En nuestra historia reciente, Joaquín Balaguer en 1978 pactó su salida, quedándose en control del Congreso y de la Justicia; Antonio Guzmán Fernández, sin pacto, hubo de suicidarse, y Jorge Blanco terminó preso.
Balaguer retornó en 1986 y, en 1994, tras la crisis electoral, se vio forzado a pactar un recorte a su período, con el doctor José Francisco Peña Gómez. En 1996, pactó su salida con el PLD en el Frente Patriótico, entidad que, muy débil en el Congreso y la Justicia, no podía perseguirle; a Leonel, en el 2000, le salvó del enjuiciamiento la crisis de Baninter que hizo colapsar al Gobierno del PRD. En el año 2010, al entregar el poder a un Presidente de su propio partido, no le salvó del vituperio y las persecuciones, no obstante haberse quedado en control de la Justicia y parte del Congreso. En las próximas elecciones el país pedirá la cabeza de Danilo Medina, pero quien quiera ser Presidente no debe ofrecerla, pues éste, con la convocatoria del CNM, que le permitirá poner 12 jueces en la SCJ, la remoción de todos los fiscales y la Ley de Amnistía Fiscal que daría licitud a los capitales de algunos de sus partidarios, está anunciando que se retira, tiéndanle, puente de plata.
En el ejercicio del poder, que debe tener como norte la filosofía y la moral, rige, sin embargo, el imperio de la realidad, para comprender a los Ejecutivos llamados a ser exmandatarios.
Veamos el entorno: En Centroamérica de los 45 expresidentes en los últimos 39 años, período de esplendor de la democracia, 21 han sido condenados, exiliados o investigados por delitos de corrupción.
En Guatemala, Otto Pérez Molina y, antes Álvaro Colom, han sido convictos de delitos de corrupción. En El Salvador, Antonio Saca guarda prisión por corrupción y Mauricio Funes, inicialmente exiliado en Nicaragua, por igual, sin olvidar a Francisco Flores. En Honduras, Rafael Calleja, fue condenado y está con grillete en libertad vigilada. En Panamá, Ricardo Martinelli, exiliado a Estados Unidos, ha sido extraditado como un delincuente cualquiera y se encuentra en prisión, igual está el caso de Ernesto Pérez Valladares. En Nicaragua, Arnoldo Alemán, condenado, se vio forzado a pactar desde la cárcel con Daniel Ortega y, el resultado, lo estamos viendo: un dictador que no se irá sin “garantías” aunque arda el país.
Ni Costa Rica queda excluida, con los casos de Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de la OEA, condenados por corrupción, y este año el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ha sido imputado por la Fiscalía.
No ha sido distinto en Suramérica; en Brasil, que inició la tradición de destitución con Fernando Collor de Melo; tras la destitución de Dilma Rousseff, Lula da Silva, quien se retiró como el Presidente más popular del mundo y enormes logros, favorito para las elecciones, ha sido condenado por “haber recibido un apartamento” que nunca vivió y no está a su nombre.
En Ecuador, Rafael Correa, tras patrocinar a su vicepresidente, hubo de irse al exilio y a su regreso enfrenta varios cargos que podrían con certeza llevarle a prisión. En Perú, “el renunciado” Pedro Pablo Kuczynski está siendo investigado; Ollanta Humala y su esposa estuvieron en prisión; Alejandro Toledo está exiliado en Estados Unidos y Alan García está siendo imputado.
En Venezuela, en donde se destituye y encarcela a Carlos Andrés Pérez, interrumpida la democracia con Hugo Chávez, si hubiese justicia, se constituiría en el más escandaloso del mundo por los montos de dinero público manejados sin control. Pero allí no habrá democracia, sin una salida negociada con los corruptos del régimen, pues el miedo contra toda lógica, los mantiene aferrados al poder, no obstante las amenazas de Luis Almagro.
En Paraguay, procesaron a Nicanor Duarte por lavado y a Federico Franco por enriquecimiento y, hasta en Uruguay, el Congreso ha investigado a José Mujica, el más pobre de todos los expresidente del mundo, todo un ícono moral.
En Argentina, fue condenado Carlos Menem y no fue imputado Ernesto Kirchner, porque falleció inesperadamente. Le sigue,su sucesora Cristina Fernández, con un montón de procesos judiciales.
En Colombia, en donde la tradición institucional presidencial es más respetada, mantienen en zozobra al Álvaro Uribe, no obstante haber colocado en la Presidencia a los dos sucesores suyos y, no hay que dudar que Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, pasará sus noches de insomnio.
En Bolivia, a Gonzalo Sánchez de Lozada le juzgaron en Estados Unidos por una supuesta masacre. Veremos cuando termine Evo Morales y, en Chile, póstumamente acusaron a Augusto Pinochet de enriquecimiento.
Todos debieron tomar clases de ciencias políticas y de prácticas de Estado con Joaquín Balaguer, declarado Padre de la Democracia por sus adversarios, tras conducir al país, desde la guerra civil en 1965 a la democracia, aunque en el camino liquidara a su partido.
