Como en cada tema de especialidad que incide en la dinámica política y social del país sobre los cuales nos preocupa su repercusión en la dinámica de vida del pueblo dominicano, antes de abordarlo en esta columna siempre consultamos con expertos para ofrecer a nuestros lectores una visión basada en la realidad y el conocimiento. En esta ocasión, dado el tema escogido hemos conversado ampliamente con el buen amigo Iván Leónidas Rodríguez, para mí el mejor economista de nuestro país, y analizamos el impacto que en todos los órdenes podría tener la anunciada reforma tributaria que proyecta presentar el Gobierno.
En el año 2012 fue promulgada la Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su Artículo 36 estableció de manera taxativa los lineamientos para la consecución de un Pacto Fiscal que garantizara para el año 2015 alcanzar una presión tributaria del 16% a 19% para el año 2020 y el 21% para el año 2025. En la actualidad, año 2024, dicho indicador fiscal ronda el 14.3% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el país muestra un significativo retroceso en tan importante hecho tributario.
Precisamente, al observar el indicador de la presión tributaria con respecto a otros países de la región latinoamericana, cuyo promedio es el 19%, la Republica Dominicana muestra un rezago de cerca del 5%. No vamos a ponderar en este artículo las razones de la incapacidad de los gobiernos dominicanos de tener tan baja presión tributaria. Pero sí debemos señalar que es a través de los gastos públicos, bien orientados, bajo el principio de una buena gestión de calidad, que los gobiernos pueden combatir la pobreza y la desigualdad, al realizar una mejor distribución del ingreso para favorecer a los que más necesitan del Gobierno.
Tampoco vamos a analizar el derrotero o trayectoria, como le llaman los economistas, de la creciente y peligrosa deuda pública que ya sobrepasa el 60% del PIB. Existen dos caminos: o recaudamos más para gastar mejor o seguimos tomando préstamos para castigar a las generaciones futuras. No existe otro camino. El Gobierno debe mejorar su eficiencia administrativa en la ejecución del gasto y la vigilancia de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos y ser implacable con aquellos que hagan un mal uso de los mismos.
No hay otra alternativa que aumentar la capacidad recaudatoria y al mismo tiempo atacar los flagelos de la evasión, la elusión y la hipertrofia de los subsidios y exenciones innecesarias.
Desconocemos el monto del PIB de la Reforma Tributaria que está siendo diseñada. Si nos atenemos al déficit fiscal estructural que presentan las finanzas públicas o a la diferencia porcentual entre lo que se recauda y lo que se gasta estaríamos hablando de una reforma tributaria de más del 3% del PIB, que para el próximo año 2025 equivale a más de 250 mil millones de pesos. ¿Está en capacidad o voluntad política el gobierno del presidente Luis Abinader de emprender ese significativo reto? Eso sólo lo saben las autoridades que están dirigiendo las finanzas públicas. Aprovecho este artículo para advertir que una reforma que quede por debajo del déficit fiscal será un nuevo parche tributario. Más de lo mismo.
Esto es lo que se ha hecho en las últimas siete reformas tributarias. Se debe prestar atención a esta situación si en verdad existe la voluntad política de comenzar a reducir el tamaño de la deuda pública y de atender las urgencias y necesidades de la sociedad dominicana, mayormente de los sectores más empobrecidos. De no ser así, pronto tendríamos que volver, de nuevo, a la misma actuación por insuficiencia de recursos.
La carencia de buenos y eficientes servicios públicos en el país tiene su razón en la baja capacidad recaudatoria del sistema tributario. Y esto, a su vez, tiene dos motivos: la alta evasión en los dos principales impuestos, (Impuesto sobre la Renta e Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados -ITBIS-) y en los altos niveles de exención que privilegia mayoritariamente a los sectores sociales de mayores ingresos. En este contexto, se hace imperativo que una reforma tributaria, como ya se perfila realizar, tiene que ser equitativa, justa y progresiva, de modo que le garantice al gobierno construir el sistema tributario donde los bacilos de la evasión y el favoritismo fiscal no tengan espacio.
Es del conocimiento público que en cada ejercicio presupuestario el gobierno de turno otorga una enorme cantidad de exenciones tributarias en favor de sectores económicos que gozan de grandes rentabilidades y utilidades. Nos referimos al sector turismo, las zonas francas, hidrocarburos y por el lado del ITBIS se otorgan exenciones a productos y servicios de consumo de los llamados quintiles más ricos de la canasta familiar, como los quintiles 3, 4 y 5 respectivamente, que comprenden los componentes familiares de mayor acceso a la canasta familiar según sus niveles de ingresos.
Estos productos y servicios tienen que ser gravados, aunque sea con una tasa más baja, que ronde el 14%. Para que se tenga una idea del volumen de ingresos que el gobierno deja de percibir por estas exenciones, en el Presupuesto Público del 2024 el monto alcanza la astronómica cifra de 341 mil millones de pesos y solo el ITBIS recibe de exenciones por más de 180 mil millones de pesos. Cabe señalar que, si a estas altas cantidades de ingresos dejados de percibir por el Gobierno les sumamos los dejados de percibir por incumplimiento o evasión tributarios, los valores superan los 500 mil millones de pesos, de acuerdo con nuestra fuente.
Sabemos que eliminar la evasión por decreto y de una vez, no es posible. Es un proceso que debe comenzar con firmeza, responsabilidad y transparencia en la Reforma Tributaria que se propone hacer.
El Código Tributario tiene grandes fallos en el Título del Impuesto sobre la Renta que permiten a las empresas deducir de sus ganancias o utilidades grandes valores que son declarados como gastos deducibles, que disminuyen así el monto real a pagar al fisco, cuando no es declarando pérdidas y en consecuencia, dejan de tributar lo debido a las autoridades tributarias.
La eliminación de los llamados gastos tributarios debe comenzar por aquellos que mayormente benefician a sectores que ya no lo necesitan porque sus incentivos cumplieron con su objetivo de promover su crecimiento. Es necesario que la reforma sea equitativa, lo que significa que el que más gana, más debe pagar. Que sea justa, es decir, que los más pobres del país no deben cargar con el mayor peso de los impuestos y que sea progresiva, para que el sistema tributario tenga mayor peso de los impuestos directos que los impuestos indirectos o al consumo. Actualmente, más del 67% de los impuestos en el país recae sobre el consumo, y afectan principalmente a los quintiles más pobres de la canasta familiar.
Lamentablemente, no creemos en el equipo económico del Gobierno. Son personas que responden fundamentalmente a intereses de determinados grupos económicos, que su único propósito es ensanchar su mercado y ampliar sus capitales en base a privilegios del gobierno.
Propugnamos por una real y efectiva mejora en la calidad del gasto público, de manera que los recursos sean orientados a las inversiones reproductivas y necesarias que demanda la sociedad, en el marco de la agenda nacional que representa la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, un instrumento fundamental que tiene como objetivo el desarrollo sostenible del país en base a ejes estratégicos, objetivos generales y específicos en áreas como educación, salud, empleo, medio ambiente, seguridad ciudadana, infraestructuras, políticas transversales, incluido su monitoreo y evaluación a los fines de medir el progreso y ajustar las políticas según sea necesario.
La verdadera justicia tributaria y fiscal es recaudar más, pero gastar e invertir mejor. La pobreza se combate con justicia social, por eso propugnamos por una reforma tributaria equitativa, justa y progresiva.
