¿Por qué cambiar las reglas de competir en democracia? Hacerlo crea inseguridad juridica porque las normas constitucionales se tornan inestables. Eso se provoca al plantear de nuevo otra reforma de la Constitución. El tema se viene manejando como un divertimento populista.
Aún no hemos pasado a aplicar los mandatos legislativos de la proclamada Constitución en el año 2010, y se insertó un transitorio en el 2016, para Danilo reelegirse; se quiso volver a cambiar, para lo mismo, en 2019-2020, y ahora se pretende de nuevo.
¿Será que el Presidente busca reelegirse adecuando las reglas de juego a sus posibilidades políticas? ¡Eso es lo que parece, aún disimulándolo! Pero ¿vamos a modificarla sin haber terminado de aplicarla?
La semana pasada la doctora Leyda Piña, quien fuera hasta hace poco Primera Vicepresidente del Tribunal Constitucional, produjo unas declaraciones en este sentido, dijo que de 147 leyes que dispone la Constitución a elaborarse como parte de su aplicación, se han aprobado solo unas 90; faltan cerca de 57.
Sectores importantes del país desconfían de que la reforma sea para consagrar la independencia en sus atribuciones del Ministerio Público, puesto que ya lo contempla la Constitución y su Ley Orgánica: al demostrarse que es así, desde el Palacio Nacional se dice que es para “blindar su independencia”.
Se ha despertado mayores dudas cuando se habla de tocar la configuración del Tribunal Constitucional, para cambiar el voto calificado en sus decisiones y su composición. Ese tribunal ha tenido un desenvolvimiento ejemplar y ha jugado, con honorabilidad y excelente nivel jurisprudencial, su rol constitucional. Por demás, se trata del órgano jurisdiccional que tiene la autoridad última de decir qué dice la Constitución. y ajustar a ella las leyes, decretos, las sentencias del resto de los tribunales, reglamentos y resoluciones.
¡Si el Tribunal Constitucional ha llenado su propósito con excelencia, lo mejor es no tocarlo!
El divertimento populista Constitucional se asoma a otro Poder del Estado cuando se propone modificar el porcentaje de iniciativas legislativas populares, reduciéndola de un 2% del padrón (200,000 ciudadanos) a 25 mil (0.0002%).
Peor ocurre con la nacionalidad, si es en serio que se pretende otorgarla con sólo nacer en el territorio, sin considerar requisitos legítimos de permanencia.
El régimen democrático dominicano, como casi todos del continente, es presidencialista, no es parlamentario como Francia, o monárquico parlamentario, como en Inglaterra y España; por eso la supervisión de la funcionalidad del Estado descansa bajo la responsabilidad del Presidente de la República, quien cada 27 de febrero está en el deber de rendir cuentas ante el Congreso Nacional.
¿Puede el Presidente rendir cuentas ante el Poder Legislativo sin disponer de órganos reguladores y de controles, como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y, muy especialmente, el Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la República, para garantizar transparencia, persecución de la corrupción y la criminalidad?
Ante todas sus propuestas de reformas constitucional, Juan Bosch respondería “¡No juegues Magino!”; todo es divertimento populista. Los planes son cambiar la regla de juego electoral, porque con 40% y bajando saben que “es pa’fuera que van”.
¡Presidente Abinader, usted tiene mucho que aportar, no repita a Danilo desbordando los límites constitucionales; espere, como lo hizo Leonel en el 2000 y en el 2012.
