Por una reforma fiscal con garantías de participación

Desde hace años viene hablándose de la necesidad de la reforma fiscal. Por fin, todo apunta a que nos encontramos en medio de la coyuntura idónea para impulsar cambios tributarios indispensables para continuar el avance y la madurez de la economía dominicana.

En medio de las discusiones, que todavía no llegan al Congreso Nacional, surgen los temas que interesan a los diferentes sectores. Desde quienes abogan por no tener nuevos impuestos hasta los que insisten en la ampliación de cargas impositivas a productos o grupos poblacionales como solución, el consenso es que se necesita y habrá una reforma fiscal.

Ahora bien, aunque tal como señala el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), una reforma completa e integral podría generar un aumento de hasta el dos por ciento del Producto Interno Bruto, preocupa cómo acabaría impactando la carga fiscal sobre las poblaciones de mayor vulnerabilidad. En los últimos meses, las voces que critican las exenciones fiscales cobran cada vez más fuerza. Y es legítima la preocupación ante este instrumento, si se considera que las exenciones han representado alrededor del cinco por ciento del PIB y un tercio de la actual recaudación tributaria del país.

Eso significa que sí, urge una revisión de incentivos y exenciones. Pero esta debe considerar el impacto que tienen; por citar un ejemplo sencillo, no es lo mismo facilitar exenciones que incentiven la productividad de las poblaciones con discapacidad versus aquellas que brindan facilidades a sectores que de entrada cuentan con importantes emolumentos.

Del mismo modo, es distinto gravar a una fundación cuyo sostén depende directamente de grupos empresariales que a otra que surge como una solución a demandas puntuales de un sector. Digamos que soy un fabricante de pantalones y decido como empresa impulsar una fundación como parte de mi política de responsabilidad social. Desde la incorporación, esta nueva entidad ya cuenta con medios y ventajas que no posee la fundación de un grupo de ciudadanos que promueven el desarrollo comunitario. En ese sentido, las exenciones pueden representar un alivio o una condena a la segunda entidad.

De otro lado, llama poderosamente a la atención que entre las bondades de la reforma fiscal se destaque con tanto ímpetu la oportunidad que esta representará para invertir en más infraestructura. Y si bien es cierto que en el país todavía hay necesidad de nuevas obras, quizás resulte también conveniente observar atentamente los riesgos de la trampa del concreto. Hace escasamente dos décadas de que vivimos la visión del desarrollo económico como un sinónimo de cemento y varilla, y no fue nuestra mejor apuesta para contrarrestar la pobreza y la desigualdad.

De ninguna manera intento decir que invertir en puentes, avenidas y otras edificaciones sea innecesario, pero igualmente es relevante garantizar que toda la población acceda a los medios necesarios para superar sus barreras económicas. Y ese es un principio clave, sin importar el abordaje ideológico que se emplee para diseñar la reforma; tanto una perspectiva liberal como una moderada o progresista puede constatar que la desigualdad es económicamente inviable.

De acuerdo con algunos analistas, incluidos los del FMI, parte de la reforma pretende garantizar una mayor calificación crediticia del país, al apuntar a la reducción de los tipos de interés, lo que a la larga redundará en reducción de las desigualdades. Ese es el resultado en términos macroeconómicos y es fundamental para fortalecer la capacidad de inversión pública, atracción de IED y claro, acceder a los mercados de valores bajo condiciones de mayor favorabilidad.

Pero entre tanto, es necesario que haya un equilibrio en las medidas que se adopten, de manera que el incremento en la confianza de los mercados de deuda no implique ahogar a poblaciones que de antemano están en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por citar un caso, una familia del quintil más bajo en el que viva una persona con discapacidad severa tiene tres veces más gastos que una familia en la que no haya un integrante con discapacidad.

De este modo, sumar una nueva carga tributaria a esa familia atenta contra su capacidad de superación de la pobreza, genera una nueva barrera para la autonomía de ese hogar y recrudece la necesidad de asistencia social que pudiera tener. Es decir, una reforma diseñada para mejorar la capacidad de respuesta del país a las demandas económicas instala un cepo al progreso de hogares que inicialmente ya se conducían con desventajas.

Toda la ciudadanía aspira a mejores condiciones para el país. También es cierto que no habrá un instrumento tributario a la medida de los deseos de todos los sectores. Pero es igualmente fundamental que se eviten vacíos normativos, cargas con efectos secundarios sobre quienes ya son golpeados y claro, es indispensable que esta reforma promueva la pluralidad en el impacto a largo plazo que podrá causar.

En ese sentido, es mandatorio que se diseñen los medios para hacer una reforma participativa, en la que todos los sectores sociales y económicos tengan espacios para plantear su posición. Hoy más que nunca, el país necesita que la pieza tributaria que rija esta economía sea el resultado del diálogo equitativo y diverso. Estamos de acuerdo en que necesitamos la reforma, ahora es preciso consensuar cómo será y qué implicará para todos los dominicanos y dominicanas.