En los últimos meses han ocurrido dos eventos importantes vinculados a la institucionalidad y a la movilidad en la República Dominicana. Por un lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha señalado la necesidad de reformar la ley de tránsito para fortalecer los mecanismos de cobro de multas por violaciones a las reglas viales. Por otro, en noviembre pasado se anunció la creación del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, conocido popularmente como Pacto de Movilidad, una iniciativa que involucra a sectores públicos, privados y sociales.
Ambos hechos llaman la atención porque, por fin, el país está discutiendo un problema que nos afecta desde hace décadas. Según investigadores como Laura Faxas y Marcos Barinas, el origen del caos vial actual está relacionado con el flujo migratorio del campo a la ciudad en las décadas de 1970 y 1980. A esto se ha sumado un crecimiento económico de treinta años que no ha estado acompañado de una planificación del tránsito.
En ese contexto, hablar de un Pacto de Movilidad tiene sentido. Al 31 de diciembre de 2024, el parque vehicular del país alcanzó las 6,194,052 unidades, lo que representa un aumento de 6.6 % respecto a 2023. En el Gran Santo Domingo, el 36 % de los viajes se hacen en transporte público y el 42 % en vehículos privados. Frente a estos datos, la Organización Panamericana de la Salud, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Peatones 2020-2023, identificó los principales riesgos para los peatones y propuso 17 soluciones integrales que van desde mejoras en infraestructura hasta campañas educativas.
No obstante, el panorama sigue siendo alarmante. El Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2023, publicado por la Oficina Nacional de Estadística, reporta que ese año fallecieron 1,949 personas en accidentes de tránsito. Y eso es solo en 2023. En las últimas décadas, el país ha mantenido un promedio de cinco muertes por día debido a siniestros viales. Se estima que el costo económico de esta situación representa cerca del 2.5 % del Producto Interno Bruto. Y en estos cálculos no se incluye la pérdida de productividad derivada de las discapacidades generadas por los accidentes.
Aunque el pacto fue firmado en noviembre, en las semanas recientes se han realizado consultas y mesas de trabajo para fortalecer sus contenidos. Sin embargo, en un encuentro sobre accesibilidad urbana en el que participaron organizaciones vinculadas a la discapacidad, surgió una preocupación: ninguna de las entidades presentes sabía quién representaba a la sociedad civil del sector discapacidad en el pacto.
Esto genera incertidumbre. Se supone que hay alguien con criterio técnico y conocimiento del tema participando en las discusiones. Pero en un medio tan pequeño, donde las organizaciones del sector se conocen entre sí, resulta extraño que ninguna haya identificado a esa representación. Para aclararlo, mi equipo contactó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entidad coordinadora del pacto. La respuesta fue que sí hay organizaciones representando al sector discapacidad.
Esa respuesta, aunque formal, no es satisfactoria. En este tipo de procesos es necesario identificar claramente a las organizaciones involucradas. Aunque existen muchas instituciones que dicen trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, son pocas las que realmente dominan los mecanismos de participación o cuentan con equipos técnicos capacitados. En este punto no se está cuestionando la participación del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), porque su rol es gubernamental, no de sociedad civil.
Este asunto no es menor. La movilidad sigue siendo una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Muchos dejan de estudiar o trabajar por los costos y dificultades de desplazarse con autonomía en el país. Además, la inseguridad vial es una de las principales causas de discapacidad. Por cada persona fallecida en un accidente, al menos dos quedan con alguna condición física temporal o permanente.
Por eso, las preguntas son inevitables:
¿Quién representa a la sociedad civil del sector discapacidad en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial?
¿El director del Intrant consideró los criterios de accesibilidad cuando anunció las iniciativas de movilidad para 2025? Lo planteo porque la ley de tránsito dominicana es una de las más explícitas en cuanto a este tema.
¿Se ha pensado que toda inversión en infraestructura o movilidad pierde sentido si resulta inaccesible para más de 1.4 millones de personas con discapacidad y sus familias?
Hay que tener claro que sin un equipo técnico que incluya a supervisores con algún tipo de discapacidad, nuestro pacto será chueco. Pero, confío en que estas cuestiones quedarán subsanadas, justamente porque percibo la voluntad de transformación que hay en torno al tema.
