La decisión del Poder Ejecutivo de convocar al Senado y la Cámara de Diputados a una legislatura extraordinaria para que conozcan de leyes que aún están pendientes de aprobación, es una oportunidad para que el Congreso corrija su pereza legislativa. En el decreto No. 19-19 se llama a que los legisladores presten especial atención al proyecto de ley del régimen electoral.
Este proyecto fue introducido por la JCE en el año 2011 y siete años después, no ha sido posible su aprobación. De esta manera se ha incumplido con un mandato de la Constitución del 2010, que establece la necesidad de actualizar la ley electoral vigente.
Durante las dos últimas legislaturas, una comisión bicameral ha venido trabajando en el establecimiento de acuerdos en torno a este importante proyecto de ley. Se habla de que ya hay consenso en gran parte de los artículos de la iniciativa legal. Entre ellos, puntos que tienen que ver con la regulación de las encuestas, el transfuguismo, la elección de miembros a la JCE y la distribución de las competencias en el pleno. Los miembros de la comisión acordaron que el órgano de administración electoral no necesariamente debería estar integrado por abogados, a excepción de su presidente, pues una institución de esta naturaleza requiere de un equipo multidisciplinario. Esto vendría a fortalecer a la JCE.
Sin embargo, aún quedan temas por concertar, como el relativo al financiamiento político, a la regulación de la campaña electoral y al acceso a los medios de comunicación. Estos aspectos son fundamentales para garantizar un proceso electoral caracterizado por la transparencia, la inclusión y la equidad en la competencia electoral. Uno de los temas más relevantes tiene que ver con el régimen de sanciones y la investigación y persecución de los delitos electorales. La creación de una Procuraduría Especializada para los Delitos Electorales es un punto pendiente de acuerdo.
La nueva ley del régimen electoral debe contribuir a mejorar la calidad del sistema electoral y a fortalecer el ejercicio del voto.
Por esta razón, no se puede evadir la incorporación en la legislación de la elección mediante boletas separadas de los senadores y los diputados. Esta separación contribuiría a evitar el tradicional arrastre en este nivel de elección. Estos son solo algunos de los temas pendientes, los cuales deberán ser discutidos y consensuados en el plazo de un mes dado por el Ejecutivo. La aprobación de la reforma a la ley electoral no se puede aplazar, pues llegar a unas elecciones complejas como la del 2020 sin un nuevo marco jurídico, implicaría enormes riesgos para la legitimidad del proceso.
