La pasada semana el presidente Luis Abinader, en una entrevista televisiva con motivo de aproximarse a cumplir su primer año de gobierno, anunció al país la posposición del pacto fiscal, especificando que este sería aplicado el próximo año, luego de que se conociera el presupuesto nacional correspondiente al 2022. Destacó que en el país no existían condiciones para aplicar una reforma fiscal.
Implicaciones de la postergación
La postergación de la reforma para ser aplicada el próximo año no está exenta de riesgos y costos potenciales para la economía y particularmente para las cuentas fiscales. A corto plazo, las firmas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), estarán atentos a la evolución de las cuentas públicas y una reducción de la calificación de riesgo podría complicar de forma importante la gestión macroeconómica del país.
Con un Banco Central altamente endeudado, el ancla de las expectativas de estabilidad macroeconómica del país, para analistas y expertos, descansará cada vez más en las cuentas del sector público no financiero, que deberían poder servir de respaldo a la autoridad monetaria en un momento de crisis, mediante la utilización de su capacidad de endeudamiento soberano.
Además, una reducción de la calificación crediticia del país, se espera que aumente el costo de endeudamiento y de refinanciación de los vencimientos de deuda pública, restando recursos que el gobierno requiere más que nunca para fortalecer el gasto y cumplir con los objetivos de su programa de gobierno y debilitando aún más las perspectivas de las cuentas fiscales.
Aunque algunos analistas y economistas tienen expectativas de que las entidades calificadoras otorguen una especie de exención en la evaluación de riesgo -que no se deteriore la calificación- debido a la cantidad de países que han visto severamente afectadas sus economías por los efectos de la pandemia y la fuerte recuperación que muestra la economía dominicana, no comparto esa opinión.
Los grandes clientes de las calificadoras, como fondos de inversiones, bancos, puestos de bolsa, asesores financieros, estarán más ávidos que nunca de recibir información sobre cómo la crisis económica puede haber cambiado el entorno de riesgo de los préstamos soberanos y no logramos identificar los incentivos que podrían tener las calificadoras para adoptar una decisión que favorezca al país, excepto que los indicadores económicos sustenten su decisión.
Los pros
Actualmente el país presenta una serie de aspectos favorables como la recuperación económica y el nivel de empleo, la acumulación de reservas internacionales, avance relativo respecto a otras economías de la región en la vacunación de la población contra el covid 19 y, a pesar de los efectos económicos y sociales de la pandemia, no se evidencia deterioro de la estabilidad política. La inflación, por ser un fenómeno de naturaleza transitoria y exógena, no constituye elemento de preocupación
Los ingresos corrientes han crecido a una tasa por encima del 27 % con respecto al 2019, -no se toma como referencia 2020 por ser una año atípico- explicado en parte por el aumento del producto interno bruto nominal que es la base de las recaudaciones y que se ha expandido por la gran inflación acumulada en el período, así como por la aplicación de la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial y la liquidación este año de los anticipos del impuesto sobre la renta, abril-diciembre, correspondientes al 2021.
El crecimiento de las recaudaciones cerraría, si no toda, gran parte de la brecha financiera pendiente que tiene el presupuesto gubernamental vigente y que se contemplaba satisfacer mediante la venta de activos públicos por un monto de unos RD$RD$87,000 millones. Este logro puede haber creado falsas expectativas en las autoridades, en el sentido de que los resultados actuales pueden reproducirse el próximo año y haber influido en la decisión de postergar la reforma.
Los contras
En el supuesto que el gobierno decidiera reducir el déficit por falta de ejecución del gasto de capital como ha ocurrido hasta el presente, esto no influiría en la evaluación de las calificadoras, ya que se trataría como una situación no sostenible en el tiempo, pero también, debido al tradicionalmente bajo nivel de la inversión pública en el país y a que es un contrasentido recortar la inversión del gobierno para ajustar las cuentas fiscales con tantas carencias en infraestructura y por su efecto negativo en el crecimiento económico.
Por otra parte, aunque el presidente expresó durante la entrevista que primero se presentaría el Presupuesto del Estado antes de socializar la reforma, los números del presupuesto no cuadran para el 2022 sin la realización de una reforma y justificar así mantener la calificación actual. La tendencia de la deuda pública tiende a no ser sostenible a mediano plazo.
Cuando se realiza un ejercicio fiscal para 2022, estimando los ingresos con incremento del PIB nominal en línea con lo que ha sido el crecimiento potencial de la economía en la década previa a la crisis, con una inflación y recaudaciones conforme al promedio histórico del período antes mencionado. Luego, en ese escenario se incorporan el pago de los intereses de la deuda incluyendo un financiamiento del déficit del gobierno del 3% del PIB para 2022; más una depreciación cambiaria del 4 % para los intereses de la deuda externa y las transferencias a la CDEEE; así como los gastos fijos y las transferencias, anualizados, que ha ejecutado el gobierno en lo que va de año, excluyendo los programas sociales y de salud que no se repetirán.
Adicionalmente, si se suma el 4 % del PIB destinados a la educación preuniversitaria, los aumentos de salarios de 500 dólares a los policías y miembros de las fuerzas armadas (se asume un trato similar porque existen precedentes que harían difícil un trato diferenciado), el aumento del 30 % a los médicos y del salario mínimo a los empleados públicos conforme a la inflación acumulada en los últimos 24 meses y un gasto de capital en línea con el promedio histórico de los últimos años.
En ese escenario, el déficit sería mayor al proyectado para 2021 y continuaría una tendencia creciente en los próximos años por el escaso espacio fiscal para reasignar recursos, debido a la rigidez del gasto.
El verdadero obstáculo
Más allá de los números, pienso que lo que va a mover la reacción de las firmas calificadoras de riesgo, es el ambiente político para una reforma fiscal que exige una mayoría cualificada para su aprobación en el Congreso Nacional. ¿Están en disposición los partidos políticos de oposición de cargar con los costos políticos de apoyar la reforma?
¿Está el gobierno en capacidad de propiciar la concertación política y social necesaria para aprobar una reforma igual o mayor al 3 % del PIB -unos 135,000 millones- y además aplicarla en un solo año con el componente recesivo que normalmente genera una reforma tributaria? Si decidiera aplicarla por etapas, 2022 y 2023, para mitigar los efectos recesivos, ¿Sería creíble para las firmas calificadoras que el gobierno va a aplicar la segunda fase de la reforma en un año preelectoral?
Creo que el mayor error de la postergación radica en el escaso tiempo que tendrá el gobierno el próximo año, para avanzar unas complejas negociaciones con la oposición política que le permita llevar a buen puerto la reforma.
