La denominada operación Falcón llevada a cabo recientemente por el Ministerio Público mediante la cual están desmantelando una red acusada de dedicarse al tráfico internacional de drogas y lavado de activos, es una granada que le ha explotado en las manos al sistema de partidos de nuestro país y al altísimo costo y falta de control de nuestras campañas electorales.
El expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público no solo vincula a una persona que ostentó por cuatro períodos consecutivos una diputación por el partido PRD y que dio el salto 4 meses antes de las elecciones al PRM y al momento del operativo ejercía un cargo público en el presente gobierno del cual fue suspendido, sino que según se alega dicha poderosa red mafiosa financió “campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, etc., con el objetivo de tener incidencia y poder”.
Hace tiempo que se sabe que el dinero sucio del narcotráfico en muchas partes del mundo y en la región latinoamericana ha permeado la política, no solo para financiar campañas y colocar candidatos amigables, sino para atentar contra quienes luchan en contra del narcotráfico, y así hemos visto escándalos, imputaciones y otras acciones en países como Colombia, México, Venezuela, Guatemala, Honduras.
Desde hace años nuestro país ha sido utilizado como puente para el tráfico de sustancias prohibidas desde países productores, y de tiempo en tiempo algunas mafias y sus “capos” han sido atrapados, en colaboración con la agencia de control de drogas de los Estados Unidos de América (DEA), poniendo en evidencia los niveles de complicidades bajo los cuales operaron sus ilícitos negocios y los métodos preferidos para el lavado de sus sucios activos mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones, joyas, etc. y la operación de negocios de diversión, venta de automóviles, estaciones de expendio de combustibles, bancas de apuestas y otros.
Al mismo tiempo la falta de regulación de las campañas políticas, tanto en su duración como en su costo durante años, y los altos niveles de incumplimientos con la ley, corrupción e impunidad que permitieron que partidos en el gobierno abusaran de los recursos del Estado para perpetuarse en el poder, entre otros efectos perversos generó un altísimo costo de las campañas, pues frecuentemente para competir y vencer a candidatos del partido oficial que estuviese de turno, era necesario emplear sumas exorbitantes de dinero, lo que muchas veces alejó de las contiendas a personas con buen perfil que no contaban con estos niveles de recursos o tampoco deseaban ensuciarse en esos lodos y a la vez fue atrayendo como imán a personajes del bajo mundo con mucho dinero para comprar votos.
Ante una alerta roja tan visible y un caldo de cultivo tan favorable como este, era evidente la necesidad de establecer topes y controles rigurosos y efectivos a los gastos de campañas, así como al financiamiento privado de candidatos y partidos políticos, sin embargo, la Ley 33-18 de partidos fue finalmente aprobada sin que se escucharan los reclamos de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban sus astronómicos e irracionales topes de gastos y la laxitud de sus sanciones y controles.
Por eso al ver a algunos rasgarse las vestiduras ante la acusación y persecución de congresistas o funcionarios del actual partido de gobierno, hay que recordar que el sistema en vez de garantizar adecuadamente la no infiltración de dinero sucio parece estar hecho para que pueda ser permeado por este. Pero como dicen que todo obra para bien, esperemos que la magnitud de los hechos puestos en evidencia que indignan a la sociedad, la independencia del actual Ministerio Público para atacar el crimen y la anunciada voluntad de impulsar reformas institucionales, sirvan para realizar sin demora una reforma, pero no la que los políticos amarren para tener rienda suelta, manos libres y licencias para actuar sin responsabilidad, siguiendo excluidos como sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos o eximidos de responsabilidad penal como pretenden aprobar en el nuevo Código Penal, o la que reste poder a la ciudadanía para seleccionar candidatos a través de voto preferencial, sino la que produzca el urgente saneamiento requerido en los partidos, y fortalezca nuestra democracia.
