Público que se rehúsen a ejecutar la instrucción, ejerciendo así su derecho a la libertad de consciencia y la libertad de expresión? Obligar a empleados públicos a aceptar la “identidad de género” de las personas, sí o sí, no es una propuesta benigna, porque en este tema este gobierno tiene antecedentes.
Recordemos que fue el Gobierno del presidente Abinader que propuso legislar contra los sentimientos de su ciudadanía, bajo la también controvertida conceptualización de los llamados “crímenes de odio”. El 8 de marzo del 2021, vía Ministerio de la Mujer, presentó ante el país la siguiente propuesta legislativa: “Quien directa o indirectamente fomente, promueva o incite conductas de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una persona por razón de su identidad de género será penalizado con penas de treinta años de prisión mayor y multas de hasta cien salarios mínimos”.
La magistrada Germán Brito se mostró favorable ante esta propuesta al especular que el supuesto atentado terrorista contra activistas feministas quienes acampaban frente al Ministerio de la Mujer, representaba un “crimen de odio.” Supuestamente, mediante este hecho 12 personas resultaron intoxicadas de lo que eventualmente resultó ser marihuana horneada dentro de unos brownies y el atentado fue autoperpetuado por miembros del mismo campamento para llamar la atención. Previo a que se develara la trama, la Procuradora expresó el 5 de mayo del 2021, ante el programa El Día: “Sin que sea prejuzgar, eso podría decirse que tiene la característica de una infracción de odio.”
Un gobierno que ya reveló su ambición de encarcelar personas, así como usted y como yo, con sentencias de la pena máxima admisible en nuestro Código Penal, por negarse a aceptar conceptos espiritistas como la “identidad de género”, perdió todo pudor. ¿Quién se atreve a irrespetar la “identidad de género” ante un gobierno que fantasea con encarcelar a voces disidentes durante 30 años? ¿Quién se atreve a contradecir estos planteamientos, blindados bajo eslóganes sobre “el respeto y la tolerancia”? ¿Dónde está el respeto y la tolerancia para la mayoría preocupada por las multifacéticas ramificaciones del concepto de “identidad de género” en las políticas públicas? Periodistas excepcionales tendrán que preguntarle al excelentísimo mandatario si él busca cuatro años más en el poder para cumplir su amenaza de meter presas a disidentes políticas.
Abanderados de agendas foráneas argumentan que la instrucción de la Procuraduría General de la República es simplemente un asunto de sensibilidad. “No entiendo por qué molesta que se pida que alguien sea tratado con respeto. ¿Por qué son tan insensibles ante la realidad de la gente y el mundo? Necesitan empatía,” expresan.
¿Dónde está la empatía de hacia las mujeres vulnerables en los recintos penitenciarios? ¿Dónde esta la sensibilidad ante la tergiversación de datos estadísticos respecto a la violencia contra las mujeres que devendrá, de manera inevitable e inmediata, de la implementación de dogmas controvertidos como políticas de Estados?
Al celebrar la instrucción de la procuraduría, un activista expresó: “ya es hora de que se respeten nuestros derechos,” a lo que sería bueno recordar la frase de la organización feminista Contra el Borrado de las Mujeres en donde se expresa que “no existe el derecho humano de los hombres a ser considerados mujeres.”
La plataforma reeleccionista La Semanal con la Prensa, inaugurada por el presidente Abinader a finales de agosto del año 2023, representa una oportunidad idónea para que el periodismo dominicano demuestre su ensalzable y admirada reputación e interpele al mandatario preguntándole: ¿Cómo define el concepto de la “identidad de género”? ¿Qué opinión le merece la medicalización irreversible de menores de edad que rechazan su sexo biológico? ¿Considera que los deportes femeninos deben restringirse a las mujeres o deben ser abiertos a hombres que se identifican como mujeres?
Excelentísimo señor presidente: ante su determinada imposición de políticas de “identidad de género”, ¿qué usted le diría a una reclusa en un recinto penitenciario para mujeres encarcelada con varones? ¿Qué opinión le merece la difuminación de datos estadísticos sobre la violencia machista? ¿Considera que se debe respetar la supuesta “identidad de género” de los feminicidas y de los violadores? ¿En qué momento se le ocurrió a usted que amenazar disidentes de la “identidad de género” con penas de 30 años de cárceles y 100 salarios mínimos sería una buena idea? ¿Qué implicaciones tendrían estas políticas de Estado para temas extremadamente delicados como el Registro Civil, y por qué ha decidido imponerlas de manera autocrática y sin consulta previa de la población?
Sostener convicciones y presentar ante la palestra pública las ideas políticas que él considere correctas son su derecho como candidato presidencial. Ante la afronta innecesaria y agresiva del actual gobierno, el periodismo responsable debería indagar si los demás candidatos presidenciales viables, especialmente el Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana o el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, apoyan las políticas de “identidad de género” y sus implicaciones corrosivas para la toda la población, o las rechazan. Este siempre ha sido un tema de alta política para el Estado. Ahora se convierte en un tema de campaña.
