Desde hace un tiempo, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son rockstars de las políticas de promoción comercial del país. Hablamos de incentivos fiscales para esta clasificación, inyecciones de capital de cooperación internacional, programas de acceso a crédito y financiamiento para expansión e internacionalización y un despliegue de recurso humano en las academias para potenciar su competitividad.
Y tiene sentido que sea así, si se considera que, con alrededor de 1.5 millones de Mipymes, estas representan el 98% del total de empresas en el país. Asimismo, generan más de dos millones de empleos, lo que equivale al 54.4% de la población ocupada en la República Dominicana. A la vez, estas empresas generan un 38.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. de participación.
Dicho en términos más simples, las Mipymes, desde cafeterías y salones de belleza hasta peluquerías y fábricas de productos químicos o dulces tradicionales, son clave para el desarrollo económico y social. Y con todo, siguen afrontando grandes desafíos para su fortalecimiento. Así se observó en la más reciente celebración de la Semana Mipymes que organiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Para abordar estos desafíos, junto a los programas de estímulos citados al principio, la Ley No. 488-08 establece un régimen regulatorio que estipula que las instituciones estatales deben destinar un porcentaje de sus compras de bienes y servicios a las Mipymes. Este porcentaje es del 15%, y se incrementa al 20% si las Mipymes son lideradas por mujeres, con el objetivo de reducir las brechas de género persistentes en el sector.
En línea con la promoción de la equidad de género, se ha implementado la certificación Mipymes Mujer. Esta certificación, emitida de forma gratuita, brinda visibilidad y acceso a los beneficios de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas a las Mipymes lideradas por mujeres. Al actuar como un aval, la certificación aumenta las posibilidades de que estas empresas sean seleccionadas como proveedoras del Estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos de las licitaciones.
Y de acuerdo con el ministro de industria, Victor -Ito- Bisonó, ha habido resultados interesantes en materia de inversión y participación: “a través de Promipymes se ha invertido un monto superior a los 19 mil millones de pesos en financiamiento para más de 161 mil Mipymes y emprendedores.
“De estos, el 66.37 por ciento correspondió a mujeres, con un monto total destinado a la equidad de género de RD$10,419,930,180, equivalente al 54.22 por ciento de los recursos destinados a este sector”.
La certificación Mipymes Mujer es una política positiva que busca cerrar las brechas de género en la autonomía financiera y promover la participación activa de las mujeres en el ámbito empresarial. Su impacto ha sido notable, y su modelo podría ser replicado en otros ámbitos, como el de las personas con discapacidad.
El contexto laboral para las personas con discapacidad en República Dominicana presenta desafíos significativos. Según datos del Siuben, el 59.7% de las personas con discapacidad permanecen inactivas económicamente. Además, el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha registrado que por cada 1,000 personas cotizando, solo dos personas con discapacidad severa cotizan, y su salario promedio es de RD$13,870, cifra inferior a la de trabajadores sin discapacidad.
Una posible solución para abordar estos desafíos y promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad podría ser la implementación de una Certificación Mipymes de Autonomía de Personas con Discapacidad. Esta certificación, siguiendo el ejemplo de la certificación Mipymes Mujer, proporcionaría un marco de referencia y garantizaría el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Ya el presidente de la República, Luis Abinader, expresó la intención de impulsar acciones para incrementar la participación laboral de quienes viven en condiciones de discapacidad en el país. Y el marco normativo, aunque poco robusto, plantea una ruta a seguir. En esa dirección, junto al incentivo de la empleabilidad, el estímulo al emprendimiento es una medida atractiva en la que ya hay un pequeño equipo trabajando, con el objetivo de lograr tres grandes hitos:
- Reducir los niveles de inactividad económica de la población que vive con discapacidad en el país.
- Incentivar la formación, emprendimiento y formalización de Mipymes en las que al menos el 50 por ciento de las acciones corresponda a personas con discapacidad, con el consecuente compromiso de participación social y productiva.
- Desmontar estereotipos y falsos paradigmas alrededor de la productividad y la actividad económica de las personas con discapacidad y sus familias.
La implementación de una certificación Mipymes de autonomía de personas con discapacidad estaría alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el Objetivo 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el Objetivo 10 de Reducción de las desigualdades. Asimismo, iría en consonancia con al menos cinco de los derechos consignados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la República Dominicana ante las Naciones Unidas en 2009.
Asimismo, esta sería la primera gran acción de impacto del Estado dominicano en materia de impulso a la productividad de las personas con discapacidad. Ya antes ha habido discursos, decretos y firmas de acuerdos interinstitucionales en materia laboral, pero nunca se ha dispuesto de una política pública que realmente dé prioridad y protagonismo a quienes viven con alguna condición física, sensorial o cognitiva en materia de productividad.
