Reducir el tamaño de la burocracia estatal o del ámbito del Gobierno no significa necesariamente reducir el tamaño del Estado y, por el contrario podría ser un paso valiente y decidido para hacerlo más eficiente y menos dependiente del clientelismo político y de las exenciones.
Los tres poderes del Estado, el Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sobre todo, el que administra la nación, han sido vistos y tomados por muchos años como refugio y cuna para el clientelismo partidario, para la protección de personas y sectores que no son los suficientemente capaces de crecer por sus propios medios o entrar en la genuina competencia de la productividad.
Hoy y siempre los pasillos de las agencias oficiales, del Congreso y del propio Poder Judicial se mantienen repletos de gente que hace poco o nada y de otros que aprovechan el color político de turno para acceder a cargos y posiciones para los que no se han preparado.
El presidente Luis Abinader, esto no es una loa, parece que al ser gerente en el sector privado tiene una visión certera sobre la necesidad de disminuir los procesos burocráticos y hacer más eficiente la función del Estado, el crecimiento de la economía y las riquezas.
Empezar bajando escalones al desperdicio de dinero en acciones que pudieran manejarse por otros medios, como los subsidios a quienes se organizan para vivir y hacer fortunas a costa del Gobierno.
Con una burocracia más reducida, eso sí, bien pensada, estructurada y definida por el bien común, el país sería más fuerte y la sociedad dominicana pudiera avanzar en forma sostenida hacia el desarrollo que se ha pregonado y anhelado a lo largo del ciclo democrático que ha vivido la nación.
El país requiere de mejores y más eficientes servicios y gerencia en la educación, la salud, vivienda, alimentación, pero sobre todo, una sociedad mejor formada, consciente y amante de ese crecimiento, que contribuya genuinamente a la convivencia pacífica y la defensa real de la dominicanidad. De ser así: ¡Manos a la obra!
