Las pretensiones de Canadá, puestas de manifiesto por su canciller, sobre el establecimiento de una oficina en territorio dominicano desde la cual se abordaría la crisis haitiana, rompe todos los esquemas en cuanto a la violación de la soberanía ajena.
Han sido muchos los intentos de Canadá, Estados Unidos y Francia por deshacer la fortaleza histórica exhibida por los dominicanos, desde 1844 a la fecha, para proteger el legado de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, pero da miedo pensar que puedan lograr ese malsano propósito.
Literalmente estamos ocupados por millones de haitianos colocados tácticamente en montañas y lugares estratégicos para la seguridad nacional, desde donde depredan, secan los ríos y destruyen las especies que nos hacen un país diferente.
A esto hay que sumar que alrededor del 33 por ciento de los niños que nacen en los hospitales públicos son haitianos, costeado por el presupuesto Nacional que sustentamos los criollos sin tener derecho abierto a disfrutarlo.
La corrupción política, militar y empresarial nos ha vendido por centavos, acogiendo la voluntad de las ONG, negocios que sirven con esa malsana intención a esos intereses extranjeros espurios, que quieren ocupar esta parte de la isla, para luego apoderarse y explotar las riquezas mineras en la parte occidental y controlar el Caribe.
Un no rotundo ha de ser la respuesta y, si algún funcionario ha dado aquiescencias a este despropósito, hay que declararlo enemigo de la patria y cobrarle tal traición en juicio público en el Parque Independencia. Se debe respetar lo que plantea la Convención de Viena, sobre el uso del territorio de un país limítrofe para tomar acciones sobre otro.
De todas maneras, el presidente Luis Abinader ha sido tajante en su postura sobre el problema haitiano y, es preciso que sigamos luchando para que los vecinos no nos quiten por completo el territorio, ante la mirada indiferente de los enemigos gratuitos y pagados de la patria. Somos dominicanos y es nuestro mayor orgullo.