Ayer circuló la información sobre el ejercicio que hace la Comisión de Turismo del Senado de la República considerando la iniciativa de varios senadores para declarar “Provincia Ecoturística” algunas demarcaciones, y ordenar al Ministerio de Turismo la elaboración de planes de desarrollo ecoturístico para algunas que ya lo son.
Estas iniciativas, de seguro lanzadas con esperanza y buena voluntad por los senadores, involucran las provincias Elías Piña, Bahoruco, San José de Ocoa, Hato Mayor, Monte Plata y Montecristi. Es seguro que serán aprobadas como otras similares.
Un rápido rastreo de archivo, no exhaustivo, encontró los antecedentes de este nuevo intento en leyes de contenido muy parecido, aprobadas en los años 2001 al 2019. Todas declaran provincias ecoturísticas ubicadas en diferentes regiones, crean un Consejo Provincial de Desarrollo Ecoturístico, aprueban incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a este tipo de turismo, establecen la designación de un director ejecutivo y asignan recursos económicos.
También coinciden en general en las funciones que asignan al Consejo, entre otras: Designar el director y los funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de la institución; articular los esfuerzos públicos y privados en el manejo racional de los recursos naturales y en la preservación del medio ambiente y el desarrollo del ecosistema; trabajar con las instituciones responsables del Estado en el ordenamiento territorial, proyectos de leyes, reglamentos y resoluciones que permitan el desarrollo integral y ordenado del ecoturismo; contribuir al desarrollo de proyectos ecoturísticos existentes y estimular el florecimiento de nuevos; vincular a las comunidades en el manejo, administración, propiedad de proyectos ecoturísticos, como forma de combatir la pobreza, el desempleo y la marginalidad e integrar la población a su desarrollo, y otras igualmente interesantes.
Además, establecen que el Consejo debe coordinar con los ministerios de Turismo y Medio Ambiente lo relativo a la reglamentación del uso de los recursos ecológicos y otros temas relacionados.
Son numerosas las provincias designadas como ecoturísticas por el Congreso, como expresión de las aspiraciones de sus líderes de incorporar a su pueblo a los atractivos beneficios económicos y el desarrollo que aporta el turismo que florece en el litoral este y norte del país:
Espaillat (2001 y $100 millones mensuales por 6 años), Hato Mayor (2002, $50 MM anuales por 2 años), San José de Ocoa (2004, $12 MM anuales 4 años), Barahona (2004, $12 MM anuales, 6 años), San Juan de la Maguana (2005, $12 MM anuales, 14 años), El Seibo (2005, $12 MM anuales, 2 años), Monte Plata (2007), Hermanas Mirabal (2007, $25 MM anuales, 2 años), Duartes (2018) y Juan Sánchez Ramirez (2019). La lista no está completa. Además está pendiente registrar otras iniciativas más amplias que no fue posible verificar.
Pregunto: ¿han contribuido estas iniciativas al desarrollo del turismo en esas provincias? ¿Existen y desarrollan alguna tarea los consejos de desarrollo que se crearon? ¿Se les entregan los recursos asignados por el Congreso, y se utilizan adecuadamente? ¿Turismo y Medioambiente coordinan con estos organismos? ¿Quién los supervisa y a quien rinden cuenta?
El Congreso debe revisar este proceso. No descartarlo, si darle un nuevo sentido, auxiliado de expertos en turismo y medio ambiente. El primer objetivo de la agenda para el desarrollo sostenible, aplicada al turismo, dice que el desarrollo del turismo sostenible, y su incidencia en las comunidades puede contribuir a la reducción de la pobreza y promover los pequeños negocios. Es un tema para darle seguimiento.
